Aunque el presidente López Obrador aseguró que son siete los gasoductos –de Grupo Carso, Ienova y Transcanada– que generan pérdidas multimillonarias a la Comisión Federal de Electricidad, información de la empresa revela que son 12. Tan sólo en 2017, el quebranto ascendería a 6.9 mil millones de pesos.

Doce de los 19 gasoductos que se construyen para dar servicio de transportación de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –tres de ellos internacionales– le han generado pérdidas multimillonarias a la empresa que ahora encabeza Manuel Bartlett.

Tan sólo en 2017, la CFE perdió más de 6 mil 900 millones de pesos relacionados con pagos a esos 12 gasoductos sin que obtuviera beneficio alguno de su construcción. Los casos se derivan desde los incumplimientos de contratos –uno de ellos de la empresa Ienova, que se negó a pagar las sanciones por 90 millones de pesos– hasta la falta de planeación.

Y es que la mayoría no opera porque las obras asociadas a éstos –que suministran o reciben el gas o interconectan con otros gasoductos– aún no se construyen. En los peores casos, ni siquiera se encuentran en evaluación de viabilidad.

En total, la CFE destina en promedio 20 mil millones de pesos anuales a esos 19 proyectos, cuyos contratos tienen vigencia de hasta 25 años, por lo que el monto involucrado superará el medio billón de pesos.

A mediados de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que siete gasoductos –de Grupo Carso, Ienova y Transcanada– cobraban penalizaciones sin entregar el producto a la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, informes de la empresa comprueban que son 12 casos los que generan sangrías financieras a la paraestatal.

Según información de CFE, en 2017 cuatro de esos casos implicaron pagos improductivos por 3 mil 400 millones de pesos, debido a que las 14 centrales eléctricas a las que deben suministrar el gas natural ni siquiera se han empezado a construir.

En el resto de los casos –ocho gasoductos– la situación no es mejor: en ese año el erario desembolsó ociosamente 3.5 mil millones de pesos, pues los puntos de entrega del gas natural a la fecha se encuentran en construcción, en mantenimiento o en etapa de pruebas.

Y es que estas obras asociadas a los gasoductos no se habían licitado porque no se elaboraba aún el análisis de evaluación financiera para determinar su viabilidad, que exige la ley a partir de la reforma energética y la transformación que sufrió la Comisión.

Los gasoductos inoperantes

Entre los gasoductos que han causado quebrantos millonarios se encuentra el de Tuxpan-Tula, cuya construcción estaba a cargo de Transcanada y del cual dio cuenta López Obrador a mediados de febrero. La trasnacional incluso determinó cancelar la construcción de éste en noviembre de 2018 por la presión social.

De acuerdo con reportes de CFE, este gasoducto se encuentra en situación de “caso fortuito”, debido a que cinco comunidades indígenas –Hidalgo: Santa Mónica y San Nicolás; y Puebla: Chila de Juárez, San Pablito y Xochimilco– se han opuesto a la realización de la obra.

Los otros gasoductos que no han funcionado, pero por falta de gas natural que transportar o porque sus conexiones con otros gasoductos aún no están en funcionamiento, son: El Encino-La Laguna, San Isidro-Samalayuca; Ramal-Empalme, Waha-San Elizario, Waha-Presidio, Morelos, y El Encino-La Laguna.

Por ejemplo, El Encino-La Laguna (de la empresa Fermaca) estuvo listo desde el 30 de abril de 2018, pero se enfrentó a la falta de flujo de gas natural para abastecer la interconexión con el gasoducto La Laguna-Aguascalientes. La inversión estimada asciende a más de 530 millones de dólares.

Con un presupuesto total estimado en 109 millones de dólares, el gasoducto San Isidro-Samalayuca –construido por Ienova­– es otro ejemplo de malos manejos del dinero público: actualmente se encuentra sin flujo de gas natural para la Central de Ciclo Combinado Norte III, ni para el gasoducto Samalayuca-Sásabe, que apenas están en construcción.

También de Ienova, a la lista se suma el gasoducto de Ramal-Empalme, con una inversión estimada en 10.8 millones de dólares, refiere la página oficial del gobierno “Proyectos México”. Aunque se encuentra en condiciones de operar, sólo ha sido usado para pruebas.

Por estar interconectado al San Isidro-Samalayuca, el gasoducto Waha-San Elizario –del consorcio integrado por Energy Transfer Partners, Mastec y Carso Energy, del Grupo Carso– no recibe el producto, pues en el camino de interconexión falta construir la Central de Ciclo Combinado Norte III y el gasoducto Samalayuca-Sásabe.

Del mismo consorcio empresarial encabezado por Grupo Carso, está el caso de Waha-Presidio que presenta un flujo no constante, porque sólo suministra el gas natural a la estación de compresión del gasoducto El Encino-La Laguna.

Y finalmente el gasoducto Morelos –de la trasnacional Enagás–, que tampoco opera porque su obra asociada –la central que le debe suministrar el producto– aún no se construye.

Los 12 contratos fueron asignados en la pasada administración de Enrique Peña Nieto –como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018– por la Unidad de Negocios de Gasoductos. Ésta, sin embargo, no se encuentra autorizada por el Estatuto Orgánico ni el Manual de Organización internos.

Según la CFE, esas construcciones de gasoductos se “justificaron” porque carece de infraestructura para atender la demanda creciente de gas natural (por su bajo precio), así como por la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos.

Ienova sí incumplió un contrato

El tema de gasoductos se volvió un conflicto dentro de la empresa hasta estallar en esta administración de López Obrador.

Y es que además de las pérdidas por pagos sin suministro de gas natural, las finanzas de la CFE han registrado otro tipo de mermas asociadas a estos proyectos. Entre éstas destaca la falta de aplicación de penalidades a dos contratistas: Ienova y Gas Natural del Noreste.

Uno de esos casos es el del gasoducto Ojinaga-El Encino, a cargo de la trasnacional Ienova al que se debía aplicar una deducción por 93 millones de pesos respecto del monto pagado, porque se incumplió en el porcentaje de integración nacional de tubería, pero no lo hizo.

En este caso, las irregularidades se detectaron desde junio de 2017, cuando la subsidiaria Cfenergía le notificó a Ienova que no había acreditado el cambio de tubería y, al no alcanzar el porcentaje ofertado, le aplicaría esa pena convencional.

Ienova, sin embargo, se inconformó ante la Corte de Arbitraje de Londres, dejando a la CFE sin posibilidades de reclamar el pago por su incumplimiento de contrato.

Otro ejemplo fue el del Gasoducto Ramal Hermosillo, propiedad de Gas Natural del Noreste, que no fue penalizado a pesar de incumplir con la fecha de inicio del servicio de transporte de gas natural y con el porcentaje de integración nacional de tubería ofertado.

Al respecto, la CFE debía cobrarle casi 50 millones de pesos: 33 millones por el primer incumplimiento y 16 millones por el segundo.

En este caso, la fecha del inicio de operaciones se había fijado el 30 de noviembre de 2017, pero empezó hasta el 28 de marzo de 2018. Pese a que la Comisión le pidió saldar la penalización, en la empresa estatal no hay evidencia de que ésta se haya pagado.

Nancy Flores

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