La Comisión de Ganadería aprobó, con modificaciones, el dictamen que reforma la Ley Federal de Sanidad Animal a fin de incrementar las penas por el delito de tráfico ilegal de ganado. El dictamen adiciona los artículos 171 y 175 a la ley, y establece que toda aquella persona que ingrese animales, bienes y productos de uso o consumo animal al territorio nacional y que por cualquier medio evada puntos de inspección y arriesgue la situación zoosanitaria del país, incumpliendo las normas respectivas, será sancionado con una pena de 2 a 12 años de prisión y una multa de hasta 2 mil Unidades de Medida y Actualización.
Asimismo, el documento señala que toda aquella persona que sin contar con la documentación necesaria que acredite su legal procedencia, realice acciones como el transporte, comercio o sacrificio del ganado introducido ilegalmente a territorio nacional, será sancionada con una pena de 2 a 6 años de prisión y su respectiva multa de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización.
La iniciativa también establece que todo servidor público que por sí mismo o por interpósita persona participe de cualquier forma o permita la comisión de dichos delitos, será sancionado con una pena que aumentará en una mitad.
Al respecto, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra –proponente de la iniciativa– explicó que el dictamen deriva de una exigencia de las y los productores ganaderos del país que se encuentran enfrentando una competencia desleal por la introducción ilegal –y sin ningún control sanitario– de ganado desde Centroamérica.
Por su parte, el diputado Leobardo Alcántara Martínez dijo que “tan sólo en 2019 hubo 3 mil 700 denuncias por robo de ganado”. Por ello, señaló que “con la reforma no sólo se busca prevenir el tráfico ilegal sino que también coadyuva a proteger la economía de las familias que se dedican a la ganadería”.
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