Tres formas de generar recursos adicionales para el nuevo gobierno de México son dejar de cargar con el peso de la deuda heredada, aplicar una reforma fiscal progresiva y cobrar impuestos a las fortunas.

Suspender pagos, auditar y renegociar la deuda es urgente, así dice el planteamiento de la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública en México (https://nomasdeudapublica.org).

En 2024, se pagarán 1 billón 263 mil millones de pesos; 1 billón son mil millones. Para que se entienda mejor, serán mil veces mil millones más 263 mil millones. ¡En un segundo! ¿Por qué debemos tanto?… 40 mil de pesos … Dame un minuto… 2.4 millones de pesos por minuto.

¡¿Pero a qué horas?! Cada hora, se pagan 144 millones de pesos. ¿¡Pero a diario?! 3 mil 460 millones al día. A la semana, son 25 mil 200 millones ¿Y al mes? 105 mil 333 millones. Al año 1 billón 263 mil millones. Eso es lo que se paga por el servicio de la deuda pública de México.

Esta danza de números es difícil de entender. Para explicarlo, cada segundo pagamos lo que equivaldría a reforestar dos hectáreas, o instalar un sistema de cosecha de aguas en una escuela o en un mercado.

Cada diez segundos, cuesta lo que equivale regalar una vivienda a los acreedores. Cada hora, se paga lo que costaría pavimentar 20 kilómetros de carretera. Cada día, equivale a la cantidad necesaria para construir 100 hospitales. Semanalmente, cuesta cinco termoeléctricas. Cada mes, lo que financiaría un aeropuerto. Y cada año, cuatro refinerías.

Lo que se paga por el servicio de la deuda, equivale a seis casas cada minuto; 36 por hora; 864 por día, y 315 mil al año. O el costo de 35 mil hospitales o 12 aeropuertos.

Cada mexicano o mexicana debe alrededor de 100 mil pesos. Cada familia, medio millón de pesos en promedio. ¿Es correcto pagar a ciegas? Esta deuda es una carga heredada del viejo régimen corrupto y sus grupos y mafias.

¿Por qué pagar a ciegas? Es necesario hacer una auditoría ciudadana-gubernamental. Debemos revisar y renegociar la deuda para que el nuevo gobierno cuente con recursos suficientes.

Tomemos un ejemplo. El Fobaproa-IPAB era una deuda privada de los bancos, producto de fraudes y chanchullos de la oligarquía. El presidente priista Zedillo convirtió 553 mil millones de pesos en deuda pública. En la actualidad, ya se han pagado 724 mil millones, pero resulta que todavía debemos 1 billón 200 mil millones de pesos. Este monto equivale al pago total del servicio de la deuda de este 2024.

Este año, vamos a pagar la enorme cantidad de 66 mil millones por una deuda de los bancos, mientras éstos no pagan un centavo y rompen récord de ganancias. Durante 2023, ganaron 273 mil millones de pesos.

Sin embargo, la carga recae en nosotros, los contribuyentes. Esa es una deuda odiosa que debe ser desconocida. Hoy, es momento de suspender los pagos. No debemos pagar a ciegas, así lo demuestra la historia.

El pago se llevó el 14 por ciento del presupuesto federal y el pago a pensiones, el 17 por ciento. Esto quiere decir que se podrían duplicar las pensiones de los trabajadores, al eliminar los subsidios de los privilegiados exfuncionarios.

En 2022, los ingresos del 30 por ciento de los hogares más pobres sumaron 977 mil millones. Mientras tanto, el pago de la deuda pública sumó 1 billón 100 mil millones. De modo que se puede más que duplicar los ingresos de los más necesitados.

El costo financiero de la deuda supera el costo de los programas sociales prioritarios. Asimismo, supera al costo de los proyectos prioritarios. Al concluir este sexenio, el gobierno federal habrá destinado 2 billones 700 mil millones de pesos del erario a los programas sociales, cifra sin precedente en la historia del país, según un informe oficial de Carlos Torres, coordinador del Programas para el Desarrollo de la Presidencia

Por otro lado, al pago de la deuda se ha destinado 5 billones, según informa la Secretaría de Hacienda. Con el dinero del servicio de la deuda, cada beneficiario de un programa social podría recibir el triple de los ingresos.

La proporción de la riqueza nacional que corresponde al gobierno ha disminuido debido a las políticas neoliberales. De 2003 a 2020, han pasado de 23.2 a 9.3 por ciento. Es necesario que el Estado recupere la capacidad financiera, con el objetivo de garantizar los derechos de la población y construir la plena soberanía económica, política y social.

