A lo largo de seis años, los pobladores de la Comarca Lagunera libran una importante lucha en México. Han enfrentado obstáculos de todo tipo, incluso amenazas y represión. El sistema actual pone los intereses de las grandes corporaciones extranjeras sobre las necesidades de los pueblos, el medio ambiente y el desarrollo regional equilibrado, el cual debería generar bienestar social. Tal es el caso de Chemours-Dravloska en la zona de Dinamita. La instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Pueblo Nuevo El Siete pone en riesgo a la región.

En una asamblea donde participaron los pobladores de 22 comunidades afectadas por esa explotación criminal, decidieron establecer un campamento en los principales accesos a la planta para evitar su construcción. Además exigieron la salida de la corporación de La Laguna, de Durango y del país.

Fue calificada como “la empresa de la muerte”, ya que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. Desde 2017, las comunidades de Gómez Palacio conformaron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. Ello con el fin de proteger su terreno.

Integrantes del Frente Unido y la CNTE Comarca Lagunera han denunciado el persistente hostigamiento político-judicial y la represión que han sufrido de los gobiernos municipal y estatal. Éstos apoyan a empresarios y empresas ubicadas en el área comunal de Dinamita.

El dirigente Bernardino Ochoa Camacho ha aseverado que, mientras se presentan con la careta de una inofensiva fábrica, la cual impulsa los empleos y el desarrollo, están generando un gigantesco basurero tóxico. Estas denuncias han contado con el apoyo de periodistas honestos y comprometidos como Julio César Ramírez, quien ha manifestado la problemática de la región en diversos foros y artículos. Asimismo, destacan otros movimientos, por ejemplo, la lucha por las tierras en la zona de San Juan Villanueva hacia Matamoros-Viesca por la construcción de un parque solar.

Los gobiernos de la Comarca Lagunera no representan al pueblo. Representan el interés del negocio. No se han preocupado por detener el extractivismo. Están y siguen explotando los recursos naturales que tenemos en México.

Antes del proyecto en La Laguna, la Chemours Company había intentado un par de veces instalar una planta en Guanajuato en 2016. Sin embargo, la movilización popular y la negación del permiso de uso de suelo por los gobiernos municipales obligó a la empresa a cambiar su proyecto al estado de Durango, en donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estatales lo aprobó. El 24 de junio de 2017, inició su construcción en Gómez Palacio. Ésto sin ser consultadas las comunidades que se verían afectadas.

En julio de 2017, se forma el Frente Unido de Pueblos de La Laguna. Pedían una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó la construcción en materia de impacto ambiental. El 9 de marzo de 2018, se manifestó contra la instalación de la planta y fue reprimido por las fuerzas de seguridad local. Se detuvieron a 49 personas, incluidos cinco menores y 10 mujeres. Además se hirieron de gravedad a 10 personas que tuvieron que ser hospitalizadas.

La empresa no sólo promueve la represión, sino también, ha desplegado acciones para tratar de ganarse la confianza de los pobladores y de dividir a las comunidades. Para este fin, han realizado acciones como la entrega de láminas acanaladas, despensas y útiles escolares. Sin embargo, nunca ha presentado el proyecto de la planta a la comunidad. Mediante engaños busca debilitar la resistencia. Y, pese a todo, el movimiento continúa.

Se recurrió al amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna que ordenó la suspensión definitiva de la construcción. Ésto significó una gran victoria política y legal, pero “moviendo influencias” la corporación logró que la orden fuese revocada por un Tribunal Colegiado en Torreón. Éste les permitió reemprender las obras de construcción en mayo de 2020. No importó que los permisos municipales ya habían caducado durante el período de suspensión.

Entonces el Frente de Pueblos decidió establecer dos campamentos en las entradas de la fábrica para bloquear los accesos. El primero fue el 23 de julio de 2020, y el segundo, el 1 de septiembre del mismo año a pesar de estar en plena pandemia.

Al mismo tiempo, se apeló ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este organismo llegó a la determinación unánime de la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental para ese proyecto. La obra está suspendida desde que se hizo público en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la compañía borró a 22 comunidades ejidales del mapa.

Ante las injusticias y de manera decidida, los sectores progresistas de la región han asistido a la lucha. Tal ha sido el caso de los maestros de la CNTE, así como la Iglesia –encabezados por el obispo emérito Raúl Vera–, quienes han apoyado desde el inicio al movimiento en defensa de las comunidades y de la región, denunciando el gran peligro que representa la planta de cianuro para la vida.

Otro gran sustento ha sido la Contraloría Social del Agua de la Comarca Lagunera, parte integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida desde su fundación el 24 de febrero de 2021. Ésta defiende la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia hídrica en México. Desde el principio, propuso una instancia ciudadana auto-organizada que trabaje sobre las principales problemáticas de cada zona o región.

Esta organización ha denunciado los estragos que provoca el uso del cianuro en la minería y la contaminación del subsuelo, suelo y aire por este químico. Dicha problemática es fuerte en La Laguna, debido a que es una de las regiones de México con mayor sobreexplotación y degradación del agua.

De igual manera, promueven vínculos con universidades locales que se suman a la defensa del medio ambiente y a “la lucha de Dinamita” –como es conocida –. Igualmente, por ser una de las comunidades en resistencia, han recibido gran apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Tras la anulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la empresa Chemours buscó otras salidas para su negocio. El siguiente paso fue anunciar su venta a la compañía checa Draslovka Holding el primero de diciembre de 2021.

