Previo a la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley General de Población, se sostuvieron diálogos con familiares de personas desaparecidas para llegar a un consenso. Casi el 70 por ciento de los colectivos de búsqueda estuvo de acuerdo con las modificaciones, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Luego de la protesta que realizaron el 2 de julio algunos colectivos de búsqueda de desaparecidos frente a la Cámara de Diputados, en protesta por estas leyes, la primera mandataria recordó que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, mantuvo “un diálogo muy amplio con todos los colectivos de familiares de desaparecidos, muy, muy amplio”.
Por ello, indicó que las propuestas “vinieron de ellos”. Y añadió que la Segob mantiene el diálogo con dichos colectivos, con el propósito de avanzar en el tema. Sheinbaum Pardo reiteró que su administración atiende el tema de personas desaparecidas de forma prioritaria.
“Nosotros nos tomamos muy en serio el tema de los desaparecidos. Y las modificaciones a las leyes que se hicieron es para dar más capacidad a las instituciones de seguridad pública y a la propia Fiscalía, para poder actuar de manera preventiva en las primeras horas de denuncia de un desaparecido, y también en la investigación de las personas que están desaparecidas”, señaló.
Las modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población incluyen la creación de una alerta nacional de búsqueda, localización e identificación, que deberá activarse de manera inmediata en todo el país ante la denuncia de una desaparición.
También se establece la base nacional de carpetas de investigación, y se instruye a la Comisión Nacional de Búsqueda emitir un protocolo para la activación de la alerta, con mecanismos claros de operación y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Además, se incorpora la plataforma única de identidad, herramienta que permitirá gestionar y validar la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente única de identidad, y que facilitará el cruce de información en las bases de datos públicas y privadas, mediante el uso de datos biométricos e identificativos. Esto, con el objetivo de fortalecer la localización de personas desaparecidas.
Ambas reformas fueron avaladas en la Cámara de Diputados con 438 votos a favor en el caso de la ley General de Desaparición, y 340 votos a favor para la Ley General de Población.
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