Bogotá, Colombia. Colombia celebra el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, un acontecimiento que teje día a día para lograr su total aplicación, pese a intentos por evitarlo.

Logrado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado, es considerado un hito para Latinoamérica y el mundo por lograr el fin de un largo conflicto armado por la vía del diálogo.

En exclusiva para Prensa Latina, la senadora por el partido Comunes Sandra Ramírez asegura que este pacto histórico significó uno de los cambios más importantes para las extintas FARC-EP y para el país.

“Le buscamos la salida política al conflicto social armado que también está contemplado en la Plataforma Bolivariana de la otrora guerrilla”, explica.

También significó un cambio para Colombia porque el país, con este Acuerdo, avanzó como una sociedad que hoy necesita de manera urgente la reconciliación, la verdad, la reparación, avanzar en la democracia, pero sobre todo la no repetición de los hechos dolorosos ocurridos en la guerra.

“Firmar el Acuerdo fue un forcejeo. Este proceso de negociación duró más de 5 años y hubo pausas, crisis, por las dos visiones de país presentadas en la mesa”, acota.

“En ese proceso escuchamos, nos sentamos, nos miramos a los ojos con ese universo de víctimas que hay del conflicto y logramos comprender el dolor causado por los hechos dolorosos de la guerra”, asegura la congresista.

Rumbo del acuerdo de paz

La exguerrillera, actualmente integrante del Consejo Político Nacional de Comunes, recalca que el Acuerdo marcha demasiado lento. “Desgraciadamente la sociedad colombiana eligió un presidente [Iván Duque] que desde su campaña electoral prometió hacerlo trizas. Sus esfuerzos han ido siempre encaminados a realmente destruir el Acuerdo de Paz”, enfatiza.

Afirma que el pacto demostró una fortaleza impresionante a pesar de que hay fuerzas oscuras que quieren hacerlo trizas, pero “no lo lograron, sigue vivo aunque camina a paso lento; está ahí”.

Acerca de sus avances, señala que son menos de lo esperado, pero hay resultados positivos destacables como en la reconciliación que, por medio del Sistema Integral de Verdad y Justicia, el quinto punto del Acuerdo, se concretó con actos de perdón y reconciliación con las víctimas de los hechos en los cuales las ex FARC-EP son responsables.

Un avance, dice, porque ese Sistema tiene tres ejes: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde comparecen los exmiembros de la antigua guerrilla; la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, donde están convocados a dar su versión los actores vinculados en el conflicto y, sobre todo, la realidad de las víctimas.

El otro eje fundamental es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas donde también esta fuerza política contribuye y ya ha entregado informes al respecto, agrega.

Otros pequeños progresos están en la reincorporación de los exguerrilleros, aunque con muchas dificultades, para iniciar proyectos productivos, unos por iniciativa propia y otros con apoyo de organismos de la comunidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala.

“Nuestros proyectos productivos están en su mayoría vinculados al tema agropecuario porque la composición de las extintas FAR-EP mayoritariamente era de campesinas y campesinos: somos hombres y mujeres de la tierra”, resalta.

Por ello el 95 por ciento de los proyectos solicitados van encaminados a ese sector. Sin embargo, alerta, “nos enfrentamos a una dificultad grande y es que no tenemos tierras”.

Aclara que aún el gobierno nacional no les facilita todas las tierras necesarias para la ejecución de las iniciativas y no sólo a los exguerrilleros, sino también a quienes habitan los espacios donde se encuentran ubicados los excombatientes en reincorporación.

Detalla que la reinserción es conjunta –participan exguerrilleros y comunidades–, e integral, pues tiene en cuenta los aspectos políticos, culturales y económicos, entre otros.

Otra de las dificultades para los exmiembros de las FARC-EP es conseguir empleo; además de no dárselos, los estigmatizan, revictimizan y amenazan, denuncia la congresista.

Remarca que el asesinato sistemático de exguerrilleros, que suman unos 300 –10 de ellos son mujeres–, desde la firma del Acuerdo en 2016 es una de las dificultades para su completa aplicación.

“No tenemos garantías de vida, al gobierno le quedó grande la implementación del Acuerdo y al lado nuestro asesinan también a líderes sociales, a defensores de la tierra, del ambiente, de los derechos humanos”, afirma.

Los exterminan, expresó, porque firmaron el Acuerdo de Paz, porque están en los territorios y acompañan a las comunidades, se suman a sus luchas reivindicatorias y sociales. “Nos asesinan cortándonos los sueños de un país mejor”, enfatiza la ahora congresista, quien ingresó en las FARC-EP en 1981 como enfermera de combate.

Comenta que esos asesinatos ocurren en los territorios del país copados por grupos armados, organizados, del narcotráfico, paramilitares, y la defensa del territorio choca con esas estructuras criminales.

Advierte que el Estado colombiano no tuvo la capacidad de llegar a esos territorios con educación, salud, proyectos, con una reforma rural integral, ni participación política.

A pesar de este escenario, y de que el presidente Duque dijo en la Asamblea General de la ONU que el acuerdo es frágil, lo cierto es que está vivo, sigue, y son más quienes quieren la paz, recala.

Uno de los ejemplos de esa fuerza y vitalidad es que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado reafirmaron el acto legislativo donde se les da vida a las 16 curules (puestos en el congreso), a 170 municipios duramente golpeados por el conflicto, algo contemplado en el Acuerdo, explica.

Asimismo, recuerda que desde finales de 2019 comenzó una gran movilización en el país de estudiantes, mujeres, sindicalistas, pueblos indígenas, afros, políticos y muchísimos sectores de la sociedad colombiana, quienes exigieron, entre otras demandas, la aplicación integral del Acuerdo de Paz.

“El clamor era la paz porque este Acuerdo tiene una potencia transformadora; ese es su espíritu y todos sus puntos tienen un hilo conductor”, precisa.

Apoyo internacional

El apoyo internacional de naciones como Suecia, organismos como la ONU, y especialmente de Cuba y Noruega es fundamental porque gracias a eso también el Acuerdo se mantiene sólido y vital, enfatiza.

Noruega, por ejemplo, coopera con el proceso de educación a través de programas, con recursos para poder validar los saberes de los excombatientes y comunidades.

Cuba, por su parte, ofreció becas de Medicina, no sólo para exguerrilleros, sino también para hijos de víctimas, de militares del Ejército y la policía, para jóvenes de escasos recursos que en Colombia no podrían acceder a una universidad privada por lo costosas que son.

Considera que más adelante, cuando la sociedad colombiana tenga mayor conciencia de lo que se firmó, agradecerá enormemente esa inmensa solidaridad de Cuba.

“Cuba nos brindó su territorio con total confianza para desarrollar las negociaciones y al final tenemos un producto que va a cambiar a Colombia, que la está cambiando y eso se lo debemos también al pueblo y gobierno cubanos”, resalta.

Las negociaciones y diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, concluyeron en 2016 con la firma del Acuerdo que puso fin al conflicto armado más vetusto de Latinoamérica. Fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre de ese año, pero debía refrendarse en un plebiscito en el que los ciudadanos votarían Sí o No. Tras una fuerte campaña de sectores derechistas, el No se impuso y las partes tuvieron que renegociarlo y acordaron un nuevo texto ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes, y el 24 de noviembre fue rubricado.

Los diálogos y negociaciones tuvieron lugar en La Habana, Cuba, país que junto a Noruega fungió como garante, en tanto Chile y Venezuela fueron naciones acompañantes.

Odalys Troya Flores/Prensa Latina

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