“México ha incrementado con Estados Unidos el intercambio de información sobre las organizaciones trasnacionales del narcotráfico, mediante la Iniciativa Mérida”, señala la Declaración Conjunta del Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida para la Cooperación Bilateral contra el Crimen Organizado Transnacional, de la Cuarta Reunión del Grupo de Alto Nivel del 18 de septiembre pasado en Washington, DC, Estados Unidos. Entonces, con Patricia Espinosa al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Hillary Clinton como secretaria de Estado del vecino país.

 

En efecto, el país apostó por la seguridad de Estados Unidos y no por la propia. Según la Declaración, el gobierno estadunidense ha entregado 1 mil 900 millones de dólares en “apoyo a los esfuerzos de México para combatir al narcotráfico”. Además, se dieron más de 97 millones de dólares para equipo fijo y móvil de inspección no intrusiva y aparatos pequeños de detección para mejorar la seguridad en la frontera común.

 

La estrecha cooperación se tradujo en el entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo a más de 5 mil oficiales y administradores del sistema penitenciario mexicano, para ampliar la capacidad de las prisiones federales y elevar el número de reos: pasar de 6 mil 400 a 20 mil. También se han capacitado a 7 mil 500 funcionarios del sistema judicial federal y a 19 mil de los estatales en diferentes aspectos del nuevo sistema acusatorio mexicano.

 

 

 

Para ampliar su seguridad, el gobierno de Estados Unidos ha transferido 21 aeronaves a México y ha “fortalecido la investigación de los flujos financieros transfronterizos, el lavado de dinero y los crímenes financieros, al proveer equipo de punta y entrenamiento y establecer un grupo de trabajo bilateral sobre financiamiento ilícito”. El supuesto objetivo: mermar la capacidad operativa de los cárteles de la droga.

Humberto Hernández Haddad, experto en política exterior, explica que uno de los objetivos de ésta es servir al bienestar y la seguridad de la nación; no obstante, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa aumentaron el número de pobres y la inseguridad a un nivel alarmante.

 

“En materia de seguridad, el país vive una tragedia que no había vivido a lo largo de su historia. En la política exterior tiene un instrumento indispensable para recuperar la capacidad de gestión de la gobernabilidad y la paz interna, mediante insumos de inteligencia diplomática que, lamentablemente, no se tuvieron en los últimos 6 años.”

 

Y es que desde que Calderón asumió la Presidencia de la República, la “guerra” contra el narcotráfico consumió los esfuerzos internos y externos. Un ejemplo de ello es el crecimiento del número de extraditados. Desde enero de 2007 hasta junio de 2012, 552 personas se entregaron a otros países, cuya justicia los reclamaba. La mayoría son mexicanos y fue extraditada a prisiones de Estados Unidos, bajo acusaciones de delitos contra la salud y homicidio.

 

A los mexicanos les siguen los estadunidenses, por delitos similares. En 2007 se extraditaron a 86 personas; en 2008, a 99; en 2009, a 115; en 2010, a 100; en 2011, a 95; y entre enero y junio de 2012, a 57.

 

En ese contexto, a México le fueron entregadas, mediante un proceso de extradición, 115 personas de diciembre de 2006  a junio de 2012. A este país fueron trasladados 13 presuntos delincuentes en 2007; al año siguiente, 33; en 2009, 22; en 2010, 21; en 2011, 15; y en la primera mitad de 2012, 11.

 

Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), publicados en su Sexto informe de labores, no precisan el número de mexicanos extraditados ni los países donde se encuentran recluidos.

 

Lo que sí informa la PGR son las extradiciones que considera relevantes, como la de Jesús Reynaldo Zambada García, hermano de Ismael Zambada, el Mayo –considerado el segundo al mando del cártel de Sinaloa–, acusado de asociación delictuosa, delitos contra la salud y delincuencia organizada.

 

También señala la entrega de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, operador de los hermanos Beltrán Leyva, acusado de asociación delictuosa, delitos contra la salud y lavado de dinero. Una de las mujeres que sobresale es Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico. Es acusada por delitos contra la salud y está ligada al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

 

La Procuraduría General de la República señala que con  estas acciones se han obtenido resultados institucionales en materia penal que fortalecen las relaciones con autoridades extranjeras, en especial con las que se ha establecido intercambio de información y cooperación internacional. Es decir, con Estados Unidos, el país al que extraditó a la mayoría de mexicanos.

 

 

En la relación México-Estados Unidos no todo ha sido terso. El 15 de febrero de 2011 fue asesinado el estadunidense Jaime Zapata, agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas, por un grupo armado vinculado a Los Zetas. Hasta entonces, no se había tenido una situación similar en 26 años: el último caso era el de Enrique Camarena, el Kiki, agente ejecutado por el entonces cártel de Guadalajara que comandaban Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Por el asesinato de Zapata, al menos dos presuntos delincuentes han sido extraditados a Estados Unidos.

 

Otro de los escándalos que marcaron la agenda internacional fue el operativo Rápido y Furioso, diseñado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadunidense. Consistió en la entrega de armas a cárteles mexicanos para supuestamente rastrear su ubicación. El resultado: se “perdieron” al menos 1 mil 765 armas, con las cuales se pudo haber matado a cientos de personas en México.

 

Felipe Calderón calificó el operativo como un “error garrafal”. El martes 27 de noviembre –3 días antes de que finalizara su sexenio– el Congreso estadunidense se reunió para discutir una demanda que obligara al fiscal general de aquel país, Eric Holder, a entregar a los legisladores los documentos que se relacionen con el operativo. En ese sentido, el congresista republicano Darrell Issa abrió una investigación.

 

“Esas operaciones clandestinas necesariamente fueron del conocimiento de las agencias federales estadunidenses, de la PGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores; los nombres de los funcionarios involucrados tienen que ser identificados si se pretende recuperar la seguridad interna de México”, señala Hernández Haddad, excónsul de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en el gobierno de Carlos Salinas.

 

Agrega: “es un error inaceptable haber permitido que desde Estados Unidos se hayan entregado lotes de armas de alto poder a grupos delictivos que en México se están enfrentando a las fuerzas federales, estatales y municipales, y causando víctimas en ambos países”.

 

Otro escándalo fue el ataque perpetrado por agentes de la Policía Federal, vestidos de civil, a bordo de vehículos particulares, contra un marino mexicano y dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, que viajaban en una camioneta con placas de la SRE, el 23 de agosto de 2012, cerca del poblado de Tres Marías, en los límites de Morelos y el Distrito Federal.

 

El vehículo diplomático recibió 152 impactos de bala. Los dos agentes estadunidenses resultaron heridos. Los policías argumentaron que iban tras el automóvil porque lo relacionaron con un reporte previo de secuestro registrado en la zona.

 

Por este hecho se consignaron a 14 elementos de la corporación por tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena y, en algunos casos, por falsedad de declaraciones. Juan Manuel Pacheco, jefe de los 14 elementos, fue enviado al Penal Federal de Occidente, en Puente Grande, Jalisco, por el delito de falsedad de declaraciones.

 

 

 

Infografía: