La demanda que el gobierno de México inició contra fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses en 2021 y 2022, respectivamente, es un litigio difícil no sólo por el poder de la industria, sino también por ser una acción que, en el fondo, busca “cerrarle la llave de las armas al narco”, dijo el maestro Alejandro Celorio, exconsultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“El día anterior a presentar la demanda, recuerdo que me despedí de mis hijos no sabiendo si iba a regresar, porque la demanda sí es contra la industria de las armas, pero la demanda es para quitarle las armas al narco”, añadió el diplomático, con la voz quebrada.

En un conversatorio organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, el diplomático explicó que el litigio “es una demanda civil por daños en la que el gobierno de México se presenta como persona afectada. Primera vez en la historia de los Estados Unidos que un gobierno extranjero demanda la industria de las armas, y qué mejor que haya sido México quien la hizo, porque nos metimos a un tema crucial para los estadounidenses, que es la posesión de armas”.

Sin tantas armas provenientes de aquella nación, México sería un país más seguro, afirmó quien fuera integrante del Servicio Exterior Mexicano. “La presencia de armas en nuestro país no es normal. No deben existir en nuestro país”, donde hay sólo dos puntos de venta oficial, resaltó.

Planificar cada detalle

En esta demanda se enfrenta un terreno pantanoso, alertó la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien mencionó que se “requiere, además, reconocer los límites y posibilidades del derecho en contextos donde los intereses económicos y políticos son tan poderosos como los que rodean a la industria del armamento”.

Justamente por ser un litigio tan complejo, se tenía que planificar estratégicamente en cada detalle. Así lo desmenuzó Alejandro Celorio. Compartió que esta demanda se pensó a partir del múltiple asesinato que tuvo lugar en un Walmart de El Paso, en Estados Unidos, contra una veintena de personas mexicanas en 2019.

Luego de ese crimen, por instrucciones del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se barajó una serie de posibilidades para emprender acciones legales contra ese y otros actos. Al final, se pensó en las dos que tienen lugar hoy en día, una en la Corte Suprema estadunidense, y otra en etapas de presentación de pruebas en Tucson, Arizona.

La primera, en agosto de 2021 se pensó hacia 10 entidades, pero se dejó en ocho para no presentar problemas por el lugar de origen de las compañías. Y esa fue parte de una serie de decisiones estratégicas, como iniciar el litigio en la Corte de Boston, Massachusetts, lugar de ubicación de las oficinas de Smith & Wesson –que después se movería a Tennessee– y con jueces más sofisticados a diferencia del Quinto Circuito de Apelaciones en Luisiana, correspondiente a Texas, con un sentimiento más antimexicano, explicó el diplomático.

Retos de la demanda

“Desde el ámbito político, la demanda desafía no sólo la fortaleza de la industria armamentista de Estados Unidos, también una omisión histórica de asumir responsabilidad sobre los efectos regionales de su política interna de armas, dijo el doctor en derecho por la UNAM José Guadalupe Medina Romero.

Por su parte, Alejandro Celorio enumeró los retos que se enfrentó el gobierno mexicano desde el inicio de la primera demanda. El principal, la inmunidad que otorga la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas estadunidense (PLCAA, por sus siglas en inglés), argumento ampliamente utilizado por los demandados, bajo el argumento de si podía tener efectos más allá de Estados Unidos.

Fue el motivo que tuvo el juez Deniss Saylor, en la Corte de Boston, para desestimar la demanda mexicana, por lo cual se apeló la decisión, y la Corte de Apelaciones dio la razón a el gobierno de México, bajo el argumento que “las empresas violan dos leyes estadounidenses o facilitan la violación de dos leyes estadounidenses”, continuó Alejandro Celorio.

La primera, la venta de armas sin licencia, es decir, tiendas o distribuidoras que venden armas a una persona y ésta a su vez, como prestanombre, se la vende a alguien más. Esa segunda venta es la que las vendedoras están facilitando, explicó el maestro.

Y la segunda, acerca de la violación que consiste ‘exportar’ armas de tipo militar sin una licencia para sacar armas del territorio estadounidense, incluso cuando el gobierno de Estados Unidos tiene amplias restricciones al momento de vender armas a otros países, lo cual no supervisan en el caso de las compañías particulares, criticó el maestro Celorio.

Un paradigma ético

El doctor José Medina enfatizó que, con estas dos demandas por parte de México, “el verdadero objetivo es sembrar las bases de un nuevo paradigma ético y jurídico, donde las industrias sean corresponsables de los daños que sus prácticas generan más allá de sus fronteras”.

Agregó que se deben hacer cambios estructurales como “reforzar medidas bilaterales y multilaterales que aborden eh de raíz el tráfico ilícito, celebrar acuerdos regionales de rastreo de armas, reforzar controles de exportación y venta minorista, sancionar de manera efectiva las prácticas negligentes en la comercialización de armas e impulsar los tratados regionales inspirados en la Convención de Palermo y el tratado sobre comercio de armas del Acuerdo”.

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