La agencia antinarcóticos estadunidense DEA (Drug Enforcement Adninistration) perdió toda credibilidad ante el gobierno mexicano después del escándalo político, legal, diplomático y mediático provocado con aquel expediente criminal por narcotráfico que fabricó sólo con “dichos”, sin una sola evidencia, en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda –secretario de la Defensa Nacional en el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto–, y por el cual este militar retirado fue encarcelado en octubre del año pasado en Estados Unidos por supuestos vínculos con cárteles de la droga y un mes después extraditado a México, en donde la Fiscalía General de la República decidió liberarlo por falta de pruebas.

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se hiciera público aquel expediente que la DEA remitió a México cuando el gobierno se quejó por la detención del general sin haber informado previamente a las autoridades mexicanas, como establecen los convenios entre ambos países con relación a la lucha contra las drogas.

Ello provocó conversaciones diplomáticas entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo y el secretario Marcelo Ebrard, en donde éste amenazó con expulsar a 50 agentes de la DEA adscritos a la embajada de ese país en México si no extraditaban al general Cienfuegos, por lo que a finales de su mandato el presidente Donald Trump autorizó entregarlo a las autoridades mexicanas para evitar un conflicto diplomático con su amigo López Obrador.

En medio de este descrédito de la agencia policiaca estadunidense, que se suma a muchas otras operaciones ilegales y violatorias a la soberanía y a las leyes mexicanas, sobre todo en los gobiernos panistas y priístas, como aquella conocida como Rápido y Furioso que permitió a agentes de la DEA traficar armas hacia México para entregarlas a grupos criminales, ahora ese cuerpo policial estadunidense vuelve a integrar un expediente criminal en contra de un exfuncionario que renunció a una alta responsabilidad en el gabinete del presidente López Obrador para buscar la gubernatura de su estado natal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Se trata del sonorense Alfonso Durazo Montaño, quien en los primeros dos años del gobierno actual ocupó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde renunció a principios de año para competir en las elecciones del próximo 6 de junio e intentar convertirse en el sustituto de la priísta Claudia Pavlovich.

Fuentes de la Administración del Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos, aseguran tener abierta una carpeta de investigación en contra de Durazo Montaño por supuestos vínculos con miembros del crimen organizado pertenecientes al Cártel del Pacífico, en donde tres grupos del narcotráfico se disputan esa plaza: Ismael Mario Zambada García, conocido como Mayo Zambada; los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias Los Chapitos, y Vicente Carrillo Leyva, el Ingeniero, hijo de Amado Carrillo Fuentes, apodado Señor de los Cielos, y quien aseguran se ha convertido en informante de la DEA.

De acuerdo con miembros de esa corporación policiaca, ahora sí hay pruebas suficientes para incriminar por presuntos vínculos con el crimen organizado al actual candidato de Morena al gobierno de Sonora y, supuestamente, ahora sí habrían informado al gobierno mexicano para evitar reclamos posteriores, por lo que “en breve” procedería la acusación formal ante una corte estadunidense en contra de Durazo, quien en su larga carrera política ha colaborado con los cuatro principales partidos en el país: PRI, PAN, PRD y Morena. El ahora candidato morenista también ha sido senador y diputado federal; secretario particular del panista Vicente Fox en la Presidencia de la República y secretario particular del priísta Luis Donaldo Colosio, asesinado en Tijuana aquel 23 de marzo de 1994 cuando contendía en las elecciones presidenciales.

Otras acusaciones

Ésta no es la primera vez que se relaciona a Durazo Montaño con el crimen organizado: el 9 de febrero de 2005, cuando Fox estaba por concluir su mandato como presidente, el diario La Jornada publicó una nota titulada “Investiga la PGR a Alfonso Durazo en el caso de infiltración del narco en Los Pinos”.

La información obtenida por el reportero Gustavo Castillo explicaba que las pesquisas de la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) apuntaban al exsecretario particular de Fox en el caso de Nahum Acosta Lugo, exdirector de área en Los Pinos, a quien se investigaba por recibir un supuesto soborno de 100 mil dólares a cambio de entregar información a narcotraficantes sobre la agenda del presidente Vicente Fox.

Explicaba esa noticia que serían citados a comparecer en calidad de testigos el mismo Durazo Montaño, Manuel Espino y Enrique Ruiz Sánchez, este último coordinador de Giras Presidenciales y quien fungía como jefe directo de Acosta Lugo.

En aquella ocasión, la investigación la llevaba la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada en contra Alfonso Durazo, quien el 5 de julio de 2004 había renunciado a los cargos de vocero y secretario particular del presidente Fox.

En otro momento, a finales de julio de 2019, un grupo criminal difundió un video en donde advertían al presidente que su secretario de Seguridad estaba vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual fue rechazado de inmediato por López Obrador.

Con la investigación penal que la DEA asegura haber abierto en contra de Alfonso Durazo habrá que esperar para conocer la veracidad de las pruebas, porque podría tratarse, una vez más, de otro invento de ese cuerpo policial antidrogas acostumbrado no sólo a mentir, sino también a fabricar culpables con tal de dañar a México.

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