Además de la suspensión de pagos, hace falta una reforma fiscal progresiva para obtener billones de pesos adicionales. Actualmente, mientras el impuesto sobre la renta para la población es del 35 por ciento, las corporaciones sólo pagan el 2.4 por ciento, y las mineras, 0.02 por ciento, según ha informado Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

La situación actual exige una reforma fiscal para que México deje de ser una de las naciones, en la cual se pagan menos impuestos. Nuestro país ocupa el último lugar de recaudación en países de la OCDE. Mientras que en Dinamarca se pagó el 46.3 por ciento, aquí fue sólo el 16.5 por ciento.

Esta reforma fiscal progresiva debe ir acompañada de un impuesto a las grandes fortunas. Según la revista Forbes, las 10 personas más adineradas del país alcanzan un monto conjunto de 176 mil 800 millones de dólares. Esto representa un incremento de 45.2 por ciento, si se le compara con los 121 mil 700 millones que poseían en 2018.

En el caso del empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México y de Latinoamérica, su fortuna se ha mantenido como la más valiosa del listado. Hoy, se estima en 102 millones de dólares, que representa un avance de 52.2 por ciento, si se le compara con los 67 millones de dólares que tenía en 2018. Oxfam evalúa que concentra casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana; alrededor de 63 millones 800 mil personas.

La fortuna de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de la región y del país, se incrementó en 125 por ciento en términos reales desde el inicio de la pandemia. Esta organización ha asegurado que la fortuna de Carlos Slim y Germán Larrea se ha incrementado en 70 por ciento durante los últimos cuatro años.

También, 294 mil personas poseen una cifra igual, o superior, al millón de dólares. La suma de este pequeño sector de ricos representa el 60 por ciento del total de la riqueza privada en México, según el reporte El monopolio de la desigualdad, realizado por la organización internacional Oxfam. De éstos, el 0.002 por ciento de la población acumulan riquezas de alrededor de 20 billones de pesos.

México es uno de los países más desiguales del mundo. De acuerdo con el World Inequality Report 2022, el 10 por ciento más rico de los receptores de ingresos gana 30 veces más de lo que percibe el 50 por ciento que menos gana.

En patrimonio, ese 10 por ciento tiene cerca del 80 por ciento de la riqueza del país. Por cierto, la desigualdad en el ingreso es más del doble del promedio de países de la OCDE.

En 2021, las personas más ricas concentraban el 36.4 por ciento de los ingresos, y el 10 por ciento más pobre, el 1.8 por ciento. Es indispensable gravar la propiedad, la riqueza y el ingreso. Garantizar que los que más tienen paguen más impuestos.

La reforma fiscal es una urgente necesidad para que, junto con la suspensión de pagos, el gobierno pueda disponer de por lo menos un 30 por ciento de recursos adicionales.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está contemplando una reducción del gasto público para el siguiente año. De acuerdo con las estimaciones, tendría una disminución del 24 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Esto es casi tres puntos porcentuales menor al estimado para el cierre de este año de 26.9 por ciento. De esta manera, el gasto neto total disminuiría 706 millones de pesos respecto a lo aprobado este año; es decir, sería 7.5 por ciento menor (El Economista).

El país necesita lo contrario. Es fundamental que se fortalezca el gasto público y que el gobierno entrante tenga suficientes recursos para enfrentar las necesidades de la población y del desarrollo interno.

Con esos recursos, se debe generar la creación de empleos formales con prestaciones; fortalecer la soberanía energética; lograr la soberanía alimentaria; fortalecer los sistemas de salud y educación, y garantizar los derechos de las mujeres y de los jóvenes.

Se debe destinar recursos para los pueblos originarios; establecer un sistema nacional de cosecha de agua de lluvias; invertir en la captación del agua a través de un sistema hídrico sustentable; enfrentar las consecuencias del cambio climático, e impulsar la reforestación.

México está rezagado en el cobro de impuestos, debido a las políticas del PRIAN a favor de los más ricos; esto puede y debe cambiar. La recaudación tributaria como porcentaje del PIB de México fue del 16.9 por ciento en 2022. Estuvo por debajo del promedio de América Latina y el Caribe que fue del 21.5 por ciento.

Según las Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe, está por debajo del promedio de la OCDE de 34.0 por ciento. Es urgente que el Estado mexicano obtenga los recursos necesarios para el desarrollo, el bienestar y la justicia.

Por otro lado, es necesario recuperar la tradición histórica de los gobiernos progresistas. En la independencia, se suspendieron los pagos; también durante los primeros presidentes Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Lo mismo hicieron Valentín Gómez Farías y Benito Juárez en sus gobiernos. Y en la Revolución de 1914, también.

En la época del cardenismo, se mantuvo y se obtuvo reducciones del 80 y 90 por ciento. Los conservadores nos endeudaron, pero los gobiernos progresistas pusieron un alto.

Profundizar la transformación de México o ponerle un “segundo piso” cuesta y mucho. Hacen falta recursos que se obtendrán de combatir privilegios de las grandes corporaciones y la oligarquía proyanki. El nuevo gobierno necesitará de recursos. Es cuestión de necesidad y de justicia.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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