La carente e irresponsable propuesta de reforma para incorporar el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se trata de un hito histórico del desmantelamiento del sector hídrico y, con ello, de la profundización vertiginosa de la crisis del agua en México, puesto que, sin duda, esta errónea decisión política será aprovechada por quienes acaparan, contaminan y sobreexplotan el agua.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido un proyecto de gobierno que tiene varios principios que –de forma conjunta– buscan crear una transformación de la vida pública del país. Sin embargo, el camino fácil que ha elegido la Consejería Jurídica de la Presidencia en su propuesta de integrar el IMTA a la Conagua se ha enfocado solamente en una supuesta austeridad y duplicidad de funciones, lo cual no se sostiene de ninguna forma. Al recibir esta propuesta, las direcciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el IMTA y la Conagua se han apresurado a hacer la tarea solicitada por un equipo de burócratas de escritorio, en vez de hacer el trabajo que les compete empezando por presentar al presidente una visión propia del sector, que exponga de manera contundente que el manejo del agua no es sólo un insumo en los grandes proyectos de infraestructura, sino un pilar de la transformación profunda para cerrar la brecha de desigualdad, eliminar los conflictos y contribuir al bienestar de toda la población.
El agua es un bien común, estratégico y vital que ha sido acaparado y gravemente contaminado. Esta situación es resultado de la puesta en marcha y operación durante tres décadas de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la cual fue diseñada para servirle a unos pocos en detrimento de la gran mayoría. En el contexto urbano, menos del 40 por ciento de la población cuenta con acceso al agua segura; mientras que de las comunidades rurales el 80 por ciento no cuentan con desinfección, a más del 40 por ciento se les distribuye agua con contaminación fecal y al 20 por ciento con altos niveles de arsénico, fluoruros o nitratos. Todo ello en un contexto de sequía e inundaciones recurrentes y tensiones sociales que conllevan al menos cien conflictos activos por el agua en todo el país. Problemática compleja, minimizada y atendida a medias por la Conagua y sobre la cual el IMTA impulsa investigaciones y propuestas multisectoriales para su atención. Para corroborar esto, sólo sería cuestión de revisar los proyectos que cada año realiza.
Por ello, indignan las comunicaciones del pasado 17 de diciembre por parte de la Semarnat que –con tono de obviedad y ligereza– declara que la reforma administrativa es fruto de un “análisis minucioso” que identifica complementariedad de funciones con el objetivo de “eficientar” la labor gubernamental (un adjetivo, por cierto, muy de corte neoliberal). Sin embargo, no hay ningún dato o referencia que dé cuenta de la viabilidad de la propuesta, de cuál será el supuesto ahorro presupuestal que la origina ni de la certeza de que los trabajadores del IMTA van a conservar sus empleos. Es decir, sin pruebas nos pide alinearnos como ha hecho la misma a la Consejería Jurídica. No podemos ni debemos aceptarlo.
Debe entenderse claramente que la Conagua es una institución administrativa y operativa, enfocada en la gestión de las aguas nacionales y la inversión en infraestructura. Mientras que el IMTA es una institución federal dedicada al desarrollo de conocimiento científico y tecnológico, y la formación de cuadros expertos en diversas especialidades del agua, en un debate interdisciplinar e internacional, los cuales son fundamentales para lograr una transformación del sector y contribuir a la garantía de los derechos humanos asociados al agua y la gestión sustentable, integral y equitativa de los recursos hídricos.
Para algunos, el IMTA es un caballo de Troya entrando a fortalecer a una Conagua diezmada. Sin embargo, esta última tiene tremendos retos que llevan a visualizar que lo que en realidad pasaría es que el IMTA quedaría subordinado a la inoperatividad y a la dimensión política de la Conagua. Aunque se reformen las leyes correspondientes, la Conagua en el contexto actual no tiene la capacidad institucional ni presupuestaria, pero tampoco la base histórica para incorporar las funciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Por el contrario, las relegará como lo ha hecho con sus áreas técnicas y con el mismo Servicio Meteorológico Nacional; y seguirá priorizado la construcción de obras, minimizando por completo la capacidad y potencial del IMTA generado a lo largo de 35 años de existencia. Dicho sea de paso, que, cuando la Comisión Nacional del Agua requiere del IMTA, le adjudica proyectos de manera directa, lo que habla de coordinación y complementariedad, pero no de subordinación como la que ahora se pretende. Por lo tanto, el IMTA, como centro público de investigación y órgano descentralizado de la Semarnat no requiere de su incorporación a la Comisión y la Conagua lo que menos necesita es adquirir retos adicionales de un proyecto incompleto, desorganizado y sin estrategia.
