¡Aquí no! Es el clamor de los pueblos originarios mayo yoreme de Sinaloa y de la población no yoreme de la zona, que son amenazados en su modo de vida y su medio ambiente por la instalación en la bahía de Ohuira de una planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman que es altamente contaminante, afectando a los habitantes yoremes y no yoremes. Esto devastaría la zona y a las comunidades Juan José Ríos, Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones.

El proyecto extranjero ha contado con la complicidad del gobierno municipal, estatal y de funcionarios federales, que maniobran para favorecerlo. Realizaron una “consulta indígena” en septiembre pasado, en la que incluyeron a otras 11 comunidades adicionales que son agrícolas, viven a una distancia de hasta 45 kilómetros y están fuera del área de afectación. Convencieron con despensas, dinero y a mano alzada hicieron aprobar el nocivo proyecto. En cambio, a la población del puerto de Topolobampo no la tomaron en cuenta, aunque está a 2 kilómetros no hicieron la consulta ahí pues ellos son grandemente afectados por la destrucción del manglar y rechazan el proyecto. Pero desde luego que a la empresa le interesa utilizar la infraestructura de Topolobampo su ferrocarril, puerto, aeropuerto y su cercanía con los Mochis.

Si logran dar el tiro de gracia a la bahía ubicada en Ahome, Sinaloa, causaría migración de las comunidades. Los que se queden a vivir ahí están expuestos a riesgos de explosiones, derrames y fugas. El proyecto va a producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco que almacenarían en gran cantidad y se transportaría por el lugar con sus consabidos riesgos.

En una segunda etapa se pretende instalar otra planta para duplicar la producción de amoniaco y, en una tercera, una más para la producción de metanol, según información de la propia empresa. Dicho proyecto, autorizado en el sexenio de Enrique Peña Nieto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2014, fue autorizado sin haber realizado una consulta indígena libre e informada, a pesar de que se trata de actividades altamente riesgosas y la tardía consulta que hemos mencionado efectuada en septiembre de 2022 fue irregular, además, debió haberse realizado hace nueve años, durante el gobierno de Mario López Valdez (2011-2016), cuando comenzó a edificarse la planta.

Ya en enero de 2020 en una asamblea del Consejo Consultivo de la Nación mayo yoreme, el entonces presidente provisional José Luis Butimea Valenzuela, dio a conocer en acatamiento al mandato de las comunidades, el rechazo del proyecto dado que el amoniaco, que es un gas venenoso, ya ha cobrado en la región muchas vidas.

Ellos no quieren vivir con miedo o con desconfianza. Ya hay pobladores que quieren irse por el temor. Antes vivían a gusto. Hoy existen pleitos y división de pueblos. Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena ha denunciado que son objeto de amenazas anónimas y que incluso sufrieron el secuestro de una compañera para intimidarlos.

La empresa alemana dice que generará empleos pero sólo serán unos cuantos, poco más de 100 empleos y a muchos trabajadores capacitados los traería la empresa. A cambio afectan el diario sustento de 4 mil pescadores y pisotean sus usos y costumbres.

La lucha ha sido intensa, el 7 de noviembre 700 personas marcharon varios kilómetros desde los Mochis hasta el puerto de Topolobampo, se dirigieron hasta las puertas de la planta alemana de amoniaco Gas y Petroquímica de Occidente y pusieron un gran letrero que dice: “Clausurado”. Participaron pobladores mayo yoreme, habitantes de la zona, pescadores y defensores del medio ambiente de la región.

La nación mayo yoreme que tiene territorio en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, se autodetermina y toma sus decisiones como pueblo originario al amparo de los artículos 1, 2, 4 y 27 constitucionales, así como del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y demás tratados de Derechos Humanos, de diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las comunidades indígenas pesqueras de Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas,  han emprendido también la lucha legal ante la Suprema Corte de Justicia con amparos en revisión 497/2021 y 498/2021 para evitar que avance la construcción de la planta y se les restituya el hábitat natural de la bahía, hoy está pendiente de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Organizados en el colectivo “Aquí No”, tuvieron que recorrer toda la República para llegar el martes 22 frente a la Embajada alemana; el miércoles 23, llegaron al palacio legislativo donde organizaron una conferencia de prensa respaldados por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal del Partido del Trabajo (PT)   y el jueves 24 de noviembre en Zócalo realizaron un mitin de cara al Palacio Nacional para ser escuchados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lograron una entrevista con María Luisa Albores, secretaria Semarnat para que tome cartas en el asunto. Es importante que el presidente detecte la corrupción y detenga el proceso de muerte en Topolobampo. Los pobladores están dispuestos a debatir con la empresa, los funcionarios de la Semarnat y demostrar que el proyecto atenta contra el equilibrio ecológico. Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira y vocero del consejo consultivo de la nación mayo yoreme, informó que solicitaron a la funcionaria su intervención y le plantearon la “cancelación rotunda” del proyecto que se pretende edificar en un lugar protegido como zona de necesaria preservación ecológica, un sitio Ramsar, designado como de importancia internacional bajo el convenio del mismo nombre. La Convención sobre Humedales también conocida como la  Convención de Ramsar, por la ciudad donde se firmó, es un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975. México se adhirió y firmó el Ramsar en 1986 protegiendo esta zona de necesaria preservación ecológica.

