Luego de ser un referente mundial, hoy en día “estamos observando un rápido deterioro del liderazgo de Argentina” en ámbitos de memoria, verdad y justicia social, criticó un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

Las distintas “medidas regresivas”, adoptadas por el gobierno argentino del ultraconservador Javier Milei desde 2024, han llevado a las y los expertos a expresar su preocupación a la nación sudamericana en seis ocasiones.

Estas tienen que ver con “la reducción del papel del Estado en la promoción de investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas”, detalló un comunicado de la ONU.

Ello, a unos días de cumplirse 50 años desde que se instauró la última dictadura en Argentina, el 24 de marzo de 1976, cuando el Ejército derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón e instauró una junta militar que gobernó el país hasta 1983. Ese día se conmemora el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Después de finalizada la dictadura, “Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional”, subrayó el grupo de expertos de Naciones Unidas. Aun con vaivenes y lagunas, la nación había avanzado “en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria”.

No obstante, en los últimos años ha retrocedido por las políticas de su gobierno, quien también desmanteló instituciones de memoria, búsqueda de personas desaparecidas, conservación de archivos y promoción de derechos humanos, medidas que “a la vez debilitan las garantías de no repetición”, apuntaron las y los expertos en derechos humanos.

Señalaron su preocupación por la glorificación de violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la dictadura y el negacionismo de las mismas. “Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante”.

Por tanto, instaron a las autoridades argentinas a “restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas, y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”. La verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición no son opcionales.

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