En el penal femenil de Santa Martha Acatitla, el Instituto Federal de Defensoría Pública encontró decenas de casos de mujeres que ya deberían estar en libertad. Tortura probada con recomendaciones de derechos humanos, ausencia de traductores en los juicios, preliberaciones autorizadas y no ejecutadas, exceso de prisión preventiva son algunas de las anomalías que las mantienen en prisión. En entrevista, el abogado Diego Tovar, director de la Unidad de Defensa Penal, indica que el compromiso del IFDP es revisar no sólo los 200 casos prioritarios que detectó el ministro presidente Arturo Zaldívar, sino atender a las más de 1 mil 300 reclusas de ese centro de readaptación social y brindarles orientación jurídica a aquellas de las que no puedan atraer sus juicios
Tortura probada con recomendaciones de derechos humanos, ausencia de traductores en los juicios, preliberaciones autorizadas y no ejecutadas, exceso de prisión preventiva son algunas de las anomalías que mantienen decenas de mujeres en la prisión femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Éstos son apenas los primeros hallazgos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), tras recibir la encomienda del ministro presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación y cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de atender 200 casos prioritarios de reclusas de ese penal cuyos juicios enfrentan diversas anomalías.
En entrevista con Contralínea, el abogado Diego Tovar, director de la Unidad de Defensa Penal del IFDP, indica que el compromiso de dicha institución es revisar no sólo esos 200 casos prioritarios, sino atender a las más de 1 mil 300 reclusas de ese centro de readaptación social. Acerca de los casos que no pueda atraer el Instituto, se les brindará orientación jurídica y recomendaciones de las instancias a las cuales deban acudir, expone.
“De estos 200 asuntos, ya fueron entrevistadas más de 96 personas entre el jueves [19] y viernes [20 de mayo]. En esta semana [del 23 al 29 de mayo de 2022] se llevarán a cabo miércoles y viernes brigadas más grandes de entre 30 y 40 defensores públicos. El reto es poder atender a las más de 1 mil internas. Esto no significa que vayamos a representarlas a todas. Vamos a escucharlas, analizar su situación y en algunos casos vamos a tomar la representación en observar –de acuerdo con el convenio que se firmó por parte del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro presidente Arturo Zaldívar, y el gobierno de la ciudad de México–, trataremos de llevarles justicia y tomar los casos que puedan ser de nuestra competencia”, indica el defensor público.
Respecto de las irregularidades, explica que encontraron reclusas que han sido objeto de tortura documentada en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que eso no se ha tomado en cuenta para sus liberaciones. Agrega que hay otras que no han sido defendidas y no han recibido justicia con perspectiva de género. Como ejemplo, cita el caso de una mujer que vivía una relación violenta: su pareja la golpeaba y a sus niños, y un día acabó asesinando a golpes a la niña de 8 años; por ese delito que ella no cometió, explica, está pagando con cárcel sin contar que es una doble victimización porque ella perdió a su hijo. Además, indica, “tiene una niña de un año afuera de la prisión y no puede verla, está siendo procesada con riesgo de ser sentenciada por un delito que no cometió. Esto es un ejemplo de varios, hay muchas mujeres que necesitan recibir una defensa con perspectiva de género, en situación de vulnerabilidad”.
El abogado Diego Tovar agrega que también hay internas que no han tenido una defensa adecuada, pues a pesar de pagar un defensor particular no tenían la representación técnica que exige la ley. Por ello, dice, “hay que combatir esta situación dotándolas de un defensor público que tiene la capacidad y conocimiento; ofrecer pruebas porque es otra situación que hemos advertido: están llevando procesos en donde únicamente el defensor se dedica a hacer argumentación sin tener un cúmulo pro acta de riesgo que respalde la estrategia de defensa y es aquí que entra la Defensoría Pública porque, por primera vez, cuenta con peritos (son 30) que pueden emitir dictámenes en diversas materias”.
