El Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ) denunció tortura y asesinato de cuatro de sus miembros de origen nahua, crimen ocurrido en la carretera de Chilapa-Tlapa luego de cumplirse un mes de que 22 comunidades recuperaron la movilidad de su territorio, ya que estaban cercadas por el grupo paramilitar Los Ardillos.
Un día después de reportados como desaparecidos, los cuerpos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño fueron hallados el sábado 19 de diciembre en su propia camioneta. “Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado “tiro de gracia”, señaló el Consejo Indígena.
Los miembros de los pueblos na savi, me pháá, ñamnkue, nahua, afromexicano y mestizo de Guerrero dijeron que el homicidio de sus compañeros es señal de que “comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos, sometidos y sometidas”.
Los tres niveles de gobierno tienen conocimiento de los conflictos sucedidos en Chilapa, no obstante “realizan negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado”, advirtieron. “La Guardia Nacional lo sabe todo: el mando del grupo paramilitar es Celso Ortega Jiménez, y Bernardo Ortega Jiménez, el mando político”.
Además, señalaron que el subsecretario Alejandro Encinas “sólo vino a sembrar división y compra de conciencias en Alcozacan, donde fueron asesinados 10 compañeros en una masacre el 27 de enero de 2020”
Por lo que responsabilizaron del crimen al gobierno municipal de Chilapa de Álvarez, a cargo de Jesús Parra García; al gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores, ambos priístas; así como al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que, consideraron, él y Encinas “no son diferentes a la administración del Partido Revolucionario Institucional”.
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