Las personas con discapacidad acreedoras a becas por parte de gobiernos estatales no deben ser condicionadas a comprobar primero los gastos y luego a recibir el apoyo económico, señala la abogada Mayra Anel Rincón, asesora jurídica especializada en atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). De lo contrario, agrega, se infringen el principio de igualdad, así como el derecho humano a la salud y el acceso económico, y se promueve la discriminación.

Lo anterior, explica a Contralínea, afecta a atletas de alto rendimiento que se dedican profesionalmente al deporte, y en el caso de los discapacitados se produce por la falta de conocimiento de sus derechos y de las redes de apoyo o instituciones que prestan sus servicios para proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Como ejemplo, cita el caso de Coco, una mujer de 44 años, con una malformación congénita en su columna vertebral y atleta de alto rendimiento, a quien le fue suspendida su beca económica por parte del Instituto Potosino del Deporte (Inpode).

De acuerdo con el IFDP, la atleta de alto rendimiento en la disciplina de levantamiento de potencia (powerlifting), era condicionada por el Inpode a adquirir material deportivo para luego entregarle –después de comprobar el gasto– una remuneración económica de 3 mil pesos. Sin embargo, debido al cierre de instituciones y el resguardo de la población por la emergencia sanitaria de la Covid-19, la entrega de las facturas fiscales del gasto se retrasó. Ello no solo propició que los pagos mensuales subsecuentes se postergaran, sino que la institución dependiente del gobierno de San Luis Potosí le suspendiera la beca.

Luego de que Coco se enterara mediante redes sociales de los servicios jurídicos del IFDP y solicitara apoyo, los abogados públicos federales promovieron un amparo indirecto bajo el argumento de violación al derecho humano de igualdad, reconocido en los artículos 1 y 4 constitucionales y 30, punto 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al respecto, la asesora jurídica Mayra Anel Rincón señala que la decisión tomada por el Inpode no fue congruente, pues, era una violación directa a la garantía de fundar y motivar, “porque sólo de manera verbal le dijeron a la atleta que ya se había acabado el recurso y que lo que faltaba no se pagaba debido a las extemporaneidades”.

Asimismo, pese a que el reglamento indicaba que las personas con la beca debían, sin ninguna excepción, justificar sus gastos, el Inpode no tomó en cuenta que las personas con discapacidad no podían primero gastar un dinero que no tenían y después hacer la justificación para recibir la beca. En ese contexto, Coco –quien no contaba con un trabajo porque sólo se dedica al deporte como profesión– no tenía la forma de salir a trabajar para comprar y justificar los materiales, explica la abogada.

Para el IFDP, el Estado incumplió con su obligación de adoptar las medidas pertinentes para lograr la igualdad sustantiva que permitiera a Coco justificar la compra de materiales y continuar así con la entrega de la beca. Además de que fueron vulnerados sus derechos a la salud, al deporte y al acceso económico.

Finalmente, el amparo dio como resultado que el 12 de enero de 2022 el Inpode le pagara a Coco la cantidad de 9 mil pesos, correspondiente a los apoyos mensuales que acreditó y no le pagaron en 2020. Además, se determinó que se le fuera entregado primero la beca y que en un periodo de cuatro meses Coco acreditara el gasto realizado, explica la abogada.

En entrevista con Contralínea, la asesora jurídica señala que para atletas como Coco, el deporte es su vida, una forma de autonomía e inclusión en la sociedad. Por ello, cuando se violentan sus derechos humanos, el IFDP tiene la responsabilidad de dar acompañamiento para que se les dé justicia.

En ese sentido, señala que “el Instituto Federal de Defensoría Pública está conformado por un cuerpo de asesores capacitados con conocimientos jurídicos y técnicos, que siguiendo las líneas del ministro presidente de la Corte, prestan sus servicios de manera gratuita en los 32 estados del país a fin de atender a las personas más vulnerables”. Por ello, invita a todas las personas, en especial a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, a solicitar ayuda jurídica a los abogados públicos federales.

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