Autoridades estatales y federales omitieron verificar la “idoneidad del personal” que prestaba sus servicios al interior de un albergue, a cargo de la exdiputada panista Rosi Orozco, donde fueron violados dos niños, de 9 y 11 años, por otros menores víctimas de trata: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirma la omisión de autoridades estatales y federales en la revisión de personal que laboraba en un refugio para víctimas de trata, donde fueron violados dos niños, de 9 y 11, años por otros dos menores; así lo establece el organismo autónomo en la Recomendación 72/2022 por “diversas violaciones a derechos humanos”.

En febrero de 2021, Contralínea dio cuenta de que en un refugio de la Comisión Unidos Vs Trata, los dos niños fueron abusados sexualmente en 2020. “El caso revela otros malos tratos, como el hecho de que los cuidadores sólo trabajaban de lunes a viernes y durante el día, por lo cual los menores abusados y víctimas de trata quedaban a su suerte en las noches y fines de semana”, expone el documento emitido el 31 de marzo de 2022.

Sobre la violencia sexual a la que fueron sometidos los niños por otros menores de edad víctimas de trata, la presidenta de la asociación civil y exdiputada panista, Rosa María de la Garza Ramírez, dijo a este semanario que “las violaciones de menores pasan en todos lados” (https://bit.ly/3ydxMto ).

Lo anterior, contraviene los acuerdos internacionales que ha firmado México para la protección de la niñez, comenta Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien expone que las víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral requieren de un acompañamiento profesional especializado.

Los estándares internacionales en materia de derechos humanos, desde la propia Convención sobre los Derechos del Niño o el Protocolo de Palermo, establecen que es la obligación de los Estados darles una atención diferenciada, especializada y de alto de alto nivel de protección a las víctimas de trata. “No solamente para evitar la revictimización, sino porque son particularmente susceptibles de ser nuevamente explotados capturados o perder la vida”, expone el psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los responsables

La recomendación del organismo autónomo fue dirigida a los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, y al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Procuraduría Federal) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Oliver Castañeda Correa.

El especialista en protección a la infancia lamenta que en México hay un grave problema de lo que se conoce como cuidados alternativos; es decir, cuando los menores de edad quedan fuera de los de los contextos de protección familiar y tienen que recurrirse albergues o instituciones, incluso en el caso de las víctimas de trata, porque “no existen muchos espacios profesionales especializados en trata, existe la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), como el espacio histórico o de los últimos al menos 15 años, pero se recurre también a organizaciones que se han ido especializando con el paso del tiempo”.

En el documento emitido por la CNDH dice que las autoridades federales y locales “omitieron verificar la idoneidad del personal que prestaba sus servicios al interior del albergue donde se encontraban las víctimas, a efecto de constatar que contaran con la capacitación adecuada para atender sus necesidades”.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe celebra la recomendación de la ONU y expone que entre las irregularidades que cometió Rosi Orozco es que los menores no estaban segmentados de acuerdo con su rango de edad, como debe ser, de 4 años de diferencia; es decir, de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17.

Los rangos de edad, explica, se cuidan por su desarrollo psicoevolutivo, por lo que niños de 14 a 17 no pueden estar en un mismo espacio con niños de 3 a 10 años “porque están en momentos diferentes, pero particularmente una de las cosas que he encontrado con las víctimas de trata es que suelen reproducir, como parte del daño emocional del que han sido víctimas, una conducta hipersexualizada, porque es el código que han aprendido para controlar su entorno, usar su cuerpo o usar el cuerpo de los otros”.

Queja por oficio

La CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, expuso que el 23 de marzo de 2021, inició de oficio un expediente de queja, “derivado del conocimiento que tuvo, a través de notas periodísticas, sobre las personas menores de edad que fueron objeto de agresiones de carácter sexual por parte de dos adolescentes que también residían en dicho albergue, dedicado al cuidado de víctimas de trata de personas y ubicado, en primera instancia, en la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, y más tarde, en el Estado de México.

En la información se afirmaba que, cuando dicha asociación civil prestaba sus servicios en la Alcaldía Coyoacán, vecinos del edificio donde se encontraba el albergue denunciaron que por las noches se escuchaban “chillidos y gritos de niños”. Además de que los cuidadores de los niños solo trabajaban de día y de lunes a viernes, por lo que en las noches y los fines de semana las personas menores de edad se quedaban solas, sin cámaras de seguridad y con acceso a aparatos electrónicos como computadoras, sin que se contara con antecedentes de que alguna autoridad federal o local realizara inspecciones en dichos lugares.

Teresa Ulloa Ziáurriz, directora Regional en Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), señala lamentablemente es un hecho muy grave se han dado en las violaciones y tiene que ver con este discurso donde, desde un principio en los refugios que estuvo abriendo la Comisión Unidos Contra la Trata, y los demás, no había terapia psicológica sino que lo que había es un adoctrinamiento.

