México y Estados Unidos chocan en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh) por la comercialización libre de armas de fuego. La posición del Estado mexicano, crítica de la venta indiscriminada por parte de empresas armamentistas, fue respaldada por Bolivia y Colombia.

Ante la Coidh, el Estado mexicano aseveró que el Continente Americano atraviesa por “una situación de emergencia” por la disponibilidad “indiscriminada” de armas de fuego. Llamó atender el problema y analizar el papel que juegan actores privados al potencializar las posibles violaciones a derechos humanos.

En una audiencia de opinión consultiva, llevada a cabo a solicitud de México, los tres países latinoamericanos criticaron las actividades de empresas privadas fabricantes y distribuidoras de armas por sus efectos en violaciones a derechos humanos.

Ante el juez Ricardo Pérez, y en representación del Estado mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores expuso que toda la región “ha sufrido de forma particular las consecuencias de la violencia armada”. Alicia Bárcena agregó que esto ha sido posible por “la proliferación de armas de fuego en manos de civiles, que sólo puede entenderse a raíz de un tráfico transfronterizo, desregulado y que tiene consecuencias de seguridad pública que se traducen en vulneraciones del derecho humano a la vida, a la integridad personal, entre otros”.

En mensaje transmitido vía remota, expuso que en el caso de México, las estimaciones indican que cada año se introducen ilegalmente al país 200 mil armas de fuego.

“Este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo, pues en mi patria la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada, solamente existe un distribuidor y una tienda de armas situada en la Ciudad de México y administrada por el Ejército, la cual vende en promedio 38 armas al día a civiles. Sin embargo, la disponibilidad de armas adquiridas ilegalmente es mucho mayor y tiene incidencia directa en la comisión de crímenes violentos”, expuso.

Acusó a las empresas que fabrican y distribuyen armas en América por malas prácticas, pues no aseguran la trazabilidad de cada arma vendida, ni evitan el desvío hacia segundos propietarios ni tienen certeza del destino de cada artefacto.

Condenó la irresponsabilidad de las compañías armamentistas, “quienes se abstienen de tomar medidas para prevenir que los productos que fabrican y distribuyen terminen en manos de grupos criminales, y más aún, tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esos grupos”.

Asimismo, Alicia Bárcena destacó que la violencia con armas de fuego termina por impactar en mayor medida a los grupos vulnerables, como las mujeres, las personas menores de edad y la población de la diversidad sexual.

“La disponibilidad indiscriminada de armas de fuego afecta la situación social y económica de muchas familias, al hacer que niñas, niños y adolescentes pierdan a sus padres y madres. El Estado mexicano sostiene que esta realidad debe ser considerada por la Corte Interamericana para que con un enfoque de universalidad e interseccionalidad analice las lamentables consecuencias que la violencia armada tienen en el disfrute de los derechos humanos en los Estados americanos”.

La audiencia estuvo presidida por el juez Ricardo Pérez. Participaron representantes de Estado de Bolivia, Colombia y Estados Unidos. Los dos primeros respaldaron la posición de México. En contraste, el estadunidense dijo a la Corte que este asunto no debe ser discutido en este tribunal para generar una opinión consultiva.

Estados Unidos argumentó que los tratados vigentes no prevén que la Coidh sancione la conducta de actores privados como las armamentistas. Además, consideró que México busca una aplicación extraterritorial de la obligación de derechos humanos, con lo que “alteraría el derecho internacional de los derechos humanos”.

En voz de Sarah Hunter, asesora jurídica de la Oficina del Asesor Legal de Estados Unidos, del Departamento de Estado, reconoció que su país “conoce muy bien la devastación causada por la violencia armada”. Aseguró que está emprendiendo acciones “sin precedentes” para regular las armas de fuego y combatir este problema a nivel nacional como internacional. Y acusó a México de sólo presentar “un caso controvertido disfrazado de solicitud de opinión consultiva”.

Agregó que un Estado no puede utilizar una solicitud de opinión consultiva ante la Coidh para obligar a revisar las leyes internas de otro. Encima, acusó al gobierno mexicano de buscar “emplear indebidamente este tribunal para posicionarse mejor en litigios en Estados Unidos”.

Colombia, por su parte, manifestó que “estamos frente a un fenómeno que pone en riesgo los sistemas democráticos en la región, oxigena la violencia armada, el crimen organizado trasnacional y dificulta las capacidades que tienen los Estados receptores del tráfico ilícito de armas para proteger de manera efectiva los derechos humanos de sus territorios”.

Agregó: “Estas armas fabricadas en otras regiones del mundo son traficadas a través de redes de delincuencia trasnacional. En el caso colombiano, de las 18 mil 338 armas incautadas por la policía nacional en el año 2021, cerca del 85 por ciento fueron fabricadas en otros países”.

Los representantes latinoamericanos coincidieron en que, por su potencial dañino, las armas de fuego tienen un impacto en los derechos humanos y en el aumento de los índices delictivos de violencia en todo el Continente. “Esto se ve influenciado por la actividad indebida de la industria armamentista, por la falta de regulación y control efectivo de los Estados, así como por la ausencia de determinación de responsabilidades jurídicas de las empresas”.

Señalaron que los Estados tienen la obligación de regular, supervisar y fiscalizar las actividades del sector de armas con el nivel más alto posible. También acusaron que las acciones u omisiones de la industria de armas contribuyen a la violación de derechos humanos. Por ello, los Estados no deben volver la mirada a otro lado sino proporcionar recursos efectivos de reclamación para que las víctimas obtengan justicia. Demandaron eliminar las inmunidades procesales que impiden fincar responsabilidades a las empresas.