Han transcurrido 21 años desde que la Organización Internacional del Trabajo estableció el 12 de junio para conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ello, con el objetivo de generar conciencia en el mundo sobre este problema social y buscar erradicarlo. Sin embargo y de manera lamentable, las cifras de menores de edad –quienes se ven obligados a laborar para poder subsistir con sus familias– van aumentando en el planeta.

México no es la excepción. Se ubica como el segundo país en el continente que no ha podido disminuir las cifras sobre este fenómeno social. De manera permanente se estima que, de los 29 millones de menores de edad que aparecen en los registros poblacionales desde 2019 a la fecha, unos 3 millones 300 mil –11 por ciento– trabajan, buscando una remuneración económica. Sobre todo, en el mercado informal.

Diversas organizaciones sociales y gubernamentales alrededor del mundo se han pronunciado contra esta práctica. Concideran que el trabajo infantil atenta contra la infancia. La realidad –la cual impone la lucha por la subsistencia en los modelos de economía neoliberal– choca de manera brutal con los protocolos y acuerdos internacionales sobre los derechos de los niños. Éstos establecen la obligación de los gobiernos a proporcionarles ambientes sanos para su desarrollo físico e intelectual; libres de explotación y a salvo de delitos como el tráfico de menores, la explotación inhumana, esclavitud y la prostitución infantil.

La pandemia de la Covid-19 –que dejó sin empleo a millones en el orbe– disparó las cifras del trabajo infantil ante la necesidad de que los menores se sumaran a la lucha por la subsistencia de sus familias. Particularmente, en las áreas marginadas de las grandes ciudades y las zonas rurales.

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estima que trabajan unos 168 millones de niños. Mientras 72 millones realizan labores peligrosas. Hace años se denunció que en las zonas carboníferas de Estados como Coahuila, muchos empresarios sin escrúpulos utilizan niños para extraer el carbón de los llamados “pocitos”. En otras partes del mundo, también se les emplea en arduas labores mineras y hasta como soldados en países en conflicto.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México ocho de cada 100 niños laboran. En la mayoría de los casos, se ven obligados a dejar sus estudios. En 2014, se hicieron reformas al artículo 123 apartado “A” fracción III de la Constitución con el objetivo de elevar en un año la edad mínima para trabajar –de 14 a 15 años–.

Tal modelo sencillamente no se ha respetado. Tan sólo en 2017 el INEGI reportó que, por lo menos, unos 3 millones 200 mil niños y adolescentes de entre cinco y 17 años realizaban trabajos. El 58.2 por ciento en el ámbito de la ocupación no permitida, mientras el 36.6 por ciento en labores domésticas no adecuadas. Por lo menos más de 800 mil niños dentro de la edad no mínima trabajaban. Y el número se incrementó tras la emergencia sanitaria del 2020.

El problema es muy grave si se considera que todos los esfuerzos han quedado en buenos propósitos. De hecho en muchos países es un fenómeno social que tiende a normalizarse según coinciden organizaciones sociales como World Vision México, Save The Children, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). De acuerdo a estos organismos, las consecuencias negativas son lamentables: afectan de manera directa en la educación de los menores y en su sano desarrollo físico y mental. Además, causan serios problemas de personalidad en la vida adulta.

Publicado en 2022, el “Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil” –diseñado por la Organización Internacional del Trabajo junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe– estableció que Brasil, México y Perú son los países de América Latina con más casos de trabajo infantil.

De acuerdo al Atlas del Trabajo Infantil –elaborado por la asociación Save The Children–, en los estados del sur de México se concentra más el problema. Aparece la pobreza como el factor que orilla a los menores a ayudar en el sustento de sus hogares.

Las cinco entidades federativas con mayor riesgo son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y San Luis Potosí. Afecta, sobre todo, al sector primario o agropecuario donde se ocupa al 27.4 por ciento de los menores. Sigue el sector de servicios con 25.5 por ciento; el comercio, 24.1 por ciento; el sector industrial, 18.5 por ciento, y la industria constructora, 4.9 por ciento.

En las grandes urbes como la Ciudad de México, los menores encuentran la manera de autoemplearse en la informalidad. Venden toda clase de artículos en las salidas de los centros, plazas comerciales, cruceros y en las calles. Pero, por desgracia, también son coptados para la venta de drogas y la prostitución.

Se estima que el 95 por ciento de las y los adolescentes de 14 a 17 años trabajan en el sector informal. Los contratantes ven muy cómodo emplear a menores de edad para bajar los costos de producción, pues les pagan menos que a un adulto. Se convierte en una extensión simulada de las outsorcings. Ni siquiera se les otorga un determinado contrato que establezca la mínima relación laboral a su favor.

Lo anterior se debe también a la laxitud y desinterés de las autoridades de realizar inspecciones más rigurosas para evitar estos abusos por parte de empresarios rapaces. Este capítulo es uno de los pendientes sin resolver en el campo de la nueva Reforma Laboral.

La Ley Federal del Trabajo señala que los menores sólo pueden trabajar si son mayores a 15 años y en actividades permitidas bajo ciertas reglas. Por ejemplo, no exceder las seis horas diarias en periodos máximos de tres horas. En los hechos, las jornadas suelen ser de 36 o más horas a la semana.

El hecho que en México más de 3 millones de infantes y adolescentes laboran para ayudar a la subsistencia de sus familias debe ser motivo de un riguroso análisis sobre los todavía insuficientes salarios y la necesidad de crear empleos bien remunerados. Si deben salir a ganarse el pan –abandonando sus estudios–, es porque a sus padres no les alcanza con sus sueldos para sacarlos adelante. Resabios neoliberales que aún causan estragos sociales como lo demuestran las crudas cifras sobre el trabajo infantil.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Te puede interesar: Pandemia y pobreza impulsan el trabajo infantil en Perú