El Senado de la República defiende la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas, que el Pleno aprobó el pasado 9 de diciembre, al referirse a cinco beneficios que representa y tres “grandes mentiras” que se han difundido recientemente.
El primer beneficio que apunta es que “las familias de las personas migrantes en México tendrán la seguridad jurídica de que sus dólares siempre podrán canjearse por pesos en los bancos de una forma legal y segura, obteniendo por ellos la mejor paridad del mercado”.
En segundo lugar indica que los estados expulsores de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos “continuarán recibiendo el beneficio económico de las remesas y no se convertirán en zonas de operación de mercados negros de divisas en torno a los que se fortalecería la delincuencia organizada y el lavado de dinero”.
El tercer beneficio que aduce es que las personas que obtienen sus ingresos de negocios dedicados a la venta de alimentos y a la producción de regalos, manualidades y artesanías para el turismo, podrán recibir y cambiar con seguridad sus dólares en el país.
En cuarto lugar indica que el gobierno federal podrá convertir a pesos los recursos recuperados en dólares en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción al concluir sus etapas de aseguramiento, investigación y extinción de dominio, y cuyo destino son los programas sociales para la población menos favorecida.
Finalmente el quinto beneficio que señala es la seguridad del sistema financiero en contra de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto, apunta que la instrumentación de la reforma al Banxico fortalecerá aún más los estrictos controles que existen actualmente para realizar operaciones con divisas en el sistema financiero mexicano financiero, para que esté mas protegido y sea mas seguro.
Las “grandes mentiras”
El Senado de la República también observa que hay tres “grandes mentiras” en torno a la reforma que se han estado difundiendo.
La primera: el supuesto riesgo de que el Banco de México se pueda convertir en un intermediario en la repatriación de posibles recursos de procedencia ilícita afectándose su reputación.
Ello, asegura, es falso, porque la reforma no contempla obligaciones al Banxico de adquirir dólares sin controles ni revisión previa. “Todo lo contrario: establece que las divisas que comprará el Banco serán sólo las que deriven de operaciones vigiladas por la rigurosa aplicación del conjunto de disposiciones legales y normativas que permiten la estricta supervisión el sistema financiero mexicano y en particular de sus instituciones de crédito, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente en lo referente a la prevención del lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La Cámara también asegura que estas medidas se han intensificado cada año conforme a los acuerdos y compromisos contraídos por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional desde 2000 y se intensificarán aun mas con la reforma aprobada.
La segunda mentira: “se afecta la autonomía constitucional del Banco de México. Falso”. Para el Senado, el artículo 28 constitucional establece con toda claridad en su segundo y tercer párrafo que “el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.
“(…) El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia (…).”
Por ello, apunta que la autonomía del Banco de México está acotada por la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado, por las regulaciones que le establezca la ley y por la intervención de otras autoridades. Eso es un mandato constitucional.
Como ejemplo señala a la Comisión de Cambios, “instancia fundamental para la definición de la política monetaria del país y el manejo de la reserva internacional, prevista en la Ley del Banco de México y que es presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y no por el gobernador del Banco de México”.
Además refiere que la reforma aprobada reivindica la autonomía del Banxico, pues reconoce que sus atribuciones son: determinar que tipo de divisas pasan a formar parte de las reservas; regular el procedimiento de compra de divisas; establecer los procedimientos que deberán cumplir otros intermediarios financieros a fin de que éstos puedan realizar operaciones con divisas con las instituciones de crédito; emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la reforma; y adecuar la normatividad secundaria aplicable a los intermediarios del sistema financiero que compren billetes y monedas metálicas extranjeras incluyendo la de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo aplicables a éstas.
La tercera mentira es que se ha afirmado que los montos de dólares no repatriados son marginales y no representan un problema. Para el Senado eso es falso, pues “en un documento enviado a la Comisión de Hacienda, el Banco de México asegura que entre enero y septiembre del presente año, el monto de dólares no repatriados es solo de 102 millones de dólares y que por tanto es ‘marginal’.
“Tal criterio es por decir lo menos, tramposo, pues se pone como ejemplo un periodo de solo 9 meses de un año atípico, caracterizado por la caída de los ingresos de dólares en efectivo por el turismo, actividad que ante los efectos de la pandemia se contrajo mas de 50 por ciento.” En todo caso, indica el Senado, “habría que agregar a ese monto los dólares que correspondan al último trimestre de este año, es decir, de octubre a diciembre. Y agregar después los dólares no repatriados de los 8 años anteriores, desde 2012, cuando este problema comenzó a presentarse con mayor rigor. Más los que se acumulen. Entonces quizá podríamos decir que de 2012 a 2020 tendríamos aproximadamente unos mil millones de dólares atrapados en las bóvedas de los bancos mexicanos. Y ese es precisamente el problema que esta reforma busca resolver”.
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