Luego de los desastres causados por los sismos de 2017 en 10 entidades de la República y 699 municipios, la Secretaría de Gobernación (Segob) sólo liberó el 35 por ciento de los recursos que los gobiernos estatales demandaron para atender los daños.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela –en la tercera entrega del Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017– que los gobiernos de los estados solicitaron del Fideicomiso 2003 del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en conjunto, un monto por 29 mil 618 millones 600 mil pesos. Sin embargo, el Sistema Nacional de Protección Civil –que coordina la Segob– sólo autorizó liberar 10 mil 600 millones.

En el dictamen de la auditoría que concluyó el pasado 29 de enero, el máximo órgano de fiscalización mexicano observa que tal autorización de recursos se realizó “sin que se identificaran las causas por las que se otorgó el 35.8 por ciento del monto solicitado por las entidades federativas afectadas”. La dependencia entregó 19 mil 18 millones menos de lo que requerían los estados.

Entre las irregularidades de la Segob ante los terremotos, la ASF también señala que la secretaría careció de los Atlas de Riesgos Municipales del 85 por ciento de los municipios afectados. Es decir, de los 699 (683 municipios en nueve estados y 16 alcaldías en la Ciudad de México) sólo de 599 contó con los Atlas mencionados.

La Segob, entonces encabezada por el actual senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong, no pudo hacer frente a la emergencia como le obliga la ley porque tampoco contó los programas estatales de protección civil de cinco de los nueve estados de la República afectados. Y tampoco con los de 696 de los 699 municipios siniestrados. Y los que sí tenía (cinco entidades y tres municipios), estaban desactualizados.

Además, la dependencia tampoco contó con un programa de trabajo para el fortalecimiento de la normativa institucional en materia de protección civil ni para la realización de talleres de planes de contingencia. Incluso, “tampoco identificó el universo de instituciones de los tres órdenes de gobierno y organizaciones del sector público, privado y de la sociedad civil, con las que debió coordinarse”.

Asimismo, la Segob no acreditó los resultados de la aplicación del Plan Nacional de Respuesta MX de la Administración Pública Federal ante los terremotos. “Esta situación implicó que se desconocieran los daños y peligros causados por los sismos que afectaron a la población y su infraestructura; en consecuencia, la Segob, al no contar con diagnósticos y programas precisos, no contribuyó a la toma de decisiones para la reducción de riesgo de desastres, por lo cual la protección civil en materia de sismos continúa privilegiando un enfoque reactivo, en lugar del preventivo”.

Los principales terremotos de 2017 ocurrieron el 7 y 19 de septiembre. El primero se presentó a las 23:49 horas, con una magnitud de 8.2 grados, cuyo epicentro se localizó a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El segundo aconteció a las 13:14 horas, con una magnitud de 7.1 grados, con epicentro ubicado a 12 kilómetros al suroeste de Axochiapan, Morelos. Se estima que estos movimientos telúricos damnificaron directamente a 506 mil 298 personas.

Zósimo Camacho