Madres, esposas, hijas, hermanas, Mujeres Caminando por la Verdad, consiguen en Colombia que el Estado inicie la búsqueda de los cuerpos de decenas de personas. Hace 13 años, la comunidad había sido entregada a paramilitares por el gobierno de Álvaro Uribe
Javier Juárez Rodríguez/Especial
Medellín, Colombia. En el próximo octubre se cumplirán 13 años de la ejecución de la Operación Orión, impulsada por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe en una de las zonas más humildes de Medellín: La Comuna 13. Escudado en una supuesta “pacificación” de la zona, Uribe desplegó entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 más de 1 mil efectivos policiales y militares en un operativo que contó con la colaboración y la complicidad de las estructuras paramilitares de la zona. Aquel operativo mostró las bases de la posterior política “de seguridad democrática” de su gobierno.
Durante el mismo, estructuras paramilitares, de la mano de militares y policías, asesinaron a población inocente y asentaron las bases para que el control de la zona fuera de la mano de los cabecillas de estas estructuras paramilitares, imponiendo una ley del silencio.
Tras la Operación Orión, más de 100 personas serían sacadas de sus casas o secuestradas en la calle a plena luz del día por los nuevos dueños de la zona, amparados por la impunidad y la complicidad gubernamental.
Trece años después, gracias a la movilización de las familias afectadas e inmersas en un complejo proceso de paz, la alcaldía de Medellín y la Fiscalía han iniciado la búsqueda de cuerpos en una zona montañosa conocida como La Escombrera, donde, según han reconocido algunos exparamilitares, estarían enterrados los cuerpos de cerca de 1 centenar de personas secuestradas en La Comuna 13. Un proceso doloroso, pero que abre la esperanza a un nuevo tiempo de búsqueda de justicia, de respuestas y de memoria.
Situada al Occidente de la ciudad y en plena ladera de la montaña, la Comuna 13 es una de las zonas más humildes del municipio de Medellín. Su condición geográfica estratégica hizo que hace décadas este lugar se convirtiera en espacio de llegada de población desplazada procedente de Urabá, sobre todo a partir de la década de 1980. La ausencia de una planificación estratégica global y de políticas de gobierno efectivas para dar respuesta a esta nueva realidad obligó a los nuevos pobladores a organizarse, contando en la zona con presencia de la guerrilla, así como de los conocidos Comandos Armados del Pueblo (CAP).
En poco más de 2 décadas, la Comuna 13 San Javier se consolidó por su condición de corredor situado en plena montaña como espacio estratégico para el tráfico de drogas y de armas, lo que derivó, ya a finales de la década de 1990, en el desembarco de estructuras paramilitares para lograr el control de la zona y la imposición de un régimen del terror. Para entonces, la Comuna 13 albergaba entre sus 22 barrios a más de 200 mil personas, muchas de ellas asentadas en construcciones ilegales y en unas condiciones verdaderamente lamentables. La complejidad del entorno, la ausencia de respaldo gubernamental y la carencia de políticas educativas y sociales para paliar los efectos de este contexto a mediano y largo plazo, hizo que en los años siguientes se incrementaran los problemas ante la llegada de estructuras delictivas paramilitares.
El ascenso de Uribe y la Operación Orión
En este contexto, Álvaro Uribe, de origen antioqueño, lograba el poder como máximo mandatario de la República en 2002. Uribe forjaría en la supuesta búsqueda de seguridad nacional el eje de sus actuaciones políticas y sería precisamente la Comuna 13 de Medellín el inicio de su estrategia político-militar.
A pesar de que pronto se cumplirán 13 años desde la explosión de la Operación Orión, los vecinos de San Javier recuerdan –como si fuera ayer– los silbidos de las balas desde los helicópteros y la violencia indiscriminada vivida desde entonces, impulsando un régimen de terror e impunidad amparado y respaldado por el propio presidente de la República. Aunque previamente ya se habían implantado actuaciones como la Operación Mariscal, el 19 de octubre de 2002 se inició un operativo que contó con la participación de más de 1 mil integrantes provenientes de la Cuarta Brigada del Ejército (liderados por los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego), las Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra), la Policía Metropolitana y de Antioquia y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), todo ello bajo la complicidad y la actuación conjunta de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, liderados por Diego Fernández Murillo, Don Berna. Durante 4 días la Comuna 13 fue invadida por tanquetas y helicópteros, con lo que se impulsó una cacería indiscriminada de personas, se pisotearon derechos humanos fundamentales y se impuso un régimen de terror amparado por el propio Estado.
El Operativo se saldaría con 17 civiles asesinados, cinco de ellos menores de edad, cuatro militares muertos y 4 mil 500 detenidos.
Tras Orión, los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara se harían con el control de la zona, e impondrían una dictadura basada en el miedo, el silencio y una total impunidad respaldada por los poderes políticos y el propio gobierno de Uribe. Los meses que sucedieron al operativo se saldaron con secuestros y asesinatos indiscriminados de vecinos y vecinas de la Comuna 13. Según datos aportados por Adriana Arboleda, directora de la organización no gubernamental Corporación Jurídica y Libertad, fueron asesinadas por estas estructuras paramilitares “71 personas y secuestradas otras 104”.
