La Universidad Autónoma de Chapingo se debate entre dos rectores. Cada uno se asume legal y legítimo. Los grupos de poder, enquistados desde hace décadas, se disputan un presupuesto anual que supera los 3 mil 300 millones de pesos. Por décadas priísta, Antorcha Campesina es la organización más numerosa al interior de la institución universitaria y se ha convertido en el fiel de la balanza no sólo para otorgar el poder, sino para garantizar la gobernabilidad de los planteles

José Solís Ramírez se asume el rector legal y legítimo de la Universidad Autónoma de Chapingo (Uach), pero no puede poner un pie en la institución. Incluso, ha sido rescindido como profesor. Desde la oficina de la Rectoría despacha Ángel Garduño García, quien a su vez se ostenta con la legalidad y legitimidad del puesto.

La disputa no es entre dos personas. El conflicto entre ambas es apenas la expresión de una lucha encarnizada que sostienen los grupos de interés enquistados en la Universidad desde hace décadas. Son los que pelean el poder al interior de la Uach y, con ello, el control sobre el reparto de un presupuesto anual que supera los 3 mil 300 millones de pesos.

Al momento, se acumulan 11 demandas de carácter penal y civil que lentamente avanzan en las instancias judiciales, mientras el conflicto se alarga en la institución.

Antorcha Campesina ­–hoy formalmente Movimiento Antorchista Nacional– es la organización más numerosa al interior de la institución, con capacidades de someter a otros grupos y darle viabilidad a la administración del rector o hacerla naufragar.

Con presencia importante también se encuentra Vpered –nombrado así en honor del histórico movimiento comunista ruso de principios del siglo XX que propugnaba por la creación de universidades proletarias–; la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques (FNOB), y entre otras, la Unión de Lucha Revolucionaria (ULR).

Un grupo más lo conforman viejos consejeros universitarios que se elijen por el llamado “tercio”. Se trata de un sector que no es propuesto por los colegios y direcciones sino en elecciones abiertas a toda la comunidad y que se reeligen en cada proceso. Entre ellos, hay algunos exrectores.

A pesar de que todos estos grupos tienen origen en la lucha social y se asumen de izquierda, las cúpulas se han aliado en diferentes momentos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde hace 40 años están encabezados por personajes como Santos Martínez Tenorio, José Réyes Sánchez, Romel Olivares Pacheco, Eusebio Dagoberto Torres Quintana, Jorge Torres Bribiesca, Manrubio Muñoz, Martín Soto Escobar y Jorge Ocampo Ledezma, entre otros.

Todas las organizaciones están representadas en el Consejo Universitario. Cuando los conflictos no se resuelven al interior de esta instancia, estallan en los pasillos de la Universidad y aún fuera de ella.

El Consejo Universitario ratifica o rectifica los nombramiento del rector, entre ellos los de los titulares de la Contraloría Interna y el Patronato Universitario. Y es también la instancia encargada de señalar cómo se distribuirán los recursos del presupuesto anual.

Antorcha Campesina es, al momento la única organización con presencia en todos los órganos de decisión de la Uach. No sólo tiene mayoría en el Consejo Universitario. También se encuentra en las Academias de la División de Ciencias Económico Administrativas y Preparatoria Agrícola y cuenta con alianzas en Fitotecnia, Parasitología, Zootecnia, la División de Ciencias Forestales, Irrigación, Mecánica y Suelos.

Los críticos del rector en funciones, Ángel Garduño García, le acusan de ser militante de Antorcha Campesina. Él lo niega rotundamente. Mientras, hay quienes dicen que José Solís Ramírez militó en el Vpered. También lo rechaza enfáticamente.

A 100 años de la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura –en su actual sede, noviembre de 1923– y a casi 50 de su transformación en la Uach –diciembre de 1974–, los grupos entran en disputa por el control de los 3 mil 300 millones de pesos asignados a la institución como presupuesto anual.

El propio gobierno federal ha tenido una actitud ambivalente. Mientras que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, ha respaldado al rector en funciones, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no le han otorgado el reconocimiento formal como autoridad de la Uach.

