Primera parte. Ocupado en acabar con la corrupción gubernamental; disminuir la desigualdad, la pobreza y la injusticia; combatir la impunidad y la violencia, y vigilar el buen ejercicio del presupuesto público y su distribución en programas sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador también libra otras batallas, como los ataques constantes de grupos de ultraderecha que lo mismo convocan a políticos opositores, que pagan a intelectuales, medios de comunicación y periodistas para desinformar y denostar al actual gobierno.

Esto ocurre desde que inició la actual administración, es decir en los últimos tres años, pero el presidente sortea otros problemas, como las disputas internas en su administración y en el partido que lo llevó a la Presidencia de la República, Morena, en donde se pelea por posiciones políticas con miras tempranas a la sucesión presidencial de 2024 y, lo más grave, que algunos integrantes de su primer equipo de gobierno tratan de imponer su visión de país, muchas veces coincidente con las políticas corruptas del pasado y, más aún, algunos cercanos a López Obrador tratan de engañarlo, le mienten y le han hecho firmar documentos que comprometen la Cuarta Transformación del país.

En ese terreno se explican los constantes cambios en secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales y hasta en órganos descentralizados, pues cuando son descubiertos no hay más remedio que cesarlos, removerlos o, inclusive, abrirles procesos penales.

Entre los muchos cambios que el presidente ha ordenado en el gabinete y que en su momento han generado desconcierto por tratarse de funcionarios con importantes responsabilidades y de haber tenido una cercana relación con el presidente López Obrador, destaca la remoción de Arturo Herrera Gutiérrez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tras el despido de Carlos Manuel Urzúa –el primer secretario de Hacienda que apenas duró 7 meses en el cargo–, asumió la Secretaría el 18 de julio de 2019 y fue removido el 9 de julio de 2021, bajo la promesa de que sería el próximo gobernador del Banco de México.

Sin embargo, a finales del año pasado se conoció que Arturo Herrera había sido borrado de la lista en Palacio Nacional para suceder en el Banco de México a Alejandro Díaz de León, y en su lugar se designó como gobernadora a la primera mujer en esa responsabilidad, Victoria Rodríguez Ceja, quien ahora es la encargada de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda y del control de cambios para tener una economía más establece en el país.

Meses después de esos movimientos en el gabinete, sabemos que entre las muchas causas que motivaron la cancelación de la propuesta de Arturo Herrera como próximo gobernador del banco central fue que desde la Secretaría de Hacienda él daba el visto bueno (autorizaba) a gobiernos estatales para la contratación de más deuda pública, sobre todo a los gobernadores que estaban próximos a terminar su mandato, lo que provocó una grave crisis de liquidez en varias administraciones estatales en cuanto asumieron los nuevos mandatarios –la mayoría del partido Morena–, porque no había recursos ni siquiera para pagar la nómina de los trabajadores al servicio de esos estados de la República.

Esto prendió los focos rojos en Palacio Nacional, en donde el presidente fue enterado de este problema y ordenó al nuevo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, revisar lo que había hecho su antecesor Arturo Herrera, sobre todo al final de su gestión. Allí descubrieron que todavía el último día que despachó en Hacienda, había firmado una serie de papeles que no consultó al primer mandatario y para autorizar el endeudamiento a los estados les decía a los gobernadores en dónde pedir dinero prestado, es decir recomendaba a los bancos en donde se podían endeudarse.

La institución más recomendada por el entonces secretario Herrera era el Banco Accendo, propiedad de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva, a quienes el gusto por el dinero les duró poco, porque desde finales del año pasado las autoridades financieras intervinieron su banco, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda les cancelaron su licencia para operar como institución de banca múltiple.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, ya a cargo de Ramírez de la O, Accendo incumplía con los índices de capitalización que establece la ley en la materia, porque su caída era muy acelerada.

La pregunta es si los secretarios de la Función Pública y de Hacienda deben ir al fondo de esas recomendaciones que recibían los accionistas de Accendo por parte de Arturo Herrera y si esas canonjías correspondían a algún acto de corrupción por parte de quien en ese momento era el encargado de las finanzas públicas del país.

Por ejemplo, a finales de 2020, el secretario Arturo Herrera autorizó que le asignaran a la firma Toka Internacional, dueña de Banco Accendo, el contrato de los monederos electrónicos en donde Hacienda depositaría los bonos de fin de año de todos los empleados del gobierno federal, lo que significa un flujo de muchos millones de pesos en beneficio de los dueños de esa institución crediticia.

Antes de que el presidente se enterara de lo que había hecho el exsecretario Arturo Herrera –y para salvar el problema de endeudamiento de los estados de la República que no tenían ni para pagar la nómina–, le ordenó a su secretario Ramírez de la O adelantarles las participaciones federales a los que enfrentaban mayores problemas presupuestales. Ése era el caso de Nayarit, entre otros, que había quedado con las arcas vacías y con un enorme endeudamiento público. Pero al hacer la revisión presupuestal correspondiente, Ramírez de la O descubrió que justo antes de las elecciones pasadas, su antecesor Arturo Herrera ya les había adelantado dichas participaciones a los gobernadores salientes, lo que metió en otro grave problema al gobierno federal para poder apoyar a los estados más endeudados, pues se necesitaría echar nuevamente mano del presupuesto para salvar a las administraciones emproblemadas.

La pregunta que nos hacemos es: ¿a cambio de qué, Arturo Herrera adelantó, sin autorización presidencial, las partidas presupuestales a gobernadores que estaban terminando su gestión, la mayoría de ellos priístas y panistas?

Al ser informado por el titular de Hacienda de lo que había hecho su antecesor Arturo Herrera, muy enojado el presidente le ordenó a Ramírez de la O hacer una revisión exhaustiva a toda la gestión de los dos exsecretarios de Hacienda: Carlos Urzúa (2018-2019) y Arturo Herrera (2019-2021), y allí se tomó la decisión de que este último ya no sería gobernador del Banco de México.

Otro hecho que llama la atención es que Herrera, junto con el actual subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, operaban y presionaban para que la banca otorgara créditos a ciertas empresas e inclusive movían hasta reglamentos para conseguir la aprobación de esos créditos.

También descubrieron que en una empresa vinculada a Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del panista Felipe Calderón y actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con bandas del narcotráfico– participaba Jaime Domingo López Buitrón, exdirector general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en dos ocasiones con gobiernos panistas (2005-2006, Vicente Fox, y 2011-2011, Felipe Calderón), y el hijo de éste, Juan Martín López Buitrón, actual director general adjunto de Planeación Estratégica en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenía el apoyo de Arturo Herrera a pesar de que demandó a la CNBV cuando le cortaron el seguro de gastos médicos mayores a todos los servidores públicos. Y contra esto también tiene que lidiar el presidente López Obrador, todos los días, al interior de su propio equipo para sacar adelante su tan anhelada Cuarta Transformación.

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