Como si le faltaran recursos, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pedía dinero público al gobierno de Enrique Peña Nieto para financiar algunos estudios que, argumentaba, requerían sus proyectos. La entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aportaba el dinero. Y el CNA contrataba a la empresa Quartz Strategy para, supuestamente, realizar los trabajos. Es decir, dinero público ejercido por la Sagarpa terminaba en la empresa privada Quartz Strategy con la intermediación del CNA.
Entonces (2017) Jorge Narváez Narváez era el subsecretario de Agricultura en la Sagarpa, encargado de aprobar el financiamiento. Olga Vázquez Ruano era la designada por el CNA para coordinar el proyecto y, al mismo tiempo, es una de las dos accionistas de Quartz Strategy. Y en esta serie de coincidencias, casi como mero accidente, Narváez y Vázquez Ruano mantenían una relación de noviazgo. Hoy son esposos.
No es un secreto que en tiempos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, la secretaría de Estado encargada del campo llegó a funcionar como una extensión del CNA. Desde ahí se diseñaron políticas que favorecieron la concentración de tierras y se desarrollaron los programas que con dinero público terminaron enriqueciendo a un grupo de agroempresarios en detrimento de millones de campesinos. La actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aún no se sacude la tutela de la burguesía del campo, pero de ello hablaremos en otra entrega.
Hoy documentamos un ejemplo de cómo incluso recursos públicos, provenientes de la Sagarpa, terminaban en empresas privadas creadas ex profeso para recibir recursos públicos y para ello contaban con la intermediación del CNA.
Es el caso de la elaboración de unas Guías para componentes tecnológicos de la cadena de frío y aplicación en la reducción de mermas en el manejo de frutas y hortalizas. El estudio, requerido por el CNA, consiguió financiamiento de la Sagarpa. Era parte de la normalidad de aquellos tiempos. Pero no queda ahí el asunto. El CNA, que entonces encabezaba Bosco de la Vega Valladolid, estableció convenios de colaboración en 2017 para elaborar de tales Guías con dos instancias diferentes: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, mejor conocido como el Tec), y la empresa privada Quartz Strategy. Es decir, contrató a dos instancias para el mismo trabajo. Al primero le pagó 2 millones 979 mil 584 pesos. A la segunda, 5 millones 260 mil 416 pesos. Los pagos a Quartz se constituyeron por 3 millones 612 mil 416 pesos de recursos públicos y 1 millón 648 mil de aportación privada.
La firma del acuerdo de cooperación entre el CNA y el Tec de Monterrey se celebró el 28 de abril de 2017, bajo el folio DJ-P1-LSV-DO-ITESM-AGS-2017/112. Tenemos copia del mismo. Ahí se asienta que Olga Vázquez Ruano fue designada coordinadora del proyecto por parte del CNA.
Quartz Strategy, cuyos socios son Rafael Romo Macías (75 por ciento del capital) y Olga Vázquez Ruano (25 por ciento), se había constituido el 13 de febrero de 2017 como Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV) con domicilio fiscal en la Ciudad de México. El acta se protocolizó en Aguascalientes por el corredor púbico 15, Felipe Muñoz Rodríguez. La póliza 77 con la que se constituyó la empresa –y de la cual tenemos copia– establece que inició con un capital inicial de 360 mil pesos y que Vázquez Ruano quedó como presidenta del Consejo de Administración. Como podemos ver, la empresa fue creada 2 meses antes del convenio con el Tec y carecía de experiencia para este tipo de trabajos. Pero siendo Vázquez Ruano coordinadora del proyecto por parte del CNA, le encargó a su propia empresa –Quartz– el mismo trabajo y el CNA le otorgó un contrato de prestación de servicios para la elaboración de las Guías el 23 de noviembre de ese año.
Pero vayamos por partes. En ese entonces el titular de la Sagarpa era José Eduardo Calzada Rovirosa; el subsecretario de Agricultura, como ya dijimos, era Jorge Armando Narváez Narváez, y el director general de Productividad y Desarrollo de la misma secretaría era Sergio Tapia Medina, este último, subordinado a Narváez.
El 25 de abril de 2017, el CNA había ingresado en la ventanilla de la Sagarpa una solicitud de apoyo para el proyecto de estudio, las mencionadas Guías, al amparo del Programa de Fomento a la Agricultura. La Dirección a cargo de Sergio Tapia emitió la resolución de dictamen positivo, para otorgar 6 millones 592 mil pesos, y designó a la persona moral Chiapas Siempre Unido (CSU) como instancia ejecutora del proyecto. Contamos con el documento.
En ese marco, CSU y el CNA firmaron un convenio de concertación (17-FPA-IDTTT-002138-L000-DF) el 29 de septiembre de 2017 por 8 millones 240 mil pesos. El instrumento, del cual también tenemos copia, se asienta que 6 millones 592 mil pesos provienen de la aportación federal y 1 millón 648 mil pesos de aportación privada. Aquí se estipula que CNU es la “Instancia Ejecutora” del “incentivo” (los recursos públicos proveídos por la Sagarpa) y el “Beneficiario” es el CNA. Con esa bolsa se pagaron los servicios del ITESM y de Quartz Srategy.
