En los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, “cada que había un evento [es decir, desastre natural]  había casi faltantes, siempre, por lo menos, de unos 500 millones de pesos; o sea, no bajaban de 500 millones, cada evento tenía problemas de acreditación de recursos”, indicó esta mañana la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

De su exposición se desprende que en 2018, en pleno año electoral, el Fonden (fideicomiso Fondo de Desastres Naturales) destinó sumas multimillonarias a emergencias que pudieron haber sido ficticias. Y que la funcionaria federal reveló que ese año “vienen muchas declaratorias extraordinarias, que es decisión propia de la Secretaría de Gobernación, y en esas se concentran 427 millones asignados a olas de calor; o sea, uno de los gastos más grandes es por olas de calor. Digo, sí hay deshidratación, pero no tenemos el problema de la [pérdida de] infraestructura, etcétera, de otro tipo de obra que lleve más gasto, pero es lo que se lleva”.

Al participar en la conferencia presidencial, detalló que “en la época de Fox es muy reconocido –y nada más para hacer memoria– que la coordinadora de Protección Civil [Carmen Segura Rangel] estuvo involucrada en muchos casos de corrupción que la llevaron, incluso, a la renuncia. La Auditoría Superior presentó observaciones acreditadas de 182 millones de pesos; fue inhabilitada 10 años. También hubo reportes del Órgano Interno de Control, que ahí encubrieron a la coordinadora porque dejaron sin efectos algunas cuestiones”.

También expuso varios casos registrados durante el sexenio de Calderón, como el del gobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien ocupó el cargo de 2007 a 2012. En su primer año de gestión, ocurrió una inundación que afectó cerca del 70 por ciento del estado: “cuando le dan el dinero, en lugar de atender la emergencia, paga su déficit fiscal, 215 millones de pesos”.

Aunado a ello, “la Auditoría Superior detectó que, cada que le daban dinero para atender la contingencia, pagaba otra cosa y hasta después, si le iba sobrando dinero de su presupuesto, entonces se lo destinaba a la emergencia. Pero primero estuvo pagando, incluso, gastos corrientes de su gobierno, como telefonía, vales de limpieza, consultorías incluso, ya teniendo el dinero, porque como venía del fideicomiso y no se factura igual, digamos, como el presupuesto –no tiene la misma transparencia que el presupuesto– se lo llevaba primero a otros lados”.

En ese mismo sexenio, en enero de 2011, el gobernador Javier Duarte se negó a movilizar a su gobierno tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, pues condicionaba la ayuda a la recepción del recurso del Fonden, pero una vez que lo recibió no atendió la emergencia y no pudo comprobar el gasto de gran parte del monto.

“Todo el gobierno estaba paralizado, no estaban haciendo absolutamente nada; no quería hacer nada a Duarte hasta que le dieran dinero. Pidió una línea de crédito de 4 mil 700 millones de pesos. El Fonden autoriza para Veracruz 7 mil 411. Se tardaron muchísimo –si ustedes se acuerdan– en reaccionar y responder. Y al final del día, el gobierno de Veracruz devolvió 537 millones, sin usarlos; y eso, adicional a todo lo que no pudo comprobar. Entonces, fue muchísimo dinero y este dinero todo, obviamente, todo –si recuerdan– todo este dinero desapareció”.

Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto durante los huracanes Ingrid y Manuel la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano realizó “sobreejercicios […] contrataron 445 millones de pesos, [a pesar de] que solo se les habían autorizado 120 [mdp]. También, obviamente no se podía comprobar, no estaba debidamente comprobado” en 2017 incluso se sancionó a funcionarios de esa secretaría.

En esos desastres el gobierno tuvo un actuar patético, consideró la maestra Raquel Buenrostro, “porque fue muy, muy burocrático. Bueno, este sexenio fue muy burocrático. Aquí, por ejemplo, para resolver esto se instalaron 29 Comités de Daños y 29 Declaratorias para atender 361 municipios. Se la pasaban más tiempo haciendo los Comités, con el flujo que vimos al principio, que atendiendo la contingencia”.

Criticó que a diferencia de los que ocurrió en el presente sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum en la atención a las inundaciones que afectaron cinco estados de la República “en este caso en los tres primeros días ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya había habilitado toda la Red Federal, y aquí nada más se tardaron 119 días para empezar”.

También explicó que con el Plan Nuevo Guerrero, el presupuesto de 40 mil millones de pesos (12 mil del Fonden), sufrió graves fallas: de 43 fraccionamientos para reubicar 10 mil familias, 30 estaban deshabilitados y los restantes presentaban fallas estructurales, por lo que tuvieron que ser demolidos.

En los sismos de 2017, se emitieron 18 declaratorias (11 de desastre y 7 de emergencia), destinando 19 mil millones de pesos, pero Sedatu solo revisó el 35 por ciento de las 168 mil viviendas afectadas. Además, hubo pagos irregulares por alrededor de 90 millones, uso indebido de recursos del Fonden en lugar de seguros institucionales y graves inconsistencias en salud (solo se reconstruyeron 28 de 132 unidades médicas).

La burocracia retrasaba los apoyos: incluso tras aprobar los programas, se perdían los 30 días iniciales para iniciar la ejecución. A diferencia de administraciones pasadas, durante la gestión del presidente López Obrador la atención fue más rápida y directa a la población: en el huracán Otis se atendieron más de 300 mil personas, en el John más de 140 mil y en el Erick casi 60 mil, logrando mayor cobertura con menos recursos.

Del mismo modo con Peña Nieto a partir de declaratorias de desastre extraordinarias, en el año electoral de 2018, el Fondo de Desastres Naturales aumentó de manera significativa su presupuesto. Alcanzó los 59 mil millones de pesos “un exceso que está muy por de fuera de todo el rango histórico”, reveló la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La propia Auditoría Superior de la Federación concluyó en 2017 que el Fonden tenía múltiples deficiencias: “el Fonden es ineficaz, ineficiente; tiene altos costos; es más reactivo que preventivo; tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación; es opaco y tiene múltiples actos de corrupción; y no se garantiza una atención al ciudadano”, citó la secretaria Buenrostro.

Durante esta época, los recursos se destinaban principalmente a bienes y servicios públicos, mientras la ayuda directa a la población era mínima. “En esta época los apoyos, todos eran para liberar lo que son servicios públicos y bienes públicos, no había apoyos a la población”.

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