Gracias a la acción directa de comunidades, la construcción de la proveedora de la minería fue detenida y avanzó el desmantelamiento. Sin embargo, no se concluyó. La exigencia es: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento ¡Vida sí, cianuro no!

El Frente de Pueblos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para lograr los objetivos mencionados. Además se le invitó a visitar el campamento norte en la zona de Dinamita, Durango.

En México, es necesario incrementar las resistencias por la tierra y el agua. No importan los planes criminales de las grandes corporaciones ni la represión del Estado. El movimiento de Dinamita y de otras comunidades son pruebas: los han enfrentado y han salido adelante.

A pesar de ello, en 2020 hasta 10 compañeros todavía tenían que estar firmando porque estuvieron presos en la represión del 9 de marzo de 2018. Ésta fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de los gobiernos del Estado de Durango –encabezado por José Rosas Aispuro– y del municipio de Gómez Palacio –gobernado por Leticia Herrera Ale–; asiduos defensores de la empresa y su proyecto contaminante.

Las agresiones continúan en 2023. El 2 de febrero pasado, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos e integrante del Frente, Cristóbal González Estrada. Allanaron la vivienda y atacaron a sus hijos de 12 y 14 años.

The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders refirió que este atentado ocurrió después de que el Frente de Pueblos denunció el secuestro de otro integrante, Servando Delgado Rentería, el 25 de enero. Además, la organización civil mexicana precisó que ha sido víctima de hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas. (Julio César Ramírez en el Sol de Durango, 18 de febrero 2023).

Las corporaciones contaminan y explotan los recursos humanos y naturales de la región. Por si fuera poco, en contubernio con la compañía Austin Powder y su representante legal han demandado a seis luchadores sociales con carpetas de investigación. Se les obligó a comparecer y acudir a audiencias programadas el pasado 6 de junio de 2023.

No sólo involucraron a participantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna, sino también, del movimiento magisterial democrático de la CNTE. Es indignante que se criminalice a quien defiende la vida y la salud de su entorno y sus familias, además del derecho democrático de las comunidades a decidir sobre su propio entorno.

Hay repercusiones internacionales. La organización Front Line Defenders con sede en Dublín, Irlanda– dirigió un pronunciamiento urgente a las autoridades estatales de Durango, municipales de Gómez Palacio y federales –asentadas en la Ciudad de México–. Expresó su preocupación por las agresiones y hostigamientos en contra del Frente Unido de Pueblos. Asimismo, puntualizó que tal violencia es debido al trabajo colectivo como defensores de derechos humanos ante el megaproyecto de Chemours, instalado en Dinamita en 2017. A pesar del desmantelamiento –frenado– del proyecto químico, los integrantes del colectivo continúan sufriendo represalias.

En México las comunidades que defienden su territorio son modelos a seguir. Otro ejemplo son los pobladores de La Bahía de Ohuira, Sinaloa, quienes se enfrentan al riesgo de la construcción de una planta de amoniaco, la cual pone en peligro la vida que han desarrollado desde hace cientos de años.

Es un llamado a que las comunidades se organicen en contra de los daños empresariales al medio ambiente y en contra de las autoridades corruptas que lo permiten en los tres niveles de gobierno. Basta de que los pobladores no puedan decidir e implementar un desarrollo económico propio y para su beneficio. Basta de que lleguen empresas extranjeras depredadoras a desarrollar sus proyectos de muerte.

En esa región se aspira a un desarrollo sustentable. La Asamblea General del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa del Territorio, la Vida y el Agua ha decidido desarrollar un corredor ecoturístico de administración comunitaria en la Sierra del Sarnoso. Será ecológico y viable porque el área se reconoció como zona natural protegida.

Desyerbaron y limpiaron árboles y se capacitan para desarrollar el proyecto. Éste abarcará siete kilómetros desde Cadena hasta el pueblo de Dinamita. Les permitirá tener un desarrollo agropecuario –antes se dedicaban a la siembra de maíz y frijol–. Así como a desarrollar la ganadería de traspatio, la cual ayuda mucho a las familias. Y ya se están capacitando brigadas ecoturísticas para los futuros visitantes. De esta forma, los interesados podrán conocer la zona y las comunidades por la calidad cultural que tienen.

Al mismo tiempo de ser viable, debe ser apoyado por el gobierno federal para sustituir el corredor tóxico que preveía a las empresas contaminantes –fábricas de cianuro, sosa cáustica y amoniaco–.

En pie de lucha, el campamento norte de resistencia a la fábrica de cianuro Chemours en la zona de Dinamita, Comarca Lagunera, cumplió tres años. Tuvo el mérito y la valentía de haber sido instalado el 23 de julio del 2020 en plena pandemia de la Covid-19.

El pasado domingo 23 de julio, se celebró que la construcción de la proveedora de la minería a cielo abierto fue detenida y avanzó el desmantelamiento gracias a la acción directa de comunidades. A la conmemoración, asistió el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, quien bendijo los esfuerzos de los pobladores y los instó a seguir adelante contra el proyecto de muerte, pues la lucha aún sigue.

Debe ser apoyada a nivel nacional e internacional. La exigencia es la misma: Desmantelamiento total e inmediato y cese el hostigamiento ¡Vida sí, cianuro no!

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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