Esta mañana, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presidida por el senador Gerardo Fernández Noroña, recibió la iniciativa en materia de combate a la extorsión, que busca reformar la fracción XXI del artículo 73 constitucional, como propuesta por la jefa del Ejecutivo federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, la iniciativa se enviará el próximo miércoles a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Leonel Godoy, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ello, con el objetivo de que sea analizada y discutida en estos dos meses, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones –que inicia en septiembre– pueda ser votada por el Pleno de la Cámara de Diputados.
“Esta iniciativa es muy importante para nosotros, es una prioridad así como las iniciativas que les he comentado como las Leyes Reglamentarias de la Reforma Judicial que son cuatro contenidas en tres paquetes; también la Ley de Salud que he comentado; y estamos revisando todo el tema económico que nos está enviando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los precriterios y otras iniciativas que vamos a tener”, indicó.
El documento faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que homologue el tipo penal y las penas aplicables a este delito, ante la disparidad de sanciones que existen en las distintas entidades federativas. Además, busca clasificar la extorsión como un delito de alto impacto.
“Las autoridades del Estado mexicano tenemos la obligación política, ética y social de reconocer que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”, señala la propuesta presidencial.
Entre los ejes centrales de la iniciativa, destaca la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la extorsión, bajo un esquema similar al de otros delitos graves como secuestro y desaparición forzada. Asimismo, se plantea que la extorsión se persiga de oficio; es decir, de manera automática por parte del Estado, sin necesidad de denuncia de la víctima, con el propósito de evitar su revictimización y agilizar la acción penal.
También, la iniciativa prevé fortalecer la línea 089 como canal de denuncia anónima y adaptar unidades especializadas, originalmente creadas para combatir el secuestro, para atender casos de extorsión con un enfoque coordinado. Y, finalmente, refuerza la coordinación institucional entre instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, con un enfoque en las labores de inteligencia, capacitación y apoyo integral a víctimas y testigos.
El documento puntualiza que la extorsión se ha convertido en uno de los principales métodos de financiamiento de la delincuencia organizada, lo que ha generado ingresos ilícitos considerables. Con ello, el impacto de este ilícito no se limita a afectar a las víctimas de forma individual, sino que se extiende a la sociedad en general, ya que alcanza a múltiples sectores cuando se presiona a negocios, empresas y comercios.
Igualmente, reconoce la gravedad de la incidencia del delito, que pasó de registrar un promedio diario de 18.89 casos en 2018 a 29.77 en enero de 2025, lo que equivale a un incremento del 57.62 por ciento en seis años. El Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León son las entidades que, en 2024, concentraron el 61.8 por ciento de estos delitos.
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