El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, denunció que algunos funcionarios y legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han tratado de utilizar sus influencias para detener procesos de suspensión contra negocios señalados por incumplimientos legales.
Durante una reunión con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Escalante advirtió que, a pesar de las presiones de algunos de sus “compañeros del movimiento”, la Profeco no cedió a este tipo de solicitudes. De igual manera, pidió que no intervengan en procesos que desconocen.
“Lo que hacían algunos proveedores era utilizar a los diputados como enlace con nosotros. Entonces, yo les pediría que si no tienen la información de ambos lados, no nos hagan el favor de intervenir”, expresó, al indicar que la instancia cuenta con herramientas para sancionar a las empresas que incumplan la ley.
Luego de ser consultado por integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre posibles modificaciones legislativas, Escalante Ruiz reconoció que es necesario plantear reformas para simplificar los trámites de la Profeco. Sin embargo, señaló que la urgencia es “cuidar a la institución”, debido a presiones externas, el rezago y la demanda de trabajo.
En este sentido, citó dos casos en los que recibió llamadas de militantes de Morena, cuando la instancia sancionó a una gasolinera y a un hotel de alta gama. “Me buscó una diputada hace poco para pedir ayuda a una gasolinera y le dije: ‘perdón no, no les voy a ayudar’. Estudié el acta de verificación, porque la compañera de la gasolinera mencionó que era un abuso y que no le habían notificado y que habían llegado de sorpresa. […] Entonces, le escribí a la diputada: ‘preguntale a la compañera como se llama la encargada de su gasolinera’. Mira, si recibieron el acta y aquí está la fotografía de cuando la recibió, entonces eso es una forma de que ellos intenten darle la vuelta”.
Asimismo, Escalante Ruiz indicó que en una ocasión verificaron un hotel de lujo, el cual quebrantó varios lineamientos, porque no mostraba sus precios en dólares; no cumplía con los parámetros de salubridad; y cobraban servicios extra. “Nos tocó verificar un hotel muy, muy fifi. Y encontramos precios en dólares, te cobraban la limpieza extra fuera del contrato, no tenían a la vista los precios. Nos metimos a la cocina y encontramos cosas echadas a perder, cucarachas en la cocina. Y en el transcurso que estábamos poniendo los sellos hasta media hora después me hablaron cuatro compañeros del movimiento, pero cada vez era de más nivel”.
Ante esta situación, Escalante recordó que le consultó a la presidenta Claudia Sheinbam Pardo sobre estas llamadas. “Le llamé a la presidenta, le expliqué porqué estábamos ahí. Y me contestó que siguiera, que era mi trabajo. Entonces, la presidenta nunca me ha dicho no vayas, no hagas, no. Entonces, podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos el caso”.
De acuerdo con el procurador, es una práctica común que los proveedores y empresas traten de eludir sus sanciones con métodos que van desde no darse por notificados hasta combatir los estudios que realizan o, incluso, señalar que no han sido notificados por las autoridades federales. Por ejemplo, recordó que tras publicar algunos estudios de jamones en la Revista del Consumidor, las cámaras empresariales reaccionaron para intentar frenar las sanciones. “Es como darle la vuelta a mi falta, buscando a un ‘compa’”.
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