Políticos y empresarios destacan en la lista de beneficiados del Fobaproa, considerado el mayor latrocinio que ha vivido México, y cuyo principal responsable sería el expresidente Ernesto Zedillo, quien impulsó el rescate con dinero público de los más ricos, en perjuicio de las mayorías.

Este 1 de mayo, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se proyectara un breve documental, que denunció que el Fobaproa es el “saqueo más grande a las arcas mexicanas, y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN, en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso”.

La deuda original de los privados –que se convirtió en pública– ascendió a 552 mil millones de pesos. Pero, “al cierre de 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705 mil millones de pesos; y en 2023, ascendía a 1 billón 96 mil 877.7 millones de pesos. En cuarto de siglo creció más de 100 por ciento, aunque ya se habían pagado más de 1 billón 376 mil millones de pesos sólo en bonos del IPAB”.

Al respecto, se indicó que “no fue casual la complicidad: entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN cuyas empresas se beneficiaron del Fobaproa, como: Vicente Fox, Fernando Senderes Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo. O los empresarios políticos Carlos Hank Rhon, que donó 25 millones de dólares a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994”.

El documental agregó que hay otros casos que fueron más conocidos, entre los que citó como beneficiarios del Fobaproa a: Carlos Cabal Peniche, Fernando Lankenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez. Y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez-Daza Rangel, Claudio X. González Laporte, Agustín F. Legorreta Chauvet, la familia Ballesteros, Valentín Diez Morodo, David Peñaloza, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino”.

El recuento histórico se hizo, luego de que el expresidente Zedillo volviera a atacar al gobierno de la 4T, ahora llamándolo un régimen tirano porque se realizará por primera vez la elección judicial, además de enfocar su descontento en la figura de Sheinbaum, al señalarla de antidemócrata, en momentos en los que la primera mandataria cuenta con una aprobación de más del 75 por ciento y de que ganó la Presidencia con casi 36 millones de votos.

“La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial, y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El Fobaproa surgió en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos, recién privatizados, para que, en caso de crisis y devaluaciones, entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el Fobaproa era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México”, se explicó en el documental.

Además, se expuso que el precedente directo de ese Fondo se ubica en 1983, cuando “se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios, Ficorca, con más de 10 mil millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale”.

El documental agregó que el “Ficorca, como el Fobaproa, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. Ficorca benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos”.

Asimismo, se explicó que “en diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la Presidencia de la República: Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés, y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150 por ciento, en solo unos meses”.

También se señaló que, entre 1994 y 1996, 17 millones de personas cayeron en la pobreza, para sumar un total de 64 millones de personas en esa situación. “Como consecuencia del ‘error de diciembre’, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar”.

En ese escenario, “el gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50 mil millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164 mil millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso ‘efecto tequila’ de la recesión económica mexicana”.

De acuerdo con el breve documental de la Presidencia, “el único rescate aprobado, desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo, fue a los grandes empresarios y a la banca quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al Fobaproa, equivalentes al 11 por ciento de toda la economía mexicana”.

Al respecto, se recordó que, en 1998, el PAN y el PRI en el Congreso apoyaron a la administración zedillista para convertir esa deuda privada en deuda pública, y que el Fobaproa se transformó en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Ello, “en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís”.

El documental de la Presidencia también señaló que el Fobaproa fue el modelo para otros rescates discrecionales en los que incurrió el gobierno de Ernesto Zedillo, como el carretero de 1997, que costó más de 165 mil millones de pesos; o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios, por más de 30 mil millones de pesos.

“En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el Fobaproa, IPAB, consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación”.

De acuerdo con el documental de la Presidencia, “hasta Carlos Salinas de Gortari, exjefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al Fobaproa en su libro La década pérdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros”.

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