Es cierto que el país no hay refugios para niños víctimas detrás, y por eso creo que [Rosi Orozco] vio una ventana de oportunidad, pero no puedes dejarlos solos, sobre todo porque a los niños que se les han usado sexualmente se les despierta el libido antes de tiempo y, en muchas ocasiones, “eso es lo más cercano que ellos conocen de amor o de cariño y buscan volver a sentir esa sensación”.

Para la especialista, “se queda corta la recomendación, porque había que fincar responsabilidades penales y eso creo que no llegó hasta allá. Tendría que ser el segundo, pero cómo se siente protegida por el gobernador del estado de México [Alfredo del Mazo Maza], inmediatamente que sucedieron los hechos se mudó a algún municipio de la entidad; incluso, presentó la denuncia contra los niños violadores allá en el Estado de México cuando los hechos habían sucedido en la Ciudad de México. Esto eso es un manejo político de la crisis que no se le debió de haber permitido.

La CNDH constató que, tras los hechos ocurridos al interior del albergue, fueron presentadas denuncias ante la FGJEM los días 10 y 12 de agosto de 2020; una más el 15 de abril de 2021, lo que dio origen a las carpetas de investigación 1 y 2 por violación equiparada, y la carpeta 3 por violación con modificativa agravada, cuando el agredido tenga alguna discapacidad, por lo que se vinculó a proceso a dos personas adolescentes.

Entre otras irregularidades, el organismo documentó que personas servidoras públicas de la Procuraduría Federal, la FGJEM y la PPNNA-Edomex, “al no cerciorarse de que en el albergue donde se encontraban las víctimas, les brindaran los cuidados y un mecanismo de protección que asegurara su integridad física y psicológica, omitieron garantizarles su derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia”.

Recomendaciones

Adriana Dávila Mendoza, exdiputada panista, quien ha acusado a Rosi Orozco de usar y explotar a los menores de edad víctimas de trata para obtener beneficios económicos, comenta en entrevista que uno de los problemas que nos estamos enfrentando en este país es, evidentemente, a la falta de supervisión de los albergues, de las casas del atención donde se atiende violencia contra las mujeres y en este caso, las víctimas de trata, siendo uno de los grupos más vulnerables porqué en la mayor parte de las ocasiones participa la delincuencia organizada en la explotación sexual de mujeres y, ahora, en trabajo de servicio forzado, pues evidentemente a las autoridades tienen que estar pendientes de quiénes están al frente de los centros de atención.

Más allá de las recomendaciones, expone Dávila Mendoza, necesitan reabrirse, de inmediato, las carpetas de investigación para castigar las conductas de quienes estaban al frente de los albergues, porque las víctimas fueron revictimizadas no sólo en la desatención institucional sino porque fueron víctimas de otro delito: la violación.

La exlegisladora panista acusa que Rosi Orozco es una persona ha buscado la cercanía con el poder y lo hizo con los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; “es más, la vimos con el propio extitular de la Unidad Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien le he planteado el tema de las propiedades que fui denunciando desde 2013.

“Yo creo que hay personas que no ven partidos políticos, que se acercan al poder por el poder, generan ciertas relaciones, prometen ciertas cosas y abusan de esas cercanías. La vi cercana muchos gobernadores, a muchos servidores públicos y la verdad es que desde hace tiempo lo denuncié. Ya se han evidenciado las cosas que lamentablemente no se atendieron a tiempo”, señala la partidaria del blanquiazul y opositora a Rosi Orozco.

Por todo lo anterior, la CNDH emitió una serie de “puntos recomendatorios” y solicitó al gobernador del estado de Coahuila, emitir una circular al personal de la PRONNIF-Coahuila para que, en aquellos casos en los que menores de edad víctimas del delito “sean canalizados a lugares de alojamiento ubicados en otras entidades federativas, como fue este caso, se realicen acciones de coordinación interinstitucional con las Procuradurías de Protección de esos lugares, a efecto de dar seguimiento”.

Al gobernador mexiquense se le solicitó realizar las acciones necesarias a fin de que la PPNNA-Edomex instrumente “acciones de coordinación interinstitucional con su homóloga en la Ciudad de México, con el objeto de dar seguimiento a la atención y cuidado que se brinde a las víctimas, debiendo establecer un plan de restitución a sus derechos”.

Al fiscal general de Justicia del Estado de México fue recomendado que “colabore en la integración de la queja que el Órgano Interno de Control y la Visitaduría Ministerial en esa Fiscalía General inicien, respectivamente, en contra de las autoridades responsables, con motivo de las denuncias administrativas que presente este Organismo Nacional. Además, que se emita una circular en la que se instruya a las personas servidoras públicas canalizar a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito únicamente a su refugio, o bien a los refugios y/o albergues que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y/o en el Padrón de Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios para las víctimas, ofendidos o testigos de los delitos en materia de trata de personas”.

Por último, al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se le recomendó que, “en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se realicen los trámites para la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas. Que se lleve a cabo una nueva visita de verificación y/o supervisión a los refugios con el objeto de dar seguimiento a sus observaciones y recomendaciones, además de verificar la calificación e idoneidad de todo el personal que labore en los mismos”.

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