A pesar de generar miles de millones de pesos al año y ser uno de los espectáculos deportivos más rentables del país, el futbol profesional mexicano opera bajo un modelo económico que normaliza la precarización laboral, margina los derechos de quienes lo hacen posible y carece de vigilancia efectiva del Estado. Jugadores sin contrato, ausencia de sindicatos reales, violaciones sistemáticas a derechos humanos y laborales, y una creciente desprotección legal evidencian una industria que funciona para pocos, mientras deja en el abandono a la mayoría, exponen expertos consultados por Contralínea

El negocio del futbol soccer en México es muy próspero. Ejemplo de ello es lo que reporta el equipo América, propiedad de Grupo Ollamani, ante la Bolsa Mexicana de Valores: en el primer trimestre de 2025, obtuvo ingresos por 1 mil 611 millones de pesos. De éstos, de acuerdo con su reporte financiero, 699.7 millones correspondieron al rubro futbol, y 733.7 millones a los juegos. También indica que por concepto de editoriales y distribuidoras obtuvo 104.7 millones de pesos.

Fuente: informe financiero del Grupo Ollamani ante la BMV

La bonanza, sin embargo, no necesariamente llega a los bolsillos de los jugadores, quienes hacen posible el espectáculo y los resultados. Expertos consultados por Contralínea señalan que el futbol profesional mexicano opera bajo un modelo económico que normaliza la precarización laboral, margina los derechos de los jugadores y carece de vigilancia efectiva del Estado. Entre las faltas en derechos laborales destaca que muchos jugadores no cuentan con contrato y no hay sindicatos reales.

No obstante, el abogado y especialista en derecho deportivo Ricardo de Buen considera que la condición laboral de los futbolistas tuvo cierto avance: “yo creo que ha mejorado mucho, hay un mayor respeto de las normas laborales en general”. Sin embargo, aclara que ese progreso no es uniforme: “hacia abajo quizás no tienen la mejor protección y he visto muchos casos en los cuales se violan más flagrantemente los derechos laborales”.

Por su parte, la también abogada experta en derecho deportivo, Noemí Monroy y la exfutbolista Ana Paola Irigoyen,  dicen a Contralínea que aún falta avanzar en materia de protección a los derechos humanos y laborales en el entorno futbolístico y, si bien es un negocio en donde convergen distintos actores, el Estado no puede apartarse de vigilar que la actividad que desarrollan los privados sea en un marco de respeto a los marcos legales y jurídicos.

Priorizan ganancias y normalizan precarización laboral

El modelo económico del futbol profesional –ya sea varonil o femenil– se sostiene en la lógica de un negocio que genera ganancias principalmente para clubes, federaciones y medios, dejando en segundo plano a quienes hacen posible el espectáculo: las y los jugadores.

El valor de la Liga BBVA MX alcanzó una valuación histórica de 2 mil 747 millones de dólares para el cierre de 2024, informó la propia Liga a través de un comunicado. Esta cifra representó un aumento del 30 por ciento en comparación con 2020, cuando se valuaba en 2 mil 115 millones de dólares.

Desde una perspectiva jurídica, económica y de derechos laborales, Noemí Monroy –licenciada en derecho por la UNAM– puntualiza: “nos enfocamos muchísimo más en cuanto a un modelo de producción, de productividad, un modelo que deje una ganancia al respecto del bien o servicio que estamos ofreciendo que, en este caso, sería un deporte en particular como es el futbol”.

Critica que desde esa postura de la rentabilidad del negocio deportivo, “a veces dejamos de ver que quienes ejercen esa fuerza de trabajo, quienes están involucradas dentro de ese negocio también son personas y necesitan un trato a sus derechos, a su integridad física y psicoemocional”.

Observa que el modelo actual opera con un silencioso costo humano: “normaliza estas prácticas porque son cosas que han venido sucediendo y se acepta con esa primicia de: ‘lo logré y ya estoy aquí’”. Aferradas al sueño de convertirse en atletas profesionales, muchas personas aceptan condiciones laborales degradantes sin cuestionarlas.

La experta legal remarca el caso del llamado pacto de caballeros: un acuerdo no escrito entre los dueños de los clubes que permitía negociar el futuro de los futbolistas coartando su libertad para decidir con quién emplearse o con quién no, o incluso vetando jugadores.

