María Fernanda Casanueva de Diego es la segunda funcionaria cercana a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, que está vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón encontrado culpable de conspiración con el Cártel de Sinaloa en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos. La revelación la hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como lo había adelantado ayer 29 de mayo.
En su conferencia desde Palacio Nacional, el primer mandatario expuso que Casanueva de Diego “fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2009 a 2011, periodo en el que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública”.
Agregó que esta servidora pública también permaneció en el gobierno de Enrique Peña: “fue oficial mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2012 a 2016 y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre 2017 y 2018, ambos periodos con Luis Videgaray”.
López Obrador destacó que en febrero de 2023, “la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de Administración para manejar el presupuesto de 70 mil millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal”. Aunque el titular del Ejecutivo federal no lo dijo, el nombramiento ocurrió un mes después de que Piña Hernández asumió la presidencia de la SCJN, y al mismo tiempo que en la Corte del Distrito Este de Nueva York era juzgado y encontrado culpable de narcotráfico García Luna.
Además, la fecha coincide con la contratación que hizo el Consejo de la Judicatura de Sonia Vargas Terrero, también colaboradora de García Luna y quien es investigada por haber entregado contratos a la red de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública por 71 millones de dólares.
Respecto de Casanueva de Diego, el presidente López Obrador señaló que esta funcionaria seguramente no maneja todo el presupuesto, porque es probable que hayan encargados del área de Finanzas. Asimismo, expuso que a diferencia de Vargas Terrero, Casanueva de Diego no está siendo investigada: “no. Nada más que trabajó con García Luna”.
El primer mandatario indicó que a quizá esta contratación es legal, pero no es moral. “Imagínense si no se dieron cuenta de lo que había ahí [la corrupción de García Luna y su vínculo con el Cártel de Sinaloa]. Puede ser legal. ¿Pues a qué se dedicaron los legisladores y la Corte en todo el periodo neoliberal? A legalizar el saqueo, ese fue su trabajo, a convertir el robo en legal, el saqueo en algo legal”.
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