El conflicto se encuentra también en instancias de procuración de justicia –de carácter penal y administrativa­–. La administración de Solís Ramírez presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por allanamiento y despojo. También, demandas civiles ante el Tribunal Civil Federal en Nezahualcóyotl, Estado de México, con expediente 128/2022. Además, una queja presentada ante la Dirección de Notarías del Estado de Tlaxcala.

Se argumenta que el Notario Público 4 de Calpulalpan, Tlaxcala, emitió un documento ilegal que avaló la asamblea de “destitución” del rector cuando ni siquiera estuvo presente ni pudo corroborar los hechos que le describieron. Pero el instrumento formulado fue la base “para administrar la Universidad violentando la Ley de Creación de la Universidad Autónoma Chapingo y el propio Estatuto Universitario”.

Solís Ramírez es enfático al considerar una ilegal e irregular emisión del documento de protocolización del acto de la supuesta asamblea que le destituyó. Y es que este oficio fue la base para que el rector interino ocupara la oficina y comenzara la administración de la Universidad.

“Presentamos denuncias ante la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, por los allanamientos y el despojo”, explica Solís. Además también se presentaron de carácter civil ante el Poder Judicial de la Federación.

La elección de José Solís Ramírez –doctor en Filosofía, maestro en Agricultural Science e ingeniero agrónomo especialista en Zootecnia– había ocurrido el 27 de junio de 2019, en un proceso en el que participó el 85 por ciento de la comunidad. Obtuvo más del 50 por ciento de los sufragios y, con ello, dejó en el camino a quien se consideraba el candidato de Antorcha Campesina, Abel Pérez Zamorano.

Pero la disputa entre grupos no se resolvió con aquella elección. La lucha por las cuotas de poder y espacios se agudizó.

La administración de Solís Ramírez inició el 8 de agosto de 2019. Los jaloneos por el reparto de cuotas iniciaron desde ese momento. En 2020, en plena pandemia, se entregaron a estudiantes y profesores que estuvieran frente a grupo apoyos por 16 mil pesos y se homologó la beca de 3 mil pesos mensuales a los estudiantes fueran internos o externos.

El reparto de los recursos no satisfizo a los grupos y el conflicto se fue arrastrando durante todo 2021 y 2022. Antorcha Campesina, con mayoría en la Coordinadora Universitaria de Representantes Estudiantiles de Chapingo (Curech), llamó a paro estudiantil, el cual duró 54 días. A decir de Solís Ramírez, se creó en contra suya “un ambiente de linchamiento político”.

Ángel Garduño García tiene otra versión. Para él, todo lo detonó “la falta de atención a ciertas necesidades expresadas por la comunidad”. Entre ellas menciona “la realización de viajes de estudio” y el “incremento porcentual de las becas”.

Para el 6 de octubre un grupo de estudiantes convocó a una “asamblea comunitaria”. Participaron 6 mil personas, entre alumnos, profesores y adherentes a las organizaciones extrauniversitarios. Ahí se votó, a mano alzada, la “destitución” de José Solís Ramírez.

En entrevista con Contralínea, Solís Ramírez asegura que se trató de un hecho ilegal. Argumenta que la normativa de la Universidad prevé con claridad cómo se debe nombrar o destituir al rector. De entrada, explica, que el único facultado para convocar a una asamblea es el Consejo Universitario.

Y en tal caso, el padrón debe los votantes debe estar acreditado. Más aún, el voto debe ser de carácter secreto y por escrito. Lo anterior, precisamente, para que los votantes no se vean coaccionados o presionados.

Además, en un proceso de esta naturaleza, el rector tiene la facultad de informar debidamente a la comunidad antes de ser removido. “Y la comunidad, una vez que esté informada, tome una decisión; eso es parte de la democracia y lo acepto”, expone Solís Ramírez.

Por ello, para Solís Ramírez esa destitución fue ilegal, junto con todos los demás actos que se derivaron de ese hecho.

Ángel Garduño García, por su parte y en entrevista con Contralínea, reconoce que el Consejo Universitario no fue quien emitió la convocatoria para el plebiscito. También, que la votación fue a mano alzada. Sin embargo, considera que se actuó conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley y Estatutos de la Uach.

