Con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además del artículo 400 bis del Código Penal Federal, con el objetivo de ampliar el combate contra el lavado de dinero.

De manera exprés, los legisladores aprobaron las iniciativas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales buscan fortalecer el combate al lavado de dinero y atender recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De igual manera, con esta reforma, el desarrollo inmobiliario, la compraventa de activos virtuales –como las criptomonedas– y la prestación de servicios mediante fideicomisos se integrarán al catálogo de “actividades vulnerables” supervisadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con los legisladores de la bancada oficialista, las modificaciones y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, previamente aprobadas por el Senado de la República, buscan ampliar las facultades de supervisión de la SHCP y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Su objetivo es claro, cumplir con estándares internacionales y asegurar que el dinero que circule en nuestro sistema financiero sea limpio y legal, protegiendo así la encomienda del país”, indicó desde tribuna el legislador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio César Moreno Rivera.

Asimismo, la diputada del mismo partido, Mariana Benítez Tiburcio, aseguró que este dictamen se construyó con respaldo ciudadano gracias a los ejercicios de parlamento abierto realizados en la Cámara de Senadores. Con ello, rechazó que se haya trabajado de espaldas a la sociedad y enfatizó que se escucharon a instituciones financieras, colegios de notarios, sectores empresariales, organismos reguladores y sociedad civil organizada.

Sin embargo, diputados de los partidos de oposición –Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI)– criticaron la reforma, al señalar que otorgan acceso “irrestricto” y sin control judicial de información sensible como registros públicos, datos personales y fiscales, información patrimonial, entre otros, a la SHCP. Además, puntualizaron la falta de designación de un presidente para la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En este sentido, el legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jericó Abramo Masso, mencionó que la propuesta no representa una legislación para prevenir delitos, sino un instrumento para la persecución política y económica sin contrapesos, que permitirá a la autoridad utilizar la información de los ciudadanos a su antojo y sin restricción. Con ello, advirtió que se impone la figura de “persona políticamente expuesta” para todos los servidores públicos –federales, estatales y municipales—, así como para  las personas que colaboren con ellos, sin que exista un control judicial ni mecanismos de transparencia o apelación.

Por otro lado, el legislador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, explicó que la modificación cerrará vacíos legales que, anteriormente, permitían a los delincuentes mover recursos ilegalmente. Además de que se protegerá a los comerciantes, los empresarios, los profesionistas y  los trabajadores que cumplan con la ley.

“No podemos permitir que, por las venas de la seguridad del país, corran ríos de dinero ilícito que alimentan a los criminales. Cortarlos de tajo, no es un tema partidista, es un tema de Estado. Con esta reforma, México se alinea a los estándares internacionales que exige GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional”.

Mientras tanto, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvo de votar la iniciativa, al considerar que, si bien reconocen la necesidad de una reforma que permita combatir eficazmente el lavado de dinero y evitar que se oculten fondos ilícitos, la redacción actual de la propuesta deja vacíos y ambigüedades que podrían derivar en abusos de autoridad y vulnerar derechos de privacidad y debido proceso.

“Esta ley otorga a la Secretaría de Hacienda una capacidad de acceso irrestricto a la información más sensible del país como lo establece el artículo 51 Bis; registros públicos, rastros fiscales, información patrimonial, datos personales y hasta biométricos, información de sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos, y todo esto sin control judicial, sin orden de por medio, sin límites expresos”, remarcó la legisladora por MC, Irais Virginia Reyes de la Torre, en los primeros minutos de la sesión extraordinaria.

La minuta, considerada en votación económica como de “urgente resolución” para someterla a discusión y votación de inmediato, destaca que el objetivo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entre sus disposiciones, la reforma incorpora definiciones clave como Beneficiario Controlador, Cliente o Usuario, Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo, y amplía  la denominación de la UIF en materia de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía.

A pesar de las 109 reservas presentadas, la mayoría legislativa solicitó que sus propuestas quedarán únicamente registradas en la Gaceta Parlamentaria. De esta forma, la reforma para fortalecer el combate al lavado de dinero fue aprobada en lo general con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, y en lo particular con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones.

Con esta votación, se modifican también el concepto de “persona políticamente expuesta”, que ahora incluye no sólo a funcionarios y exfuncionarios públicos, sino también a cualquier persona relacionada con ellos como son familiares, asesores y colaboradores, bajo criterios definidos por la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Además, podrán ser investigadas  aquellas personas que realicen operaciones a partir de 25 mil pesos en criptomonedas; rentan una vivienda por 15 mil pesos mensuales; compren una casa o departamento a partir de 1 millón de pesos; o donen desde 50 mil pesos a alguna organización no gubernamental.

La nueva Ley  Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita destaca que la SHCP, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) deberán establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Iguslmente, precisa que las dependencias y entidades de la administración pública federal, local, municipal, así como de las demarcaciones de la Ciudad de México, y de los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la SHCP información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.

Mientras que, la información relativa a los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido será requerida por la SHCP al Instituto Nacional Electoral (INE) u Organismo Público Local Electoral (OPLE) que corresponda, con la obligación de proporcionarla. Mientras que la información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la SHCP a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) u órgano equivalente a nivel local.

Respecto al Código Penal Federal se especifica que en caso de conductas en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, el Ministerio Público estará en todo momento facultado para investigarlas y para el caso de ejercer la acción penal se requerirá la denuncia de la SHCP, quien tendrá el carácter de víctima u ofendida.

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