Consejeros universitarios profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM consideraron que, aunque las causas [violencia sexual y de género] que mantienen en paro a la institución son legítimas, la suspensión de actividades ha infligido un serio daño a la comunidad.
En un posicionamiento público indicaron: “Las causas que han motivado a los grupos de mujeres organizadas al paro de actividades ya ha sido reconocida como legítima [sic]. Es un hecho que después de sus movilizaciones la UNAM no será la misma, pero dados los avances en la satisfacción de sus reclamos, debe tomarse en cuenta que la suspensión de actividades, que ha inflingido [sic] un serio daño a la comunidad de la institución (en la cual también hay mujeres estudiantes, quienes a la par de que han visto positivamente que se están tomando en cuenta sus problemas de violencia de género, ven con inquietud que su desarrollo académico está detenido) se está acrecentando. En ciertos casos ese daño pudiera ser incluso, irreversible”.
Los consejeros profesores observaron que “la aspiración de que todas y todos nos involucremos en la solución de la agenda de las mujeres organizadas (ya existen propuestas concretas de actividades y espacios ex profeso para esto) requiere para materializarse de su participación. Por esto, en el interés de que se reanude el diálogo, se reflexione colectivamente sobre el asunto y se apoye la implementación de las acciones correspondientes, nos sumamos a los comunicados y pronunciamientos que señalan que, se requieren lugares de reunión y de reflexión conjunta, por lo que se hace necesario reabrir los espacios donde esta reflexión se puede realizar”.
Al referirse a los cambios institucionales y de la comunidad para que las mujeres no sufran discriminación, acoso o violencia, destacaron que el 12 de febrero pasado el Consejo Universitario dio un paso importante al votar la reforma que modifica el Estatuto de la UNAM, en su artículo 95, que establece que la violencia de género es una causa grave de responsabilidad; también modificó el artículo 99, en el cual se cambió la integración del Tribunal Universitario al incorporar a las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Aragón, y que garantiza la equidad de género en su integración.
También que el 28 de febrero, la Rectoría presentó una serie de medidas contra la violencia –algunas anunciadas el 5 de febrero–, como la nueva Coordinación de Igualdad de Género, “que empezará a tomar medidas en pro de la igualdad, tales como diseñar un Código de Conducta para prevenir la violencia contra las mujeres, así como organizar un Congreso Universitario en la materia, mismo que debe concebirse como una convención en el que las y los universitarios debemos discutir la complejidad de la situación, a partir de asumir que la violencia de género reviste muchas dimensiones, de las que no están exentas las estructuras económicas, políticas y sociales existentes”.
Para los académicos, estos cambios permiten avanzar en la solución del problema. “Sin embargo, la UNAM no puede seguir balcanizada; la tan ansiada agenda de género se encuentra en marcha, pero requiere de una gobernanza universitaria que armonice lo institucional con lo comunitario. (En algunas escuelas y facultades ya se incluyeron, por ejemplo, en sus planes de estudio, asignaturas sobre equidad de género)”.
En su escrito, los consejeros consideraron que “las iniciativas y cambios realizados se encaminan no sólo a resolver la coyuntura de las demandas estudiantiles, sino a una trasformación estructural de la institución y a un cambio cultural que se ha postergado por mucho tiempo; asimismo deben valorarse en el sentido de que la rectoría está dispuesta en trabajar con todas y todos para avanzar colectivamente en el desarrollo institucional requerido”.
Para ellos, “existe ya un marco de referencia para establecer –o avanzar– en cada una de las escuelas y facultades, una agenda de trabajo con perspectiva de género, para desarrollarse y evaluar su avance en un tiempo perentorio, lo cual ayudará no solo a distender el conflicto existente sino entrar a otra etapa del mismo, pero asumiendo que la marcha de la universidad no debe detenerse más en el cumplimiento de sus funciones sustantivas que son reclamadas permanentemente por la sociedad. Asimismo, en el caso de nuestra Facultad, es importante hacer notar que los esfuerzos realizados en favor de avanzar en el tema, impulsando e implementando las medidas correspondientes a los acuerdos logrados mediante el diálogo entre las mujeres organizadas y las autoridades de la institución se han reflejado en logros concretos”.
Por ello, indicaron, es “urgente que se reanude y/o se intensifique el diálogo entre las mujeres organizadas y las autoridades universitarias”.