Posteriormente, como ya adelantamos, el 23 de noviembre de 2017, el CNA celebró un contrato de prestación de servicios con Quartz Strategy por 5 millones 260 mil 416 pesos con vencimiento al 30 de junio de 2018 para la realización de las Guías. En la copia del documento que poseemos se observa que fue firmado por Rafael Romo Macías, por Quartz, y por Luis Fernando Haro Encinas, entonces director general del CNA.
Del ITESM no tenemos noticia de alguna irregularidad. Hizo su parte. Entregó las Guías. El asunto es que la coordinadora de este trabajo, por parte del CNA, era Vázquez Ruano. Y al mismo tiempo era la dueña de la empresa privada a la que el CNA, con dinero de la Sagarpa, contrató para hacer el mismo trabajo que había solicitado al ITESM.
En noviembre de 2017 y abril de 2018 el CNA realizó los pagos a Quartz Strategy, incluyendo la aportación privada de los recursos, y en abril de 2018 pagó al Tec de Monterrey. Quartz recibió el pago casi 3 meses antes de que concluyera el trabajo, y no como estaba estipulado, una vez que todo quedara entregado, el 28 de junio de 2018.
Luego de que el CNA pagara a Quartz Strategy, esta empresa devolvió recursos al CNA por 800 mil pesos, monto que el organismo agroempresarial no reintegró a la Sagarpa, como establecían las Reglas de Operación y el mismo convenio firmado entre esas dos partes.
El círculo se cierra. Hoy el exsubsecretario Narváez Narváez, quien aprobó los recursos para el CNA y Quartz Strategy, es el vicepresidente de Agrologística del mismísimo CNA. Olga Vázquez Ruano, su esposa, es la directora de Quartz Investigación.
Antes de publicar, solicitamos al CNA y a la Sader sendas entrevistas sobre el las Guías. Hasta el cierre de edición, ambas instancias señalaron a Contralínea que se encuentran recabando la información solicitada. Publicaremos los datos y la posición que al respecto tengan en la siguiente entrega, donde seguiremos con el tema.
Fragmentos
Andan confundidos en el CNA. Luego de que en este espacio diéramos a conocer su plan para echar abajo el decreto presidencial que limita el uso del cancerígeno glifosato y la importación de maíz transgénico, al interior de las filas que hoy encabeza Juan Cortina Gallardo se dijo que no pasaba nada: seguirían adelante con su “estrategia integral” consistente en lanzar una campaña internacional contra el país; pagar una andanada de notas, artículos de opinión y comentarios en los medios a favor de las bondades del glifosato y del maíz transgénico, y promover una serie de amparos, incluida una campaña de presión sobre los tribunales que tendrían que resolverlos. Pero después ya no estuvieron tan seguros de seguir adelante, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refiriera al tema en una de sus conferencias matutinas desde el Palacio Nacional. Al descubierto la estrategia de los empresarios, el titular del Poder Ejecutivo les recomendó mejor gastar su dinero en investigación aplicada o en el pago a jornaleros que hagan el trabajo que quieren que les solucione el producto químico. Además, les señaló que no funcionará su estrategia y que la combatirá con las herramientas legales que le confiere su investidura. Fríos se quedaron en el CNA y el pase de charola con el que financiarían su intentona se detuvo. Están evaluando seguir o no. Peor para los despachos que se quedarían vestidos y alborotados: Conesa & Moreno Abogados, que se encargaría de los amparos y las demandas; AGDN Economía, Derecho, Estrategia, de la campaña internacional, y Guerra Castellanos & Asociados, que haría pasar la publicidad a favor del glifosato como comentarios y notas en los medios de comunicación… La comunidad P’urépecha de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, se encuentra bajo asedio de grupos paramilitares luego de que recuperara sus tierras comunales. Los ataques se han recrudecido ante las demandas expresadas por su máxima autoridad, la Asamblea General, de libre autodeterminación y autonomía. La comunidad, integrante del Congreso Nacional Indígena, acusa al gobierno municipal de Quiroga de proteger a los paramilitares. Por ello, la comunidad ha redoblado su seguridad con su Ronda Comunitaria o Guardia Comunal. Solicitan que el gobernador del estado, Silvano Aureoles, y el presidente López Obrador intervengan ante la situación que padecen. El tiempo corre para evitar masacres como las que desafortunadamente observamos en otras regiones del mismo estado de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca… Sorprende el trato de las autoridades de la Ciudad de México al Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (STTP). Actualmente sostiene un emplazamiento a huelga por revisión salarial y por constantes violaciones al contrato colectivo de trabajo. La dirección de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), encabezada por Ramón Jiménez López, se ha cerrado al diálogo y he iniciado una campaña contra la organización sindical. Los trabajadores demandan un aumento salarial del 3.5 por ciento, algo totalmente viable. Y esto ocurre en el gobierno más 4T de todos los de la República, el de Claudia Sheinbaum Pardo. El STTP cuenta con el respaldo de la Nueva Central de Trabajadores. Puede venir un conflicto laboral que, con voluntad política, podría desactivarse.
