Un mega operativo para desarticular una red de corrupción de venta de medicamentos oncológicos en Michoacán dejó al descubierto el modus operandi de farmacias, hospitales públicos, médicos, e incluso personal de Cofepris coludidos en el robo de tratamientos para pacientes con cáncer: originalmente, las medicinas son adquiridas por el sector salud federal; luego, personal médico las sustrae de forma ilegal de los centros de salud, y las entrega a farmacias privadas, que venden los viales de las quimioterapias hasta en 30 mil pesos a los pacientes y sus familias.

Las investigaciones de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios apuntan que esta misma forma de operar se estaría replicando en otras entidades federativas (Oaxaca, Veracruz), donde el IMSS Bienestar aún no tiene el control pleno de hospitales y clínicas, sino que comparte responsabilidades con los sectores de salud locales.

En agosto pasado, la Cofepris clausuró 22 farmacias en las que se encontraron los medicamentos oncológicos robados a los hospitales. En particular, el saqueo mayor se detectó en el Centro Estatal de Atención Oncológica, que aún no forma parte del IMSS Bienestar, y cuya farmacia está subrogada a un privado.

El pasado 23 de septiembre, la propia presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este modus operandi que ya investiga su gobierno: “hemos encontrado medicamentos con el sello de Secretaría de Salud, o de Birmex o de las instituciones, que se venden en la farmacia de enfrente. Entonces, con Cofepris estamos haciendo una investigación muy profunda de toda esta situación que encontramos, que ya, de hecho, ya se había limpiado una parte, pero que todavía [falta]”.

Acerca de cómo se dan cuenta de estas anomalías, la primera mandataria dijo que días después de surtir las farmacias de las clínicas y hospitales públicos –incluidos los medicamentos oncológicos–, ya había peticiones de más medicinas porque, supuestamente, ya había desabasto.

El mega operativo que se vivió a fines de agosto en Michoacán, pronto se replicará en otras entidades, indican a Contralínea fuentes del sector. Agregan que se revisarán todos los sistemas sanitarios locales donde el IMSS Bienestar todavía no tiene todo el control sobre los servicios de logística, distribución, y entrega.

Ello, porque se afecta directamente a los pacientes con cáncer, a quienes se les niega la medicina gratuita supuestamente por un desabasto, razón por la cual la derechohabiencia acaba comprándolo en las farmacias que lo obtuvieron ilegalmente por vía del robo o la colusión con quienes lo sustrajeron de los hospitales.

Tras el mega operativo que clausuró 22 farmacias en Michoacán, se espera que la delegación de Cofepris en la entidad interponga las denuncias penales correspondientes contra quienes integran esta red de corrupción.

Incumplimiento en entrega de medicinas

En los gobiernos del PRIAN, el sector salud fue capturado por redes de corrupción. A inicios del sexenio de López Obrador se descubrió que 10 firmas concentraban el mercado de las medicinas; la mayoría, ligada a políticos y medios de comunicación. Esas empresas también tenían una característica: no eran productoras, sino intermediarias, además de recurrir a prácticas desleales y esconder intencionalmente los medicamentos para encarecer el mercado y propiciar desabasto.

Entre las empresas más conflictivas está PiSA, que aún mantiene contratos con estados para la subrogación de centrales de mezclas. Luego de que en diciembre de 2024 se registrara la muerte de 16 bebés y un adolescente en hospitales del Estado de México, Michoacán y Guanajuato, por un lote de medicinas contaminado con las bacterias klebsiella oxytoca y enterobacter cloacae, el gobierno federal investiga las irregularidades asociadas no sólo a Safe, sino a todas las filiales de PiSA.

En el caso de las centrales de mezcla de esa empresa, se da seguimiento a qué hace con los sobrantes de los insumos que ocupa, en especial los de tratamientos oncológicos. Ello, porque hasta antes de las muertes de los 17 menores, no se había identificado como un problema la falta de seguimiento del manejo de mermas en las centrales de mezclas de los hospitales públicos. Lo anterior, porque los viales sirven para varias quimioterapias. La línea de investigación busca revisar el destino de las mermas.

Otro punto de observación sobre PiSA tiene que ver con su recurrencia en no entregar en tiempo y forma los medicamentos que adquiere el sector salud. Pues, como lo informó el subsecretario Eduardo Clark en la conferencia presidencial del 23 de septiembre, PiSA es una de las empresas que ha incumplido con la entrega de tratamientos oncológicos.

Además de PiSA, quienes fallaron en la entrega son los comercializadores de genéricos, que traen las medicinas desde la India y son los que cotizaron con precios muy castigados.

En el caso de esas empresas que venden genéricos, sus contratos se podrían cancelar en los próximos días para poder contratar a otros. A éstos se les multará e inhabilitará. Mientras que en el caso de empresas que venden medicamentos de patente, con tres incumplimientos se les podrá rescindir el contrato, además de aplicarles la multa. En todos los casos se espera que sean demandados por la vía civil. En breve se sabrá si, en el caso de medicamentos oncológicos, el incumplimiento se mantuvo en 30 por ciento.

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