El GIEI advierte que es muy relevante seguir investigando si el posible móvil del gran operativo en Guerrero la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 –que dejó como saldo 43 normalistas rurales desaparecidos, seis jóvenes muertos y más de 40 heridos, algunos de gravedad– fue la toma del quinto autobús. En su tercer informe señala que la PGR, Sedena, Cisen y Policía Federal se empeñaron en negar su existencia, ocultando evidencia o tergiversándola, pero hay videos, peritajes, testimonios de sobrevivientes, análisis GPS y documentos que demuestran que los estudiantes tomaron cinco autobuses y no cuatro, como indica la versión del gobierno de Peña Nieto

Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto se esforzó en ocultar todas las pruebas (o de tergiversarlas) de la existencia del quinto autobús tomado por los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014. En la maquinación de ocultamiento participaron la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revela el tercer informe sobre este crimen del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Para los investigadores internacionales, toda la información relacionada con ese quinto transporte de pasajeros es pieza clave para conocer el móvil de este crimen de lesa humanidad, por la colusión entre las autoridades gubernamentales y grupos del narcotráfico. Al respecto, la hipótesis que se sigue sosteniendo es que ese autobús podría haber sido utilizado por el grupo Guerreros Unidos para trasegar droga ilegal a Estados Unidos.

El Informe Ayotzinapa III apunta que “desde el inicio de las investigaciones quedaba clara la participación del crimen organizado coludido con autoridades a diferentes niveles en los hechos”. Informaciones de telefonía a las que el GIEI ha tenido acceso a lo largo de estos años “ubicaban a integrantes de Guerreros Unidos en lugares clave en horas críticas y también conversaciones con agentes de autoridad”.

Por ello, los expertos independientes consideran que “sigue siendo relevante investigar si el posible móvil de los hechos fue la toma del quinto autobús y continuar esclareciendo la responsabilidad de distintos actores dentro de las organizaciones criminales”.

Respecto de este camión de pasajeros, el tercer informe del GIEI señala que a pesar de que –desde la misma madrugada de los hechos, el 27 de septiembre de 2014– habían declaraciones acerca del quinto autobús tomado por los normalistas rurales, “su existencia fue negada desde el inicio por la PGR. La investigación del GIEI primero con los normalistas sobrevivientes y después con la evidencia de video encontrada en los archivos de la central camionera [de Iguala] demostró su existencia”.

Ante esta evidencia, el informe recuerda que la PGR –entonces a cargo de Jesús Murillo Karam– presentó un autobús Ecoter 3278 bajo el falso argumento de que era el que aparecía en el video. Después, un peritaje independiente mostró que existían diferencias muy significativas entre el camión videograbado y el presentado por la Procuraduría. Al respecto, el informe del GIEI apunta que la PGR no dio ninguna respuesta a dichas contradicciones.

La maquinación para ocultar la existencia del quinto autobús incluyó la complicidad de la empresa y del chofer. Y es que el tercer reporte señala que  las declaraciones de este último –en un interrogatorio solicitado por el GIEI– se hicieron primero sin presencia del Grupo Interdisciplinario, y luego con su presencia pero sin posibilidad de intervenir. Ello significó que no se contrastara la información declarada por el chofer con las evidencias que ya existían ni con las declaraciones de los normalistas sobrevivientes.

Evidencias del quinto autobús

En el tercer informe también se da cuenta de las evidencias que apuntan a la existencia de ese quinto autobús. Además de los testimonios de los estudiantes sobrevivientes que señalan que tomaron cinco camiones de pasajeros, se citan las siguientes:

-Videos de los archivos de la central camionera de Iguala, que demuestran la existencia del quinto autobús tomado por los normalistas rurales.

-Análisis de GPS [sistema de posicionamiento global por satélite que proporciona datos de ubicación, velocidad y sincronización horaria] que concuerda con la versión de los normalistas y el trayecto del autobús.

-Documento firmado por el chofer esa misma noche, en el que se reafirma la versión de los jóvenes estudiantes sobrevivientes de que el autobús llegó hasta el Palacio de Justicia [donde los normalistas fueron presentados en barandillas –separos– antes de la desaparición forzada]. Que allí fue detenido por elementos de la Policía Federal, y que éstos los obligaron a bajarse. En el documento se señala que el camión fue escoltado por los elementos de la Policía Federal hasta la caseta, por lo que el autobús pasó a la hora de los hechos por el lugar donde se estaba dando el ataque al autobús Estrella de Oro por parte de policías municipales, y donde estaban presentes varias patrullas policiales y el tráfico se encontraba detenido. No obstante la existencia de este oficio, en el interrogatorio el chofer no reconoció estos hechos.

Sedena y Cisen borraron evidencia

La PGR no fue la única institución federal que buscó afanosamente borrar la existencia de ese quinto camión de pasajeros. El GIEI apunta en su tercer informe que “ninguna de las corporaciones oficiales que hacían seguimiento a los hechos –ni Policía Federal, ni Cisen ni la Sedena– incluyen en sus mensajes y documentos oficiales de esa noche ninguna referencia a la existencia del quinto autobús”.