Otros a favor de esta decisión, que no han sido capaces de pronunciarse públicamente, ya sea por la simpleza de sus argumentos o por respaldar el proyecto “que viene de arriba”, en un purismo clerical magnifican la posibilidad de que el IMTA deje de ser un organismo descentralizado y ya no tenga que vender sus conocimientos e infraestructura al mejor postor, situación que, por cierto, se dio como consecuencia de la intentona de Vicente Fox de desaparecer a la institución en 2003, y que a últimas fechas se estaba poniendo freno.
Si el IMTA es incorporado por Conagua y queda sólo a su servicio –lo que no se podrá evitar en las condiciones actuales–, ¿quién prestaría los servicios que el IMTA brinda a otros organismos públicos?¿Los centros de investigación cuyo personal defiende a toda costa la investigación independiente y que además tiene una desarticulación inverosímil en la investigación sobre el agua en México con constante pérdida de datos e información?, ¿el Instituto de Ingeniería de la UNAM que es un bunker respecto a los datos e información que genera? ¿Las nuevas consultorías que triplicarán los precios? ¿Qué pasará con las maestrías y doctorados que ofrece el IMTA? ¿Qué les espera a los investigadores que forman recursos humanos para el sector? ¿Qué pasaría con los estudiantes que actualmente cursan estudios de posgrado en sus seis maestrías y tres doctorados? No es adecuado, ni posible, que un proceso formativo de posgrado suceda dentro de una institución donde prevalece la dimensión política como en la Conagua.
A río revuelto ganancia de pescadores. La reforma no se da en un vacío modélico, sino en un espacio donde los acaparadores del agua (muchos de ellos investigados por el IMTA) también buscan controlar la generación de conocimiento de datos e información sobre un bien estratégico, la misma que han utilizado para justificar que les brinden concesiones, a las cuales también la Conagua y otras instituciones les pagan su consultoría. El IMTA les estorba porque abarca ese mercado que les interesa, pero también por su función de arbitraje científico. Es de suma ingenuidad pensar que estos ¡enormes intereses!, no aprovecharán el más mínimo guiño del desmantelamiento de las estructuras de gobierno que les pueden hacer contrapeso, como en ciertos momentos lo ha hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en relación con proyectos devastadores.
Estos acaparadores acomodan sus piezas en posición de jaque mate en el ajedrez, respaldados en los guardianes del viejo y obsoleto paradigma tecnocrático que les ha dado tantos beneficios a través de la construcción de obras, creadores de la Ley de Aguas Nacionales, que se protegen en la labor académica y de consultoría y la aprovechan para sus negociaciones políticas. Acaparadores que han incidido en la opinión del director del IMTA [Adrián Pedrozo] sobre el cambio propuesto por la Consejería Jurídica, tal como él mismo lo reconoce en su reciente discurso; que han controlado puestos clave de la Conagua como la Subdirección Técnica y la Dirección del Organismo de Cuenca del Valle de México, entre muchos más; y que también han influido en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que ésta promueva una ley reglamentaria del artículo 4 constitucional que no abrogue la LAN e impiden se concrete una Ley General de Aguas, que realmente sería la forma de enfrentar los retos en conjunto del sector hídrico, donde el fortalecimiento del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es fundamental para contribuir a una transformación profunda del país.
La incorporación del IMTA a la Conagua no beneficia a ninguna de estas dos instituciones, puesto que les traerá retos aledaños tan grandes que las estancará en el nuevo organigrama; no beneficia al personal del Instituto puesto que no hay garantía de que se respetará su contrato colectivo de trabajo; no beneficia a la austeridad puesto que no habrá ahorros significativos; no beneficia a la ciudadanía puesto que quitará un contrapeso clave a los acaparadores del agua; y no beneficia a los proyectos sociales porque generará tal inestabilidad política que será imposible instrumentarlos. Esta propuesta de reforma administrativa sólo le beneficia a un grupo de burócratas a los que les pondrán una estrellita por hacer su tarea y a los acaparadores del agua que lograrán extender sus privilegios a través de la disfuncionalidad normativa e institucional.
Presidente y titulares de la Semarnat, el IMTA y la Conagua: ¡todavía es tiempo de detener esta propuesta!
Doctora Mónica Olvera Molina*/Doctor Fermín Reygadas Robles Gil**
