Por la violación a los derechos humanos de 12 personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 Norte, en Apodaca, Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 232/2022 a Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de dicha entidad. Mediante un comunicado, el organismo autónomo explicó que diversas omisiones cometidas por las autoridades responsables del reclusorio derivaron en un incidente los días 7 y 8 de enero de 2022, en donde varios reclusos ocasionaron disturbios.

La CNDH confirmó que las autoridades estatales hicieron uso excesivo e indebido de la fuerza, misma que derivó en actos de tortura en agravio de 12 víctimas. “Esto se acreditó mediante un video en el que se aprecia la voluntad de la persona servidora pública de Seguridad y Custodia de causarles daño, ya que en ese momento el personal de seguridad tenía control sobre ellas y las víctimas manifestaban una conducta de ‘rendición’. No obstante, la persona agresora les infligió deliberadamente golpes contusos en la zona abdominal y otros en la cabeza”.

Para la Comisión Nacional, los actos fueron realizados “como un medio amenazante e incluso represivo para que no se volvieran a cometer tales conductas, buscando castigar a quienes participaron en el incidente”. En el comunicado, el organismo autónomo aseveró que el personal del Cereso transgredió los derechos humanos al trato digno e integridad personal por uso excesivo de la fuerza  y actos de tortura, a consecuencia de inadecuadas condiciones de habitabilidad; así como al derecho a la reinserción social, seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia y a la verdad en agravio de personas privadas de la libertad.

Por ello, la CNDH solicitó al gobierno de Nuevo León identificar y brindar apoyo médico y psicológico a las personas víctimas de tortura de los hechos de los días 7 y 8 de enero del presente año.

Asimismo, pidió la colaboración con la Unidad General de Inspección y de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León en el seguimiento de la denuncia administrativa presentada contra las personas servidoras públicas involucradas en los hechos.

Adicionalmente, a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Homicidios, Mesa Uno, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León le solicitó apoyo en la integración de la carpeta de investigación. La CNDH también recomendó que se establezcan y ejecuten acciones para que el personal médico del Cereso 1 sea suficiente, “procurando que el servicio esté disponible todos los días de la semana, y que se le dote de la infraestructura, mobiliario médico, abasto de insumos y medicamentos necesarios”.

Otra recomendación que emitió es que se lleven acciones para combatir la sobrepoblación y el hacinamiento en dicho reclusorio. Ello a través de la creación de nuevos espacios o mecanismos óptimos para la despresurización de la población penitenciaria, “debiendo contar con una escala de medición para la atención de la sobrepoblación”.

De igual forma, la Comisión solicitó la instrumentación de un programa de monitoreo permanente que verifique la seguridad y la gobernabilidad en el Centro. Y que realice las gestiones necesarias para que el personal de Seguridad y Custodia realice eficientemente las labores encomendadas. Además de la elaboración de un protocolo y/o manual que prevenga y atienda incidentes violentos, y facilite información a los familiares sobre la integridad psicofísica de las personas privadas de la libertad.

La CNDH llamó a las autoridades correspondientes a tener herramientas y medios eficaces que permitan, ante incidentes violentos, “la identificación de circunstancias y de las personas servidoras públicas que participen en los hechos, a fin de que constituyan un medio óptimo de prueba para que las víctimas accedan a su derecho a la justicia y a la verdad, si hubieran sido violados sus derechos humanos”. Paralelamente, la capacitación del personal de Seguridad y Custodia en materia de derechos humanos, uso de la fuerza y de atención y contención de incidentes violentos, a fin de evitar la repetición de conductas violatorias de derechos humanos.

Además, pidió que se establezca un programa de actividades para reinsertar a las personas privadas de la libertad. Así como el debido suministro de agua potable y alimentos en cantidad y calidad suficientes.

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