El Tribunal Superior Federal de Alemania, en Karlsruhe, ratificó la sentencia contra la armamentista Heckler & Koch (H&K) por las exportaciones ilegales de armas a México, por lo que la trasnacional deberá pagar una multa por más de 3 millones de euros “por sus negocios ilegales”.
De acuerdo con la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la sentencia establece que en “la aplicación de la ley para el control de armas de guerra, las declaraciones de usuario final no son parte de las licencias de exportación de armas. El amplio alcance de esta sentencia tiene un potencial explosivo para toda la industria armamentística alemana”.
Para Jürgen Grässlin, portavoz de Aktion Aufschrei-Stoppt den Waffenhandel! y presidente del Rüstungs Informations Büro, la resolución judicial de hoy “pone fin al sistema de control de exportaciones de armas alemanas que se ha venido aplicando”. Por ello demandó que haya consecuencias, pues “seguir como hasta ahora con los controles de exportaciones de armas es insostenible. Los legisladores deben elaborar sin demora una ley que regule las exportaciones de armas, prohíba las actuales practicas de exportación y, finalmente, tenga en cuenta los intereses de las víctimas de armas de fuego”.
El comunicado de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos refiere que el propio magistrado presidente del Tribunal, doctor Schäfer, alertó a los legisladores que el marco legal alemán debería cambiarse.
La organización agrega que el Tribunal Regional Superior de Stuttgart también examinó –entre 2018 y 2019– un caso por exportaciones ilegales de armas de H&K, en el cual “consideró probado que las autorizaciones para las exportaciones de más de 4 mil 200 rifles de asalto a México se obtuvieron de forma no transparente y a sabiendas de que se falseaban las declaraciones de usuario final [EVE]. Estas declaraciones son un instrumento central para el control de exportaciones de armas desde Alemania y Europa y documentan ante las autoridades alemanas que las autorizan, donde se emplearán las armas”.
Añade que en el caso de las exportaciones ilegales de fusiles de asalto G36 de Heckler & Koch, varias entidades federativas de México “habían sido declaradas por el gobierno federal alemán como destinos no autorizados para declaraciones EVE, dada la situación crítica en que se encontraban. Sin embargo, allí llegaron los fusiles. El Tribunal de Distrito de Stuttgart, a diferencia de la jurisprudencia habitual hasta la fecha, no consideró a las declaraciones de usuario final parte integrante de la autorización de exportación. Fue con base en la Ley de Comercio Exterior por lo que los acusados pudieron ser condenados por manipular la autorización de exportación, ya que se citaba a México como destino de las armas”.
“Esta sentencia es un terremoto político. Hasta ahora el gobierno ha venido argumentando que las declaraciones de usuario final son parte de las autorizaciones de exportación y garantizan que las armas exportadas desde Alemania no lleguen a destinatarios no deseados”, declaró el abogado Holger Rothbauer.
También indicó, de acuerdo con el comunicado, que con la resolución de este día “se confirma la interpretación del Tribunal de Stuttgart de que las declaraciones de usuario final no son parte integrante de las autorizaciones de exportación. Así, un elemento central del sistema de control alemán de exportaciones de armas ha quedado reducido al absurdo. De esta manera se ratifica lo que sabíamos desde hace años: las declaraciones de usuario final no tienen más valor que el papel en el que se imprimen y que son utilizadas como hojas de parra para ocultar oscuros negocios”.
Por su parte Carola Hausotter –integrante de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México– indicó que “las prohibiciones de exportación de fusiles de asalto para algunos estados mexicanos especialmente conflictivos fueron insostenibles desde el inicio, si se aplica una perspectiva de derechos humanos. Más bien parece que se llegó a un compromiso para hacer posibles estas exportaciones. En ese año [2010] México ya estaba marcado por la violencia, violaciones de derechos humanos, corrupción e impunidad. Es vergonzoso que las víctimas de estas prácticas exportadoras irresponsables no hayan sido tomadas en cuenta en ningún momento del proceso”.
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