En este gobierno se han documentado 1 mil 517 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Entre las víctimas, 35 asesinados y cuatro desaparecidos. El 99.75 por ciento de los crímenes, impune. Fiscalía sólo ha conseguido tres sentencias y Mecanismo sólo da cobertura a 176 periodistas amenazados

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En México hay una desprotección total a la labor periodística, señala Julio Hernández López, columnista del diario La Jornada. Sus palabras sintetizan la emergencia que padece el gremio: de enero de 2013 a la fecha se han documentado 1 mil 517 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país, pero la cifra podría ser mucho mayor pues no todos los ataques se denuncian.

“En los hechos, los periodistas sabemos que estamos desprotegidos, que no hay ninguna voluntad del gobierno federal ni de los [gobiernos] estatales para protegernos, y que no nos queda nada más que reunirnos y expresarnos [en contra de ello]”, dice a Contralínea el autor de la columna Astillero y del libro Encabronados.

La tendencia revela que, cada año, aumenta no sólo el número de agresiones, sino también el nivel de violencia. Algo que se constata en el día a día de los comunicadores y que tiene su peor expresión en los 35 periodistas asesinados y al menos cuatro desaparecidos en lo que va del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.

El periodista Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, considera que lo grave del problema es la impunidad. Ésta “propicia que el delito se repita, porque no hay un ejemplar castigo para nadie. Esa situación de impunidad da valor a otros de cometer un crimen similar, pues saben que en este país las autoridades ministeriales son ineficientes”.

Y sí. Pese a la emergencia, el 99.75 por ciento de los crímenes contra la libertad de expresión permanece impune, alerta la Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19.

“La impunidad es el reflejo del problema mayor, que es la ausencia del Estado [mexicano]: no hay instituciones. ¿Dónde están las instituciones? No hay una sola institución que funcione. Este gobierno de pacotilla tampoco sirve para nada: la corrupción [está] en todo su esplendor. Y, claro, los periodistas somos muy molestos en esta situación”, opina en entrevista el escritor y periodista Humberto Mussacchio.

En el primer semestre de 2017, ocho periodistas fueron asesinados; uno, desaparecido; dos oficinas fueron allanadas (la de la revista Proceso, a fines de mayo; y la de Joaquín López Dóriga, a fines de junio); el 12 de mayo, siete periodistas –entre ellos dos corresponsales extranjeros– fueron privados de su libertad durante unas horas, amedrentados y robados por un grupo armado de más de 100 personas en Guerrero, y se documentó el espionaje gubernamental contra seis comunicadores.

Además, durante los procesos electorales del pasado 4 de junio, Artículo 19 alertó que se cometieron 19 agresiones contra periodistas que cubrían la jornada en las distintas entidades. Esta misma organización ha documentado que en 2016 se cometieron, en total, 426 ataques contra periodistas y medios de comunicación; en 2015, 397; en 2014, 326; y en 2013, 330.

“En 3 meses van ocho [agresiones] relevantes [los asesinatos de periodistas], porque a veces no sabemos qué más ha pasado. Están las amenazas que no llegan a muerte, pero que ya se duplicaron: eran 250 anuales hace unos 6 años, y ahora ya llegaron a 500. Se está incrementando en 70 por ciento la agresión a mujeres periodistas. El mayor porcentaje de agresiones lo cometen funcionarios y políticos, de tal manera que es una gran falsedad lo que dice el gobierno que quien mata a periodistas es el narco. No es cierto. Es una gran mentira”, indica en entrevista el periodista José Reveles.

Para el autor de Levantones, narcofosas y falsos positivos y Las historias más negras, entre otros títulos, ni siquiera en casos en los que pareciera que es la delincuencia organizada la que agrede se debe descartar el vínculo con el poder político. “Yo no me atrevería a decir eso ni en el caso de Javier Valdez que escribía del narco, porque ahí pueden entrar muchas manos aprovechando el viaje para liquidar a un periodista incómodo para los poderes”.

Fiscalía y Mecanismo, una simulación

La impunidad del casi ciento por ciento en las agresiones contra la libertad de expresión es posible porque ni el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión?, de la Procuraduría General de la República, garantizan la actividad periodística en México.

“Pura simulación y pura demagogia”, así resume el periodista Julio Hernández López el trabajo de ambas instituciones. Agrega que “las fiscalías, los mecanismos, los protocolos de protección y las comisiones [especiales], en los hechos, no sirven absolutamente para nada, más que para aparentar que algo están haciendo”.

De 2010 –cuando fue creada– a la fecha, la Fiscalía sólo ha atraído 49 investigaciones de asesinatos de periodistas, de los 119 que ha conocido y que han ocurrido entre 2000 y 2017. El caso más reciente en manos de esta institución es el del reconocido periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y colaborador de Ríodoce, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa.

A pesar de la trascendencia de este crimen y de la condena pública que desencadenó, la expectativa de justicia es limitada. El descrédito de la Fiscalía se basa en sus resultados: en casi 8 años de actuación, de los 49 casos que “investiga” sólo ha conseguido tres sentencias condenatorias.

“La Fiscalía es un fiasco y la conozco desde que se creó: fui uno de los primeros testigos colaboradores porque me tocó el asesinato del periodista estadunidense Brad Will, el 27 de octubre de 2006 en Oaxaca. Yo estaba a unos metros de donde lo mataron y colaboré en la investigación de la PGR, así que no hablo de oídas”, señala el periodista Diego Osorno.

En entrevista con Contralínea, narra que lo que más le impresionó fue  cómo se torció la investigación: ignoraron los testimonios de los periodistas convocados como testigos, que apuntaban la responsabilidad del gobierno, de los policías vestidos de civil, que son quienes dispararon las armas de fuego.

