El asesinato de Rafael Murúa Manríquez es el primer golpe contra el periodismo mexicano y la libertad de expresión que sucede este año. La tarde del domingo 20 de enero se encontró el cuerpo de Rafael en una brecha, a poca distancia del kilómetro 40 de la carretera que va de Santa Rosalía a San Ignacio en el municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur. El cuerpo presentaba lesiones por impacto de bala y por arma punzocortante. Su homicidio es el tercero cometido contra un periodista bajo la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, pues en diciembre pasado fueron asesinados Alejandro Márquez, en Nayarit, y Diego García Corona, en el Estado de México.

Rafael era un compañero periodista que escribía su columna #Gonzolador en el blog El Organismo, un medio de noticias independiente de Baja California Sur con el que colaboro. Ahí coincidimos con artículos de opinión sobre diversas temáticas, pero también nos encontramos en manifestaciones de protesta social y en eventos de participación ciudadana en políticas públicas, derechos humanos, extractivismo y de otra índole; porque él, además de ser periodista y comunicador radiofónico, era un activista social; con apenas 34 años de edad ya había hecho suyas varias luchas sociales, además de reseñarlas en sus textos y programas de radio. Fundó y era director de la radio comunitaria Radio Kashana XHOLP 93.3 FM. También organizó y dirigía la asociación civil Ondas en la Playa.

Rafael formaba desde hace unos años parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues su actividad ya lo había puesto en riesgo. El año pasado se vio amenazado nuevamente, él y su familia fueron intimidados y agredidos en Santa Rosalía; incluso hizo públicas esas amenazas en su columna en El Organismo con el texto “Censura en Mulegé”. De acuerdo con lo señalado por Murúa, las autoridades municipales del Mulegé no le hicieron caso, lo tildaron de paranoico. Además, en el texto Rafael hace una relatoría de los agravios que sufrió en los primeros 52 días del gobierno de Felipe Prado, el actual presidente municipal; resaltando que en ese periodo habían sido más agresiones y abusos de autoridad que en los seis años que llevaba ejerciendo el periodismo en Santa Rosalía.

Aunque Rafael no acusó directamente a nadie, sí establece que las recientes amenazas que había recibido se derivaron por las opiniones sobre política que había emitido en su cuenta personal de Facebook; asimismo enfatizó que: “Ejercer el periodismo en Santa Rosalía me ha traído bastante satisfacción, incluyendo un título profesional, pero también varias amenazas de muerte, intentos de censura al más dictatorial estilo, calumnias, traiciones, enemistades, e invaluable conocimiento y experiencia; todavía me sigue sorprendiendo esta profesión”.

Rafael dio cuenta de que el 29 de octubre de 2018  por la noche recibió las primeras amenazas de muerte. También señaló que el 31 de octubre por la noche varios hombres golpearon el portón de su casa mientras que por la parte trasera recibieron un impacto de bala en las ventanas.

El asesinato de Rafael lastima profundo a su familia. Lacera a la comunidad de Santa Rosalía y pone de luto al periodismo sudcaliforniano y nacional. Su homicidio es el segundo cometido en contra de un periodista en el estado de Baja California Sur en la presente década. El primero fue el de Max Rodríguez, un periodista que volvió del retiro para reportear la nota policíaca y la referente al crimen organizado hasta sucumbir ante las balas en el estacionamiento de un centro comercial en la ciudad de La Paz el 14 de abril del año 2017.

Como parece ser costumbre en el país, ya salieron diversas autoridades a prometer que el asesinato del periodista será investigado hasta sus últimas consecuencias y que será esclarecido a cabalidad; desafortunadamente son pocas las esperanzas de que eso suceda, pues como también ya es costumbre, pocas veces los crímenes contra periodistas son esclarecidos.

Aunque ya es sabido, es necesario reiterar una y otra vez que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo con el reporte correspondiente a 2018 elaborado por Reporteros Sin Fronteras, nuestro país es el tercero más mortífero para los periodistas a nivel mundial, pues en nuestro territorio fueron asesinados nueve periodistas el año pasado; lo que nos ubica después de Afganistán, en donde se reportaron 15 muertes, y de Siria, donde perecieron 11 comunicadores en el mismo lapso. Por desgracia nuestra nación se lleva el primer lugar en homicidios de periodistas para un país que no está en una guerra declarada.

Matar periodistas es silenciar la verdad que llevan a la sociedad. La función de los comunicadores honestos es fundamental para consolidar la democracia en naciones violentas y corruptas como lo es México. El asesinato de Rafael Murúa Manríquez debe ser esclarecido y los culpables castigados con todo el rigor de la ley. Esa es una exigencia que le hacemos a las autoridades correspondientes, desde este lado de la pantalla y que debe ser cobijada por la sociedad a la que servimos y que nos lee desde el otro lado.

“Nuestra conciencia no tiene precio”, así cerraba sus columnas Rafael.

Roberto E Galindo Domínguez*

*Maestro en apreciación y creación literaria; literato; arqueólogo; diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente

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