En Europa, desde la década de 1990 se promovió la ley Bosman, conocida así porque fue resultado de la sentencia del caso de Jean-Marc Bosman, que permitió a los jugadores de la Unión Europea moverse libremente entre clubes al finalizar su contrato sin que el club anterior recibiera una tarifa de transferencia. Pero en México no hay una ley que castigue esos comportamientos en específico.

Paola Irigoyen subraya que “no está mal que el futbol sea un negocio”; el problema está en cómo se distribuyen las ganancias. “Lo que está mal es que esté tan mal redistribuido. Es una industria donde la asimetría de poder entre dueños, jugadores, jugadoras y aficionados es brutal”.

Falta de protección legal efectiva

Aunque los contratos incluyen mecanismos de resolución de conflictos –primero internos, luego ante instancias federales e internacionales como el TAS–, en la práctica esos procesos son largos y politizados.

La defensora legal Noemí Monroy considera que existe una falta de acceso efectivo a la justicia laboral pronta y expedita. Aunado a ello, afirma, hay un desconocimiento de los derechos laborales dentro del gremio futbolístico. La abogada agrega que existen casos donde los deportistas ni siquiera saben qué firmaron; aceptan relaciones laborales informales por miedo a perder su fuente de ingresos.

La Ley Federal del Trabajo –en sus artículos 292 al 303– regula los derechos y obligaciones de los deportistas profesionales, pero su principal problema en México y en un negocio como el futbol es su falta de aplicación, advierte Noemí Monroy.

Agrega que ello se debe a que en el país se carece de una inspección laboral en el futbol profesional. “No hay suficientes inspectores laborales o personas que se dediquen a la inspección laboral para certificar y verificar que en un club o en una empresa deportiva se está cumpliendo con el respeto a los derechos laborales, a que tengan una copia de su contrato mismo”.

A pesar de que la STPS ha realizado inspecciones laborales a clubes afiliados a la FMF, no existen cifras públicas que detallen cuántas supervisiones se han llevado a cabo en total dentro de este sector.

En 2015, tras una solicitud de acceso a la información, el extinto Instituto Nacional de Transparencia obligó a la STPS a revelar las visitas oficiales de inspectores a equipos como el América, Pachuca, Puebla y Morelia. Con ello se confirma que sí ha existido vigilancia laboral en el ámbito futbolístico profesional. No obstante, se desconoce el seguimiento o si hubo sanciones.

La supervisión permanente podría llegar a visibilizar la ausencia de sindicatos, por ejemplo. Y es que tras los intentos de sindicalización en el balompié se conformó la Comisión del Jugador, una asociación civil que funge como representación de los jugadores, pero sin las facultades de un sindicato.

“El mecanismo legal ideal es el de un sindicato. Son los únicos facultados para hacer contratos colectivos, emplazar a huelga, etcétera”, advierte el experto en derecho deportivo y miembro del TAS, Ricardo de Buen.

La realidad es que dicho organismo no actúa con autonomía e independencia, según los entrevistados. En ese sentido, Irigoyen cuestiona: “¿quién está adentro? ¿Quién hace que no funcione? El problema no es que falten instancias, es que las que hay están cooptadas o no tienen independencia”. Por ello, su reflexión es clara: “el futbol mexicano es un buen negocio, pero muy mal redistribuido, no sólo en dinero, sino en responsabilidades y derechos”.

Por su parte, el abogado De Buen recuerda que aunque el sindicato “legalmente tiene todo el reconocimiento, el problema fue que, al momento de renovar la directiva, los jugadores no fueron a votar. Hay quien dice que fue por amenazas”. Sin liderazgo, la estructura se desmoronó.

Derechos laborales y transmisión

Cada año, el futbol mexicano genera entre 800 millones y 1 mil 100 millones de dólares en ingresos operativos, según estimaciones de la propia Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol. Estos ingresos provienen principalmente de los derechos de transmisión, que representan hasta el 80 por ciento del total de ingresos en algunos clubes.

Si bien existen normativas, la disputa por quién transmite los partidos se centra en el rating y la ganancia comercial. Se ignora que también importan las condiciones en las que juegan las y los deportistas: “¿esas condiciones son dignas?”, cuestiona la abogada Monroy.

Al respecto, señala que a los deportistas se les ordena jugar bajo altas temperaturas, estar en estadios donde la violencia puede poner en riesgo tanto a a los jugadores como al público y al personal técnico. Y ese riesgo –añade– es ignorado por el modelo de negocio que prioriza la satisfacción inmediata del consumidor.

