Once años después de que el ultraderechista Felipe Calderón autorizara uno de los fraudes más grandes a la Nación, como fue la construcción y servicios de ocho reclusorios privados que significaron un gasto de 300 mil millones de pesos del erario federal –dinero que el gobierno debe pagar a seis empresas en un periodo de 22 años, entre 2010 y 2032–, el expresidente Calderón debe ser llamado a declarar ante la Fiscalía General de la República para que explique el cuantioso daño patrimonial que causó al asignar ocho contratos transexenales sin licitar, bajo el argumento de “seguridad nacional”.

De acuerdo con el expediente abierto por la Fiscalía y un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el daño patrimonial por el cual el panista Calderón Hinojosa debe ser procesado penalmente asciende a 41 mil millones de pesos.

La carpeta de investigación de la Fiscalía número 611/2020, documento cuya copia está en poder de Contralínea, establece que serán llevados a juicio quienes resulten responsables por los ocho contratos transexenales de prestación de servicios a largo plazo, que en 2010 autorizó de manera directa Felipe Calderón, para que seis empresas privadas construyeran los ocho reclusorios.

El fiscal Alejandro Gertz Manero analiza citar a declarar al exmandatario panista Calderón Hinojosa y a varios exsecretarios de Estado que estuvieron involucrados en esta trama de corrupción para desviar miles de millones del erario público. Entre los involucrados destacan Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y preso por narcotráfico en Estados Unidos; Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Salvador Vega Casillas, exsecretario de la Contraloría de la Función Pública, además de otros 30 exfuncionarios responsables de la dirección y administración de penales federales.

Fuentes vinculadas a las investigaciones sostienen que la maquinación del cuantioso fraude y daño patrimonial consistió en que el gobierno de Calderón asignó directamente la construcción de ocho reclusorios a seis empresas: ICA, GIA, Prodemex, Arendal, Homex y Tradeco; cuatro de ellas vendieron los contratos gubernamentales a otras empresas a pesar de que eso estaba prohibido por tratarse de asignaciones bajo la modalidad de “contratos de seguridad nacional”, por lo cual la Fiscalía General de la República también podría imputar y citar a declarar a los empresarios y representantes legales de las empresas ICA, Arendal, Homex y Tradeco.

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Al asumir el gobierno a finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó de inmediato que se abriera una investigación sobre dicha asignación de contratos y pidió a la Consejería Jurídica buscar una negociación con los empresarios involucrados, lo que permitió reducir en un 15 por ciento el monto total que el gobierno federal está obligado a pagar durante 22 años y cuyo monto quedó en 235 mil millones de pesos, de los cuales en los primeros 10 años (2010-2020) ya se liquidaron cerca de 90 mil millones de pesos, por lo que restan por pagar 145 mil millones.

Las empresas y sus representantes legales involucrados en estas operaciones irregulares que causaron un daño patrimonial a la nación cercano a los 50 mil millones de pesos, son ICA, la cual vendió dos contratos a la empresa EXI Cuantum y sus representantes legales son Pablo García Aguilar y Horacio Esparza Pérez; Arendal vendió un contrato que le había asignado Calderón Hinojosa, a la empresa Inbursa, en donde el apoderado legal es Carlos Arturo Alcalá R; Homex también vendió un contrato a Inbursa con el mismo apoderado; y Tradeco vendió un contrato al polémico fondo de inversión BlackRock.

Las dos empresas que no vendieron sus contratos y que también aceptaron la reducción del 15 por ciento son: GIA (Grupo Ingeniería Arquitectura), cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari, y sus representantes legales son Jorge Ibarrola Morlet y Jorge Enrique Morales; y Prodemex, cuyo representante legal es Mario de Jesús Eternod Aguilar.

En la auditoría número 17GB, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, bajo el título “contrato de prestación de servicios a largo plazo”, correspondiente a la cuenta pública 2017, se determinó que la asignación de contratos a seis empresas privadas para realizar la construcción, equipamiento y puesta en operación de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), tuvo un sobrecosto de 41 mil 26 millones 400 mil pesos, además de múltiples irregularidades en torno a la contratación de los servicios de auditoría técnica, en contravención a los contratos de prestación de servicios.

Ante tantas evidencias de este desfalco a las arcas públicas, el fiscal Gertz Manero debe someter a proceso al peor expresidente de ultraderecha que haya tenido México.

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