Una de las líneas que mantiene abiertas la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del presunto secuestro de Ismael Zambada García –el Mayo Zambada– es la posible participación de varios actores [entre ellos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y el propio Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de Los Chapitos] en la treta que llevó a la captura del líder fundador del Cártel del Pacífico, en supuesta connivencia con autoridades de Estados Unidos, para que un comando de la DEA entrara ilegalmente a territorio mexicano y desarrollara un operativo clandestino de extracción. Lo que, de comprobarse, significaría la vulneración de la soberanía nacional.
En un comunicado de prensa, la FGR dio a conocer el 11 de agosto que inmediatamente después de ocurridos los hechos (el 25 de julio pasado) que involucran a Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López –hijo del Chapo Guzmán e integrante de la facción de Los Chapitos– el 26 de julio abrió la carpeta de investigación número SON/HSO/0001/882/2024, por los posibles delitos de: “vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria (artículo 123 del Código Penal Federal); y lo que resulte”.
El ilícito de traición a la patria que menciona la Fiscalía tiene que ver con la hipótesis de la vulneración a la soberanía de México. A la fecha, indicó la Fiscalía, se han agregado otros delitos, como: homicidio, privación ilegal de la libertad, y las coparticipaciones que se deriven. Asimismo, añadió que “en esa investigación se han realizado más de cien diligencias en diversas entidades federativas, requiriendo información a todas las instituciones y entidades que puedan y deban aportar información específica sobre este caso”.
La FGR detalló que personal del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial –con autorización del gobierno de Estados Unidos–“levantaron diligencias policiacas y periciales en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, las cuales ya están incorporadas al expediente correspondiente”.
Y en referencia a la conferencia de prensa que dio el embajador estadunidense Ken Salazar, el pasado 9 de agosto, en la que aseguró que no se violó la soberanía porque se trató de una operación en la que sólo participaron los narcotraficantes, la FGR indicó que se han hecho otras diligencias.
“Con motivo de las declaraciones oficiales de la representación diplomática de los Estados Unidos de América en México, así como documentos que el abogado de Ismael ‘N’, presuntamente dio a conocer públicamente a los medios en ambos países, se han llevado a cabo diligencias específicas en la zona conocida como Huertos del Pedregal de Culiacán y en el aeródromo que posiblemente se utilizó en este caso, al igual que en todas las pistas que puedan ser vinculadas específicamente con dichas presunciones. También se han diligenciado todas las solicitudes de documentación e información sobre navegación aérea; así como información migratoria entre México y Estados Unidos de América al respecto; lo cual se está incorporando de inmediato a la carpeta correspondiente”.
El comunicado de la FGR también apunta que “se está solicitando, con carácter de urgente, a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que se avenga a la atracción federal del caso del homicidio de Héctor ‘M’ [Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien habría sido asesinado ahí mismo al momento de que el Mayo Zambada era secuestrado], por sus posibles vinculaciones con el tema principal que se está analizando”.
Además, expuso que la representación de la FGR en Sinaloa ya se ha comunicado con el gobernador Rocha Moya, “para obtener toda la información respectiva que sea procedente”. Y agregó que “en las hipótesis de investigación ya referidas se están integrando los elementos que permitan solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión que correspondan; y el área de asuntos internacionales de la FGR prepara las solicitudes de asistencia jurídica internacional que son necesarias en este caso”.
La Fiscalía explicó también que “cada nuevo elemento de prueba se incorpora a la carpeta y se le diligencian todos los actos que de ello deriven. La información que pueda ser pública se dará a conocer en forma inmediata; y cuando haya cualquier obstáculo o cualquier táctica dilatoria en la investigación, se ahondará en ello; y si el caso lo permite, se comunicará públicamente, en forma específica y sin dilación alguna”.
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