En plena investigación ministerial de la desaparición forzada, la Procuraduría General de la República negó sistemáticamente que los autobuses de pasajeros que salían de Guerrero a Estados Unidos fueran usados por grupos narcotraficantes para traficar drogas ilegales al vecino país. Ello, apunta el tercer informe, a pesar de esta versión se contradecía con el hecho de que previamente a la desaparición de los 43 estudiantes, las autoridades habían capturado un autobús de esa ruta modificado para el tráfico de estupefacientes, mismo que contenía drogas y dinero.

El reporte también apunta que “desde noviembre de 2014, poco después de los hechos, existía evidencia documental en la Sedena de la utilización de autobuses y responsables de Guerreros Unidos encargados de dichas modificaciones para el trasporte”. Al respecto se cita el documento militar “Panorama general delictivo en el estado de Guerrero”, que asegura: “el estado de Guerrero es relevante en la producción de estupefacientes, principalmente amapola, por su ubicación geográfica e infraestructura de comunicación, facilitando el trasiego aéreo, terrestre y marítimo procedente de Centroamérica, con destino a los EUA”.

También se refiere la comunicación F.C.A.G.A.O.I/5388, de fecha 4 de octubre de 2014, enviada por la Comandancia de la 35 Zona Militar a la Comandancia del 27 Batallón de Infantería, donde se indica que los grupos delictivos utilizan autobuses para el traslado de droga: “la chiva que se elabora en Tlacotepec es enviada a Chicago USA vía carretera en autobús como el reciente autobús detenido en Puebla”.

Además se contaba con evidencia de interceptaciones telefónicas en Chicago que mostraban relación del pin de la Blackberry de la persona que se encargaba de dichas modificaciones y llamadas el 26 y 27 de septiembre de 2014 con Illinois.

Por ello, el GIEI señala que “todas estas circunstancias confirmaron no sólo los hechos relacionados con el quinto autobús sino una práctica de negación, minimización y ocultamiento de pruebas evidentes por el chofer, la PGR y las diferentes corporaciones militares y civiles de inteligencia en las que no se da cuenta de ningún detalle sobre este autobús, como si no hubiera existido”.

Asimismo, concluyen que las autoridades militares y de inteligencia conocían y daban seguimiento a las actividades del crimen organizado en la región, particularmente a la actuación del grupo Guerreros Unidos. También, que el gobierno federal estaba al tanto de que en esa zona había siembra de amapola y fabricación de heroína; y que su trasiego se realizaba en autobuses de pasajeros hacia Estados Unidos.

Por ello, la respuesta gubernamental había sido instalar el Centro Regional de Inteligencia y la Coordinación Guerrero Seguro, en la que participaban efectivos militares para combatir al crimen organizado. “En seguimiento a estas actividades, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, las autoridades militares, tenían interceptación de comunicaciones en tiempo real”, así como el control total del C4, con acceso a todas las cámaras de seguridad.

El GIEI apunta que “durante al menos el año anterior al ataque y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades militares hacían seguimiento de las actividades del crimen organizado, especialmente de enfrentamientos, hechos de violencia y control en diferentes lugares de Iguala y zonas aledañas. Por ejemplo, el mensaje CRFI del 24 de agosto de 2014: “(…) En relación a (sic) los hechos ocurridos y la información obtenida por los OBIS de esta unidad es probable que estas acciones hayan sido realizadas y ordenadas por el grupo delictivo Guerreros Unidos asentado en esta plaza con la finalidad de no permitir que integrantes de un grupo antagónico entre a esta ciudad para disputarles el control de las operaciones ilícitas que tienen en la misma (…)”.

Otro mensaje al que hace referencia es el F.C.A. 037114, del 27 de septiembre de 2014 –cuando ya había ocurrido la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales–, en la que se da cuenta de que “la caseta de cobro número 3 de Iguala, carretera México-Chilpancingo había sido decretada instalación estratégica del 1 al 30 de septiembre. Caseta que cumple un rol fundamental en la narrativa acerca de cómo ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que contaba en los días de los hechos con presencia de una patrulla militar”.

Crimen organizado implicado

Para el GIEI ya no hay duda de que integrantes de la delincuencia organizada también estuvieron implicados en los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes. “Hay correspondencia con nombres de personas que ya habían sido investigadas o por lo menos consideradas como parte de estas estructuras criminales. Asimismo se cuenta con declaraciones de personas que hacen parte de esas mismas organizaciones y que han mencionado la pertenencia de muchos de ellos, su rango, su actividad, su función y el tiempo de incorporación”.

Las pruebas con las que se corrobora su pertenencia a organizaciones criminales, así como su participación en los hechos, incluyen: informes de la interceptación de comunicaciones, documentos de fuerzas de seguridad, declaración de testigos con reserva, análisis de telefonía y georreferenciación, análisis de agendas, asistencias jurídicas internacionales.

Por ello, los expertos internacionales apuntan que “la información que pueda obtenerse a través de asistencia jurídica internacional, de las investigaciones adelantadas en Estados Unidos en contra del Grupo de Guerreros Unidos pueden ser de gran valor para la investigación”.

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