La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo observaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 379 millones 731.7 miles de pesos, debido a múltiples irregularidades descubiertas en ese órgano tripartita de la vivienda dentro de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022, la cual se dará a conocer este martes 20 de febrero.

Entre las principales observaciones destacan pagos irregulares por 187 millones 480 mil pesos, sin contar con la documentación que acredite la validación de los entregables de los “servicios de centro de contacto”.

También hizo pagos anómalos por servicios de consultoría y servicios administrados para hacer frente a contingencias operativas o desastres reales producto de un evento disruptivo en las operaciones críticas del instituto, devengados en el ejercicio fiscal 2021 y pagados con recurso del ejercicio fiscal 2022, por un monto de 7 millones 284 mil de pesos.

Además, el Infonavit pagó de manera irregular 97 millones 930 mil pesos sin contar con la documentación y validación de los entregables que acrediten la prestación de los servicios del procesamiento y la administración integral de los expedientes y documentos del instituto de 141 servicios, y pagó 3 millones 4 mil pesos sin contar con la evidencia documental que acredite el aprovechamiento de la totalidad del licenciamiento de la solución “Secure Transport”.

Otra irregularidad fue que dicho instituto pagó 84 millones 33 mil pesos sin contar con la documentación que acredite la prestación de los servicios relacionados con el objeto de los convenios de reconocimiento de adeudo y sin acreditar que contaron con la validación de que los servicios se prestaron de acuerdo con lo solicitado por el Infonavit; además, por no contar con la documentación que acredite la procedencia jurídica de dichos convenios dentro de la normativa del instituto.

Recupera Tesofe más de 700 millones de pesos

Dentro de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la ASF da cuenta de nuevas auditorías denominadas “Principio de Anualidad”, con las cuales se consiguió recuperar para la Tesorería de la Federación más de 700 millones de pesos, cuyos recursos que se encontraban indebidamente rezagados e improductivos en las cuentas bancarias de las dependencias gubernamentales.

Entre las recuperaciones como resultado de la fiscalización superior también se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran a la federación recursos por más de 3 mil 128.2 millones de pesos. Se trata de un importe histórico equivalente al 142por ciento de los recursos con los que contó el máximo órgano de fiscalización para el ejercicio de sus funciones constitucionales, en virtud que rebasó por más de 600 millones su presupuesto aprobado para ese ejercicio fiscal; es decir, por cada peso asignado a la institución recuperó para la Federación 1.2 pesos.

Con los reintegros logrados por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, que alcanzaron más de 2 mil 192 millones de pesos, se rebasó más del 86 por ciento del presupuesto aprobado en la institución.

En 2022, el gasto federalizado ascendió a más de 2 billones de pesos, de los cuales más de un billón, específicamente el 52.4 por ciento, correspondieron a las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable y el 47.6 por ciento a los recursos de libre disposición o participaciones federales, recursos que fueron transferidos por la Federación a través de más de 66 fondos y programas a los 32 gobiernos de las entidades federativas; los 2 mil 475 municipios y alcaldías de la Ciudad de México, organismos públicos descentralizados locales, como las instituciones de educación media superior y superior, y universidad públicas estatales, por mencionar sólo algunos tipos de entes públicos ejecutores de recursos de origen federal.

La ASF revisó la transferencia de estos recursos por más de 1.9 billones de pesos, que representó el 86 por ciento del gasto federalizado de esa Cuenta Pública; por otro lado, la cuantificación de la revisión del ejercicio de los recursos alcanzó más de 1.5 billones de pesos, es decir por arriba del 60 por ciento.

La ASF realizó 1 mil 732 auditorías de manera presencial y 130 por medios electrónicos, lo que totalizó 1 mil 762 auditorías, más del 82 por ciento de las revisiones efectuadas en total a esa Cuenta Pública de 2022.

A nivel municipal, se realizaron 930 auditorías a 739 municipios y alcaldías, que representó casi el 30 por ciento del país, la mayor cobertura de fiscalización de la historia; es importante destacar que, por primera vez, 11 entidades federativas tuvieron la totalidad de sus municipios y alcaldías auditados por el modelo conocido como auditoría colmena, implementado desde la revisión de la Cuenta Pública 2021.

En el ámbito estatal, se efectuaron 610 auditorías a los 32 gobiernos de entidades federativas; 165 auditorías a instituciones de educación media superior y superior.

De los montos por aclarar como resultado de las 1mil 762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22 mil 892.1 millones de pesos, que pasan al área de seguimiento y que las entidades fiscalizadas cuentan con 30 días hábiles para remitir la documentación justificativa y aclaratoria con la que se puedan solventar las observaciones.

Las auditorias a las participaciones federales en las entidades federativas ascendió a más de 7 mil 231.1 millones de pesos; de este importe, más del 35 por ciento se determinó en los estados de Durango y de Hidalgo. De igual forma, Durango fue la entidad con mayores observaciones, toda vez que alcanzó más de 3 mil 900 millones de pesos, seguido de Baja California Sur, Estado de México, Michoacán e Hidalgo, cuyos montos por aclarar superaron los 1mil 300 millones de pesos.

La falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, que generó más 64 por ciento del monto por aclarar.

Se determinó un monto por aclarar de 3 mil 481.1 millones de pesos en las auditorías a municipios y alcaldías, siendo Ecatepec de Morelos, en el Estado de México; Torreón, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México, y Juárez, Chihuahua; los entes con mayores observaciones.

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