Solís Ramírez expone que lo que vino después de la “destitución” en la Uach fue un “asalto” de todas las oficinas. El rector interino nombrado en esa asamblea, Ángel Garduño García, nombró a nuevos funcionarios que con cerrajero abrieron las áreas administrativas. No hubo un proceso de entrega-recepción ni nombramientos formales.

Destaca el hecho de que la citada Notaría 4, de Calpulalpan, Tlaxcala, “dio fe” de la asamblea sin haber estado presente ni haber certificado el número de asistentes así como su pertenencia a la Uach.

Fue precisamente este único documento el que sirvió al “usurpador” para acreditarse como rector electo, acusa Solís Ramírez.

Las denuncias, de carácter penal y civil, siguen abiertas, aunque a decir de Solís Ramírez, “el ministerio público ha sido omiso o muy lento”.

Angel Garduño, por su parte y como “rector interino”, convocó a nuevas elecciones. Se celebraron el 22 de marzo pasado y él mismo resultó electo. De acuerdo con los datos oficiales, participaron 7 mil 940 estudiantes y profesores, de un padrón de 13 mil 250. Garduño obtuvo 3 mil 470 votos.

El actual rectorado ha sido reconocido en los hechos por el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Ganadería, quien fue a tomarse la foto en dos ocasiones con Ángel Garduño. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras estuvo al frente Delfina Gómez, no reconoció como autoridades a quienes despachan desde la Rectoría de Chapingo.

Ángel Garduño García –doctor en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, maestro en Ingeniería Agrícola e ingeniero mecánico agrícola– destaca el diálogo que mantiene su administración con la Sader. Señala que se celebran reuniones para que la Universidad participe con proyectos enfocados a lograr la soberanía alimentaria del país.

De hecho, celebra el “privilegio” de que el secretario Villalobos sea “chapinguero” y que le haya manifestado “una total apertura para la generación de trabajos y proyectos en conjunto”.

El rector en funciones agrega que, incluso, se plantea un plan de crecimiento de la Universidad a nivel nacional. Reconoce que hay “cosas que tenemos que cambiar”. Pero se refiere a la “estigmatización” de la que, asegura, han sido víctimas los “sindicatos” de la Uach.

Mientras, José Solís Ramírez se presenta como el rector y representante legal de la Universidad. A la fecha, mantiene esa convicción y, como desde que fue “destituido”, gestiona ante las autoridades federales de los tres Poderes la restitución del estado de derecho en la Uach.

Se refiere a la SEP, que se ha mantenido al margen de reconocer a un rector u otro, hasta que el Poder Judicial resuelva. “Me imagino que han de tener presiones muy fuertes, pero ellos saben de las cuestiones legales que se sufren en la institución”.

A Solís Ramírez se le cuestiona sobre su proyecto de Universidad. Ataja que su conflicto fue con los grupos enquistados, no con el proyecto histórico de la institución.

—¿Buscó modificar el carácter popular de Chapingo?

—Bajo ninguna circunstancia aceptaría yo eso. Todo lo contrario. Estamos hablando de la defensa de la Universidad. Yo estoy muy honrado de ser egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Es una institución que, con base en el sentir social, ayuda mucho al campesinado, a las clases más desprotegidas. Eso me enorgullece porque y provengo de esos sectores y gracias a Chapingo pude tener una carrera.

Sin embargo, considera que el presupuesto de la institución se debe reorientar sin perder el sentido social de la institución. Se puede destinar de manera transparente al mejoramiento de las instalaciones, proyectos académicos y productivos sin cuotas para los grupos.

Sobre las razones de su destitución, dice que no tiene duda: “Hay muchos grupos políticos. Todos coinciden en su interés por el dinero. Es lo que los mueve”, ya sea para coordinarse o pelear entre ellos. Asegura que los tuvo en contra porque se reusó a repartirles el presupuesto.

“Y el mensaje que lanzan ellos es muy claro: solamente los que se sometan a ellos pueden administrar la Universidad.”

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