Este día, el Pleno del Senado de la República aprobó –en lo general y en lo particular– las leyes y reformas que buscan reestructurar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Con ello, se avaló entre otras cosas prolongar dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, por lo que de prosperar en la Cámara de Diputados, estaría al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta 2024.
Fue la adición de un artículo Décimo Tercero transitorio del dictamen, que planteó el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, la que establece que “la persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.
Aunado a ello, dispone que “el consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Pleno de la SCJN el primero de diciembre de 2016, concluya su encargo del 30 de noviembre de 2023; y que el Consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el pleno de la Suprema Corte el 24 de febrero de 2019, concluya sus funciones el 23 de febrero de 2026”.
Dicha adición también decreta que el consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019 concluya el 17 de noviembre de 2026; y para que las consejeras de la Judicatura Federal, designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre, concluyan su encargo el 19 de noviembre de 2026.
Además, el consejero de la Judicatura Federal, designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de diciembre del 2019, durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados y, según el Senado, busca combatir el nepotismo y la corrupción. El proyecto expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo reforma, adiciona y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo; la Ley Reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución; y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Respecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue aprobada en lo general con 94 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. En lo particular, el Pleno rechazó los cambios que plantearon senadores de Morena, PAN y PT, por lo que los artículos reservados se avalaron en los términos del dictamen con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones.
En tanto, acerca de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación se avaló en lo general por 105 votos a favor, ocho en contra y una abstención. En lo particular, la Asamblea no aceptó las reservas que propuso el senador Emiliano Álvarez Icaza, por lo que aprobó estos artículos como lo propone el dictamen.
Los senadores aprobaron, en lo general y en lo particular, las modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con 103 votos a favor y ocho en contra; a la Ley Federal de Defensoría Pública, con 104 a favor, ocho en contra y una abstención; a la Ley de Amparo, con 87 a favor, 23 en contra y una abstención.
La Ley Reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución, por su parte, fue aprobada con 83 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones; y los cambios al Código Federal de Procedimientos Civiles se avalaron con 106 votos a favor y ocho en contra.
El Pleno aprobó –con 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones– el régimen transitorio, con la adición del artículo Décimo Tercero admitida por la Asamblea, por lo que, una vez aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Los senadores Damián Zepeda Vidales y Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN; Claudia Ruiz Massieu Salinas y Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Dante Delgado y Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano; así como el senador Emiliano Álvarez Icaza acusaron irregularidades en la aprobación de dicha adición que, dijeron, amplía los periodos para el ejercicio del cargo de consejeros de la Judicatura y de los ministros.
El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la adición fue avalada con más de 80 votos, por lo que lamentó estas acusaciones, pues los senadores estaban enterados de esta propuesta.
Previamente, senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios expresaron sus puntos de vista sobre el proyecto para expedir esta legislación secundaria que se deriva de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federal, el pasado 11 de marzo.
El senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, aseveró que el sistema de justicia está colapsado y esta reforma no cambia la situación. Lo que México necesita, dijo, es una reforma integral para transformar la realidad de la justicia en el país.
La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, afirmó que con este dictamen el Senado sienta las bases normativas para fortalecer a las instituciones a cargo de la impartición de justicia, pues el Poder Judicial contará con nuevas herramientas que le permitirán desempeñar mejor sus funciones de Estado.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado consideró que la reforma no abona, ni contribuye a fortalecer el Estado democrático mexicano, al contrario, “debilita nuestras instituciones, ya que abre la puerta a esquemas de invasión de atribuciones e intimidación de magistrados y jueces al interior del Poder Judicial”.
El senador del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Lucero Olivas, expresó que estos cambios permitirán que el Poder Judicial sea más eficiente, profesional y transparente en sus nombramientos y en el uso del presupuesto. “Las reformas representan un esfuerzo inédito que marca una transformación a la justicia mexicana”.
Martí Batres Guadarrama, senador por Morena, dijo que este proyecto no defiende los privilegios, sino la justicia, toda vez que sancionará a quienes incurran en nepotismo, corrupción y sobornos. “Urge que haya justicia en el país, habrá que modificar diversas leyes, pero, con esta reforma, estamos empezando”.
El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aclaró que no se trata de la “gran reforma de justicia que se está esperando”, sino que aterriza la reforma constitucional en cuanto a la organización y restructuración de la justicia en los tribunales colegiados, así como la forma de establecer jurisprudencia dentro del propio Poder Judicial.
Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, aseguró que se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional y se dignifica a los defensores de oficio. Agregó que se acerca a las y los mexicanos a una justicia con equidad, se brinda mayor confianza y contribuye a garantizar el Estado de Derecho.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, precisó que se trata de una reforma a la estructura, organización y funcionamiento del Poder Judicial, con la que se mejoran los procesos disciplinarios de jueces y magistrados, y se fortalece al Consejo de la Judicatura. El objetivo, puntualizó, es contribuir a una mejor administración de la justicia.
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