Este viernes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobará un dictamen para declarar improcedente y archivar de manera definitiva la primera solicitud de desafuero que se interpuso contra el senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, comenzará a analizarse una segunda petición de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por presunto peculado de 83 millones de pesos (MDP), informó el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal.
De acuerdo con el legislador, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche pidió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados –encabezada por el diputado Mauricio Farah– desaforar a Moreno por peculado y uso indebido de atribuciones. “Se presentó una solicitud de declaratoria de procedencia en contra de él, por distintos delitos y la denuncia misma fue ratificada, según me dijo el secretario general, el diputado Mauricio Farah, un día después, de acuerdo con la ley”.
Ello, debido a que Alejandro –Alito– Moreno promovió y obtuvo de un Tribunal Colegiado un amparo definitivo para declarar nulas las pruebas que la Fiscalía General de Campeche consiguió durante un cateo de ocho de sus propiedades, debido a que hubo un “cateo inconstitucional”.
“En el tema pasado ya hay un amparo y en el amparo se tiene que decretar concluido el anterior proceso o juicio de procedencia. Y este es uno nuevo que ha iniciado la Fiscalía de Campeche. No es el mismo amparo. Entonces ahora todo el procedimiento de la declaración o declaratoria de procedencia de los servidores públicos tiene que comenzar de nuevo. Pero insisto, hay que buscar soluciones, no busquemos otro tipo de cosas. Bueno, eso es lo que pienso”, indicó Monreal.
En conferencia de prensa, destacó que a partir del 1 de agosto, la Sección Instructora –encabezada por Hugo Erick Flores– tendrá un plazo de 60 días para formular el dictamen y, en su caso, poder elevarlo al Pleno de la Cámara de Diputados. “Es un procedimiento jurisdiccional atípico que lleva a cabo la Cámara de Diputados como una especie de ministerio público. Es de los pocos procedimientos atípicos en donde actúa la Cámara de Diputados como un órgano de investigación y se estima o no si hay procedencia y si hay aceptación de la declaratoria de procedencia”.
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