Otro ejemplo que pone respecto de la falta de perspectiva de género es el de una reclusa a la que su esposo le iba a quemar la cara con ácido, y en la riña le voltea el ácido al esposo y éste muere. “Ella está siendo procesada por el homicidio de esta persona que además la golpeaba, la violó, incluso ya había una denuncia, un proceso previo por haber tratado de matarla y, sin embargo, hoy en día ella está en prisión y sin recibir la defensa adecuada. Ya fue entrevistada y externó su deseo de defensa. Estamos haciendo los trámites internos, pero en cuestión de días para comenzar la defensa entre los procesos penales y atacar está situación de manera inmediata y buscar la mejor solución”.
Otra anomalía que han detectado los funcionarios del IFDP es el del beneficio preliberacional autorizado, que por la falta de una defensa adecuada, las internas no están en libertad. “Les comparto otro caso, el viernes pasado, de manera personal me entrevisté con una joven de 37 años que está dentro del penal y que tiene más de un año con el beneficio preliberacional garantizado, y por falta de una defensa que le ayude a hacer ver al juez que ya se reparó el daño a la víctima lleva año y medio sin poder salir a la calle, sin poder hacerse cargo de su hija. En su caso, se espera que en cuestión de unas semanas tengamos completo el trámite y que ella pueda estar en libertad”.
—Entre las estrategias que se están llevando se incluye aprovechar la Ley de Amnistía. Sin embargo, hasta ahora esta ley no ha tenido mucho éxito, hemos visto que las liberaciones que se han logrado son mínimas. ¿Qué tanto beneficio pudieran encontrar en esta Ley de Amnistía?, ¿podría ser esta una vía efectiva para poder conseguir la liberación de quienes no tienen que estar allí y que ya enfrentan situaciones de vejez?
—En el caso concreto de esta ley que aplica para procesos federales nosotros tenemos casos positivos: tenemos cerca de 60 libertades, incluso el pasado 10 de mayo obtuvimos la libertad de dos mujeres que eran personas que vivían en condiciones de pobreza extrema y cuidando a sus hijos como madres solteras. Sí se está aplicando la Ley de Amnistía pero se está aplicando en procesos federales. En el caso concreto de la Ciudad de México, sabemos que se está trabajando en su propia ley y así debe de ser, porque las personas que viven en Santa Martha en su gran mayoría son procesadas del fuero común. Por ello, estamos esperando que se emita esta Ley de Amnistía y en cuanto esté vigente claro que la vamos a aplicar y vamos a buscar la ruta jurídica para obtener libertades. Tenemos la experiencia de la aplicación de la ley de amnistía federal. Pero, por supuesto en las reglas federales, las personas que están entre la prisión y que puede aplicársele la Ley de Amnistía lo vamos a hacer. Te comparto que una de las dos personas que salieron el 10 de mayo, estaba recluida en Santa Martha y otra en Santa María Tepepan, es llevarles la justicia a ellas. Hay otras rutas porque ahora tenemos peritos, podemos hacer protocolos de Estambul, tenemos periciales en tecnología, tenemos la capacidad de atender 148 variantes lingüísticas distintas y por allí va la idea. Es adecuar las necesidades de cada una de las personas que están en Santa Martha y acercarle la justicia.
—Los procesos suelen tardar mucho tiempo en que se dicte sentencia, pero ¿qué tan ágil podrían darse estos amparos, estos beneficios preliberacionales, estás amnistías a favor de las mujeres presas?
—Esperemos que sea lo más inmediato. La intención es presionar a los órganos jurisdiccionales, si es que hay un retraso en la justicia, eso sí es muy claro. No todo es atribuible a la defensa, hay ocasiones en la que los órganos jurisdiccionales tardan más de lo razonable para emitir un pronunciamiento, resolver una situación en específico. Entonces nosotros, con la capacitación jurídica que tenemos, vamos a atender estas situaciones en específico. Aquellos asuntos que por alguna razón extraña no se ha promovido trámite correspondiente como podría ser un beneficio preliberacional los vamos a atender. Hay algunos casos que implican el accionar de algunas vías que serían como podría ser el amparo, buscar alguna reposición de procedimiento, hay que ver caso por caso, pero hay algunos que sí pueden ver un resultado fácil e inmediato por la situación de indefensión que tienen.
—Ha anunciado el Instituto que se utilizará el litigio estratégico en contra de la prisión preventiva oficiosa, por lo que ha implicado para estas mujeres esta medida excesiva por parte del sistema de justicia. ¿Cómo le harán?