En la bahía de Ohuira se dedican a la pesca desde hace más de 100 años, produciendo tanto para su propio sustento como para la comercialización, desde tiempos ancestrales siempre han cuidado sus recursos naturales y hoy lo siguen haciendo. La empresa va a succionar millones de litros de agua diariamente, lo que significa la succión de millones de especies de larvas marinas, impidiendo la reproducción de las especies que afectará tanto a la bahía, que ya no produciría lo necesario para el sustento y para el mantenimiento del ecosistema. Luego de succionar el agua, la regresarán más salada, contaminada e hirviendo. Evitar esto implica un proceso tan costoso que no lo van  a implementar.

Por otro lado, de acuerdo con el portal web de la Convención Ramsar, las Lagunas Santa María, Topolobampo y Ohuira son el hogar del 84 por ciento de las aves acuáticas migratorias distribuidas en México durante el invierno y a su vez el sistema funciona como un estabilizador de la costa al reducir la energía de escorrentía causada por las lluvias.

Además existe el hecho de que el pueblo mayo yoreme tiene concesionada del agua de la bahía. El pueblo es el dueño, no pueden instalar la planta de amoniaco, destruir la vida silvestre, pero lo pretenden hacer violando flagrantemente la ley. El pueblo va a recurrir a instancias internacionales y están dispuestos a defender con su vida sus derechos y el de las futuras generaciones de la bahía. Se sienten responsables de la herencia que recibieron de sus abuelos y que ellos van a legar a las futuras generaciones, ya llevan años en pie de lucha logrando detener desde 2013 la instalación de la fábrica.

La empresa alemana ya destruyó 26 hectáreas de manglares, le quitaron dos metros al mar, y eso que apenas comenzaron a construir dos bodegas y una oficina. Si sigue el proyecto, van a acabar con más manglares, el ostión, camarón, almeja, jaiba, etcétera. La Bahía es un criadero natural que hay que proteger dado que no tiene ni cinco metros de profundidad y tiene una sola boca de salida. En otros lugares esa actividad afecta a las personas y a la vida silvestre, en una bahía en Trinidad y Tobago que tiene 3 bocas y 40 metros de salida, aún así se ha visto mucha afectación.

La empresa alemana y sus promotores hablan de la necesidad de fertilizantes y ponen por delante el pretexto de que van a producir fertilizantes químicos, pero sabemos que éstos tienen efectos secundarios y a largo plazo, que resultan nocivos para el suelo, los mantos freáticos, los ríos, lagos y mares, donde producen contaminantes y el sargazo que amenaza nuestras costas. En medio de la crisis de fertilizantes actual optemos por fertilizantes agroecológicos producidos por mexicanos. Los fertilizantes, son elemento clave para la producción agrícola y el aumento de la producción de alimentos. Pero es importante que se empleen sustancias que aporten nutrientes y que mejoren el suelo y propiciar un desarrollo adecuado de los cultivos agrícolas. Promovamos fertilizantes orgánicos.

Se quiere justificar el proyecto aduciendo a la falta de fertilizantes que ha provocado la guerra Ucrania-Rusia. En efecto es un problema muy grande y también una oportunidad de comenzar en gran escala la producción de fertilizantes agroecológicos en México, por mexicanos, superando los agroquímicos. Fomentando la producción local, regional y en todo el país. Se pueden producir fertilizantes orgánicos en el campo por pequeños productores, cooperativas, en cada ejido y parcela, a nivel familiar y comunitario. También en los espacios urbanos en parques, viviendas, escuelas, mercados. La producción de biofertilizantes en México es vital para la necesaria soberanía alimentaria. Basta ya de importar o producir en México fertilizantes sintéticos.

Por otro lado, hace años las autoridades han estado engañando a la población, introdujeron un ducto por tierras para enviar el gas por el gasoducto, convenciendo a la gente de que el gas sería para los pobladores, pero lo tienen parado desde 2017 porque en realidad –y  eso no lo informaron– era para la planta. Si bien el proyecto fue aprobado por políticos priístas sinaloenses, Francisco Labastida Ochoa validó el proyecto desde su despacho técnico y le dieron todo el respaldo e impulso el gobernador del PRI, Mario López Valdez conocido como Malova acompañado por Gerardo Vargas Landeros, entonces secretario de gobierno de Sinaloa. Ahora Rubén Rocha Moya gobernador morenista de Sinaloa y Vargas Landeros que del PRI se pasó a Morena y ocupa actualmente la presidencia municipal de Ahome, siguen apoyando a la empresa extranjera por encima de los intereses de la sociedad y la naturaleza.

Decenas de organizaciones sociales y colectivos, académicos e intelectuales, han estado expresando su apoyo a la comunidad yoreme en Sinaloa y se han sumado a la exigencia de cancelar la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira. Apoyemos a las comunidades mayo yoreme, a los pobladores de Topolobampo y de la zona, protejamos nuestro medio ambiente y paremos la devastación y saqueo de corporaciones extranjeras y su agroquímica. Ya no estamos en el porfirismo en el que empresas extranjeras devastaban a las comunidades y se aprovechaban de nuestros recursos impunemente. ¡Que se cancele el proyecto en Sinaloa o en cualquier otra parte del país! A producir fertilizantes agroecológicos. Es la única salida.