“Así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es ‘autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial’, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión”, acusó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en referencia a los crímenes de lesa humanidad cometidos en el gobierno de Ernesto Zedillo, quien ha estado atacando la democratización del Poder Judicial.

En su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal presentó un documental en el que se informa acerca de los crímenes de Estado ocurridos en el sexenio de 1994 a 2000. Entre ellos, destacan represiones como la de Aguas Blancas, en la cual 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros, y otros 23 heridos por judiciales y policías cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros el 28 de diciembre de 1995.

Los demás integrantes de la organización aseguraron que este acto fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

En este hecho, las autoridades estatales intentaron acusar a los campesinos de agredir a la policía para “justificar” lo ocurrido. Sin embargo, esa versión se desmintió y tres meses después. El gobernador Figueroa Alcocer se retiró de su cargo con la licencia indefinida mientras mantenía su fuero. Actualmente, los presuntos responsables continúan impunes.

Asimismo, en el breve documental de la Presidencia se expuso que el expresidente Zedillo contó con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) para ocultar las represiones de su administración. Ello, porque Antonio Lozano García, cercano a Diego Fernández de Cevallos, fue designado titular de la Procuraduría General de la República como parte de un acuerdo político no oficial. Durante la campaña presidencial de 1994, Fernández de Cevallos se retiró de la contienda, lo que facilitó el triunfo de Zedillo y abrió espacio para que el PAN ocupará posiciones clave en el gabinete.

Otro crimen de lesa humanidad del que se dio cuenta es el que se registró en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas. En el contexto del levantamiento zapatista –marcado por desapariciones forzadas y asesinatos sistemáticos–, el 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del Ejército contra integrantes de la organización “Las Abejas”, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita.

El hecho se prolongó por más de ocho horas y dejó 45 muertos, entre ellas mujeres embarazadas, niñas y niños; además de 26 heridos. Algunas víctimas murieron por disparos recibidos por la espalda o heridas con armas punzocortantes. Aún con la gravedad del ataque, la administración de Zedillo, a través del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, intentó deslindar al gobierno federal. Sin embargo, el secretario admitió haber tenido conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región lo que derivó en su destitución. La responsabilidad fue reconocida 23 años después, en 2020.

Otro hecho del que se acusó al sexenio zedillista fue el que ocurrió el 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. En el cual, elementos del Ejército Mexicano asesinaron a 11 personas –10 indígenas y un estudiante que no estaban armados– que participaban en una consulta popular. Después de la balacera más de 3 mil mixtecos permanecieron bajo cerco militar.

En el mismo mes, el 10 de junio de El Bosque, Chiapas, corporaciones policiacas acompañadas por helicópteros y vehículos artillados atacaron tres comunidades indígenas. El operativo dejó ocho pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas.

Durante ese mismo sexenio, movimientos sociales como “El Barzón” –integrado por campesinos y clases medias afectados por la crisis económica– también fueron reprimidos. El gobierno promovió la “Ley Zedillo” contra los deudores para proteger a los bancos y acreedores, mientras usaba la fuerza pública para contener las movilizaciones de los agricultores que exigen condiciones justas de pago.

Además, la violencia política marcó esos años: entre 1988 y 1997 más de 600 militantes del PRD fueron asesinados en un contexto de persecución sistemática contra la oposición. Ninguno de esos crímenes fue esclarecido.

La presidenta Sheinbaum expuso que “el autoritarismo tiene que ver con represión a movimientos sociales, a movimientos indígenas, cuando tienen que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales”, por lo que desmintió las acusaciones que hace el expresidente Zedillo a su administración.

“Con esto cerramos el tema y ya la ciudadanía y el pueblo de México tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes que no vivieron esas épocas […] Que cada quien decida, con información, dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia”, sentenció la primera mandataria.

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