La impunidad sería tal, que muchos de los secuestrados fueron abordados en plena calle o en sus casas, que serían registradas por paramilitares encapuchados llevándose a la fuerza a decenas de personas de las que no se ha vuelto a saber nada. Tal y como señala Jorge Mejía, consejero de la Alcaldía de Medellín, la Operación Orión “no consiguió que el control de la zona lo asumiera el Estado, sino que otros actores, como los paramilitares, tomaron el poder e hicieron uso con mayor fuerza de modalidades delictivas como la desaparición forzada. Buena parte de los desaparecidos en la Comuna 13 tiene que ver con la acción de los paramilitares. Era y es vox populi la connivencia en la Operación Orión entre poderes del Estado y los paramilitares. Incluso el fiscal general de la nación ha reiterado recientemente que se están investigando a los servidores públicos que participaron en el operativo y que se aliaron con los paramilitares; algunos de los militares están siendo investigados también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Las mujeres, base de la exigencia de memoria y justicia
Durante estos 13 años de lucha, los familiares de los secuestrados o asesinados, fundamentalmente abuelas, madres y hermanas de las víctimas han seguido, pese al miedo y las amenazas, exigiendo justicia y luchando para que la memoria perdure. Aún hoy, 13 años después de la Operación Orión, el terror sigue presente en las calles de la Comuna 13 y –cómo no– en las familias afectadas por el secuestro o el asesinato de unos de sus integrantes. El dolor ha unido en estos años a decenas de mujeres que han impulsado y fortalecido un movimiento de sororidad como motor de sus exigencias de justicia y memoria bajo el nombre de Mujeres Caminando por la Verdad. Tras años de lucha y movilizaciones han conseguido que sus reivindicaciones, al menos en parte, sean escuchadas por los poderes gubernamentales, impulsando el proyecto Escarbando la Verdad, Desenterrando la Justicia, para la búsqueda de cuerpos en una zona montañosa conocida como La Escombrera en la que, según los testimonios de paramilitares desmovilizados, habrían sido dejados los cuerpos de un centenar de personas secuestradas en la Comuna 13.
Desde la alcaldía de Medellín, impulsora del proyecto, Jorge Mejía, consejero para Convivencia, la Reconciliación y la Vida, reconocen que el paso dado para la búsqueda de los cuerpos de los secuestrados es “un comienzo para poder pagar una deuda que durante 13 años ha tenido el Estado con estas familias que han reclamado su intervención para dar cuenta de sus desaparecidos. Hasta ahora la autoridad había sido indolente ante esa demanda y es nuestra obligación atender ese clamor y buscar los desaparecidos, más aún en un momento propicio como el actual que exige que situaciones como éstas deban ser atendidas si queremos construir la paz y la reconciliación”.
Cada mañana desde el pasado 27 de julio, familiares de desaparecidos ascienden por el angosto camino que conduce hasta La Escombrera, un espacio pegado a El Salado de difícil acceso, que ocupa en su totalidad entre 70 y 100 hectáreas y en el que se han marcado ya los cuatros puntos en los que se van a llevar a cabo las labores de búsqueda y exhumaciones de cuerpos.
Antropólogos, custodiados por integrantes de las Fuerzas de Seguridad, trabajan ya para acondicionar la zona en la que estarían enterrados los cuerpos de un centenar de secuestrados, aunque la cifra podría ser mucho más amplia, ya que este espacio fue empleado durante años por grupos delictivos y paramilitares como “fosa común” donde abandonar los cuerpos de personas secuestradas.
Juan Camilo Arango, abogado de la Corporación Jurídica Libertad que brinda apoyo legal a las familias afectadas, señala que el paso dado es “muy importante, pero es sólo un primer paso. La Escombrera es un tema escabroso, porque es una fosa común a cielo abierto, pero hay otras zonas en las que la Fiscalía debe centrar su mirada, porque hay más gente enterrada en otros sectores, sobre todo en la periferia. Si hay voluntad política se puede hacer un buen trabajo para esclarecer los hechos. Éste es un primer paso que ojalá arroje resultados, marque un hito para generar una política de esclarecimiento de la verdad y pueda ser buen camino para el proceso de paz que vivimos”.
Pese a las amenazas, las mujeres siguen tenaces en su búsqueda y en la exigencia de justicia y suben a diario a esta montaña desde la que se divisa parte de la Comuna 13. Luz Elena Galeano, portavoz de Mujeres Caminando por la Verdad, cuyo marido fue secuestrado en 2008, recuerda que “este logro supone una gota de esperanza en un mar de impunidad. La Operación Orión fue lo peor que le pudo pasar a la Comuna 13, atentando contra toda una población civil que nada tenía que ver con el contexto de la guerra, produciéndose muchas desapariciones forzadas, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, reclutamiento de niños y jóvenes… siendo quizá los agentes estatales los máximos responsables de esta barbarie, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe o los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego. Este proceso es un primer paso, pero exigimos también justicia y que se persiga a los culpables. Vivimos todo esto con emoción y ansiedad, pero vamos a estar presentes durante todo este proceso”, que busca escarbar en la verdad, desenterrar la justicia y tejer la memoria en Colombia.
Javier Juárez Rodríguez/Especial
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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Contralínea 454 / del 14 al 20 de Septiembre 2015