—A nivel federal, que es la competencia que tenemos, hemos identificado cerca de 1 mil casos posibles en los que ya se está promoviendo la libertad de las personas por un exceso en la prisión preventiva. Es el primer punto, el que se puede revisar, modificar algo que no ocurría en todos los órganos jurisdiccionales y con un litigio estratégico que se llevó a cabo por el Instituto en la Revisión 315/2021 se logró que la Corte emitiera un pronunciamiento casi obligatorio en la revisión de la prisión preventiva si se excede; entonces eso, al ser un criterio que emitió la Corte, también aplica para las personas que están en la Ciudad de México. Por ello vamos a generar la revisión de las medidas cautelares incluso de estas personas a las que visitamos. Ya vimos algunas a las que se les va a promover este incidente de modificación con la intención de obtener su libertad y que lleven su proceso de libertad. Entonces eso es parte de la estrategia, obviamente también estamos combatiendo la inconvertibilidad de la prisión preventiva oficiosa. Es una medida cautelar de las que se ha abusado en el país de manera reiterada, entonces también estamos combatiendo la prisión preventiva oficiosa, no buscamos impunidad, nosotros somos una institución que se dedica a la defensa de los derechos de las personas vulnerables y la prisión preventiva vulnera los derechos.
El Instituto hará el esfuerzo de revisar más de 1 mil 300 casos de mujeres recluidas en ese penal, sin embargo no llevarán la defensa de todas. Al respecto, el abogado Diego Tovar explica que a todas se les dará orientación jurídica y alternativas, pues ese es un trabajo que la Defensoría ha hecho históricamente. “El recibir gente, darles asesoría jurídica, si hay que orientarlos a una institución lo hacemos. La gente que llega a la Defensoría siempre se va con una respuesta, siempre se le dice cuál es la ruta jurídica que debe seguir su proceso y en algunos casos, como vamos a tratar de hacerlo en esta ocasión encontramos a alguien que tiene una situación extrema de vulnerabilidad, pues tomamos el caso y lo defendemos, pero es algo reiterado. Les comparto que no es exclusivo de la Ciudad de México, tenemos presencia en todos los estados de la República, en todas las ciudades grandes del país hay una oficina de la defensoría pública con servicios totalmente gratuito y no es exclusivo de las brigadas incluso los familiares de las personas privadas de la libertad se pueden acercar al Instituto y recibir esta orientación”.
Asimismo, detalla que no sólo se está viendo el tema penal con estas internas de Santa Martha, sino que con algunas de ellas que quieren hacer algún trámite de divorcio, que tienen problemas intertestamentario por algún familiar fallecido y tienen ese derecho de aumentar su patrimonio, bienes, pero que por estar dentro de prisión no pueden resolver estos problemas. Todo eso también se va a seguir atendiendo.
El abogado Diego Tovar también indica que durante la visita del IFDP al penal de Santa Martha, accedieron a la estancia infantil y encontraron que, en su mayoría, las internas y sus hijos tienen buenas condiciones. “Yo puedo decir, porque lo vi con mis propios ojos, que las condiciones de las estancias para los niños son dignas tienen un buen lugar para estar la mitad del día para estar tomando sus actividades, formándose; pero también está la otra parte: no deja de ser una presión, hay hacinamiento en algunos dormitorios. Entonces estamos haciendo un esfuerzo por mejorar las condiciones de ellas”.
Añade que el Instituto tomó “la representación de una mujer que tiene a su niño y ya está por cumplir la edad en la que ya no pueden permanecer dentro de prisión y vamos hacer las gestiones para que ella pueda quedarse con su hijo dentro de la prisión porque ella es madre soltera, no tiene quién cuide a su hijo y es muy probable que el niño tenga que ser entregado al DIF para esperar a que su madre salga algún día de prisión y poder reunificarse”.
De acuerdo con el Instituto, de las 222 mil 369 personas presas a nivel nacional, 12 mil 480 son mujeres, lo que representa el 5.61 por ciento de la población penitenciaria. De éstas, 6 mil 569 se encuentran en prisión preventiva: 5 mil 346 corresponden al fuero común y 1 mil 223 al fuero federal. Por tanto, una de cada dos mujeres en prisión preventiva en México aún espera sentencia.
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