“Me tocó ver el desaseo y la manipulación con la que llevaban a cabo la investigación. Entonces te puedo decir lo que es ya obvio a estas alturas: no tienen perspectiva de derechos humanos. Los trabajadores de esta Fiscalía Especial no saben de libertad de expresión, vienen de otras áreas y los ponen a trabajar ahí. Esto es algo que se repite en el tema de los desaparecidos y en cualquier otro crimen atroz que se está cometiendo comúnmente en México: las instancias judiciales que se crean no tienen los protocolos ni la capacitación básica para atender los casos.”

La crisis de seguridad que padece el gremio periodístico no es atendida integral ni eficientemente por el gobierno federal, menos por los locales. La tendencia institucional ha sido desacreditar la línea de investigación que señala como móvil la labor periodística de la víctima, e incluso revictimizar a los periodistas agredidos.

Según la propia información de la Fiscalía, sólo en 42 expedientes abiertos entre 2010 y marzo de 2017 (32 averiguaciones previas y 10 carpetas de investigación) “el móvil principal derivó del ejercicio de la actividad periodística de las víctimas”.

Para el periodista Humberto Mussacchio, “la Fiscalía no sirve para nada y el Mecanismo, hasta ahora, tampoco ha demostrado que sirva para mayor cosa”. La solución al problema de inseguridad, indica, no es que los comunicadores cuenten con guardaespaldas o con vigilancia, una de las primeras propuestas que hace el mecanismo a quienes son ingresados de emergencia. “No queremos eso. Eso no nos sirve de nada”.

Mussacchio, autor del libro Historia gráfica del periodismo mexicano, dice a Contralínea que lo que necesita el gremio son garantías para ejercer la labor periodística.

A pesar de sus casi nulos resultados, cada año la Fiscalía recibe entre 15 millones y 20 millones de pesos que, pareciera, sólo sirven para alimentar su burocracia.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, este año le fueron asignados 18 millones 433 mil 223 pesos, de los cuales 13 millones 687 mil 588 pesos son para “gastos personales” y sólo 4 millones 746 mil 175 pesos para “gastos de operación”.

El segundo fiasco: el Mecanismo

Dos días después del asesinato del periodista Javier Valdez, el presidente Enrique Peña respondía a la violencia contra la prensa con una propuesta vieja: “fortalecer la estructura y presupuesto del Mecanismo de Protección; fortalecer la Fiscalía con más personal, mejor capacitación, mecanismos de diálogo, previsión e impulso de las investigaciones en proceso; y coordinación entre autoridades locales y federales, por lo cual se crearía un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación”.

Pero por años ambas instancias han demostrado su ineficacia. Tanto, que en 2017 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no le fue asignado un solo peso para su funcionamiento.

La Fiscalía y el Mecanismo “tuvieron un empujón mediático y oferta de más inversión por parte del gobierno, porque finalmente Peña Nieto se vio obligado a responder a la presión de los periodistas que habíamos protestado [por el asesinato de Javier Valdez] en Gobernación [el 16 de mayo]. Y entonces no tuvo más remedio que hacer un acto de simulación, de más de lo mismo: más dinero, vamos a coordinarnos mejor. Cuando en realidad, en el momento en el que Peña Nieto hacía la reunión, el Congreso no le había asignado un quinto a la coordinación de defensa de los periodistas y defensores de derechos humanos de Gobernación. Les dejó el presupuesto subejercido del año anterior”, indica el periodista José Reveles.

Así fue. Al cierre del primer trimestre de 2017, el Mecanismo disponía de una bolsa discrecional que arrastra de años atrás y que asciende a 225 millones 226 mil 872 pesos. El dinero lo resguarda en un fideicomiso: el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, revela el “Anexo XVI” de los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A decir de la Auditoría Superior de la Federación, los contratos fiduciarios  son figuras discrecionales que promueven la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

De acuerdo con información de la Cámara de Senadores, la aportación inicial al Fondo, en 2012 cuando se creó el Mecanismo, ascendió a 400 millones de pesos. Para 2013 fue de 127 millones; en 2014, 118 millones; en 2015, 102 millones, y en 2016, 82 millones de pesos.

Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, indica que “la impunidad ha sido siempre el problema de fondo en el tema de las agresiones a periodistas en México y no ha habido una manera de romper con ello, sino todo lo contrario: la impunidad se ha ido consolidando y estableciendo como algo normal”.

La activista agrega que las autoridades están obligadas a hacer un trabajo más contundente, “pero también tiene que haber una vigilancia constante por parte de los medios, de los periodistas, de la sociedad. Si no hay una sociedad del otro lado que presione, que vigile ese trabajo, difícilmente las autoridades van a romper esa situación”.

De acuerdo con los datos del Senado, de junio de 2012 a la fecha, el Mecanismo mantiene como beneficiarias a 505 personas: 176 periodistas (53 mujeres y 123 hombres); y 329 defensoras de derechos humanos (155 mujeres y 174 hombres).

No obstante, en su lista no están todos los periodistas en riesgo. Ejemplo terrible de ello es que el Mecanismo no cobijó al fotorreportero de las agencias Cuartoscuro y Procesofoto, Rubén Espinosa, quien salió huyendo de Veracruz en la época de Javier Duarte de Ochoa.

A pesar de que organizaciones de la sociedad civil hicieron peticiones a la Secretaría de Gobernación para que se le brindará protección, ésta hizo oídos sordos. El desenlace fue fatal: Espinosa fue asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México. Hasta la fecha, las autoridades capitalinas y federales regatean que el crimen tuviera que ver con su actividad periodística.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevistas con el fiscal especial de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez; y con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

Nancy Flores/Segunda y última parte

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: MEDIOS]

Contralínea 547 / del 10 al 16 de Julio de 2017