Aunque legalmente factible, la figura sindical sigue siendo estigmatizada en el deporte. El único antecedente con cierto grado de éxito de un sindicato registrado fue el de Futbolistas Agremiados de México (FAM), que colapsó por falta de adhesión. “Ya no se afiliaban porque les ofrecieron mejores condiciones para dejar de formar parte”, explica la experta en temas deportivos, Noemí Monroy. Entre amenazas, promesas, prebendas y miedo a perder puestos, la organización colectiva perdió fuerza.

Hasta la libertad de expresión se ve minada en ese gremio. Paola Irigoyen recuerda que cuando decidió hablar públicamente de la falta de apoyo al futbol femenil recibió presiones. “Después de hablar cambian ciertas relaciones, ciertas cosas. Me llegaron a decir: ‘oye, deberías de cuidar lo que dices’”.

Sin embargo, considera que el miedo no puede seguir frenando la transformación. “El punto es que se empiece a hablar de la defensa efectiva de derechos en diferentes divisiones y ramas, y que sea real, no sólo una medalla simbólica”.

Para lograr una transformación real, afirma, es fundamental democratizar el futbol mexicano. “Eso no significa sólo poner los partidos en streaming y decir que ahora todos tienen acceso. Democratizar significa dar poder real a jugadores, jugadoras, medios, y aficionados para que también puedan sentarse a la mesa de decisiones”.

En países como Alemania o Inglaterra –explica la exjugadora profesional–, los sindicatos de futbolistas trabajan directamente con clubes y federaciones. “Aquí eso no pasa. Nos falta entender que el futbol no solo se construye desde las canchas, también desde la política pública y la organización social”.

Tanto la abogada Noemí Monroy como la exfutbolista Paola Irigoyen promovieron activamente una iniciativa en el Senado de la República que busca garantizar tres derechos fundamentales: un salario mínimo digno para las jugadoras, acceso equitativo al deporte desde la infancia y representación paritaria de mujeres en la industria.

“El futbol tiene que dejar de ser visto como un espectáculo sin responsabilidad social. Si en México es tan importante, entonces debe formar personas y atletas, no solo generar ganancias para unos cuantos”, expresa la exjugadora.

Eliminación del ascenso y descenso de equipos

Por su impacto en el ámbito laboral, uno de los temas que también cobró relevancia en el último año fue la eliminación del ascenso y descenso. En 2020 la Federación Mexicana de Futbol eliminó dicha figura entre la Primera División y la Liga de Expansión bajo el argumento de “reestructurar financieramente” al futbol mexicano y con la promesa de que volvería para 2025.

Sin embargo, ante la incertidumbre 10 clubes de la Liga de Expansión emprendieron una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el ascenso y descenso en la Liga MX. Sin embargo, sólo seis se mantienen en la querella: Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, CD Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG.

Los otros cuatro –CF Atlante, Jaiba Brava, Alebrijes de Oaxaca FC, Cimarrones de Sonora FC– desistieron luego de que la Federación Mexicana de Futbol anunciara el pasado 3 de junio el recorte al subsidio de 20 millones de pesos anuales a los clubes involucrados en la demanda colectiva ante el TAS.

El tema llegó al Senado de la República, en donde surgió el debate sobre el papel que puede tener el Estado frente a este tipo de situaciones. No obstante, en los artículos 14 y 15 del estatuto de la FIFA, el organismo señala que no se permiten injerencias de terceros en cualquier situación reglamentaria, ya que ello podría derivar en sanciones para el miembro afiliado, mismas que podrían llegar hasta la expulsión.

La exfutbolista Paola Irigoyen considera que cuando se dan este tipo de situaciones, “tiene que haber una regulación porque si entre privados no se puede de alguna manera regular bien, que es lo que al parecer se está viendo y que es muy patente, quizá entonces sí tendrá que entrar el Estado a ver efectivamente qué está pasando porque lo que es al final fundamental es el respeto a los derechos humanos básicos”.

Al reflexionar sobre el por qué lo privado debe estar supervisado por el sector público, la atleta mexicana cita a James Madison en el Federalista 51: “si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios ni controles externos ni internos sobre el gobierno”.

A la reflexión se suma la abogada experta en derecho deportivo Noemí Monroy, quien expone: “a veces creemos que el ámbito privado o las empresas no tienen la misma obligación que el Estado de salvaguardar derechos humanos y, por el contrario, nosotros tenemos una organización y una estructura de quien deriva mi facultad de poder ser la única federación en dedicarme a este deporte, y esa es una facultad exclusiva que me dio el Estado”.

Dicha facultad significa que “tengo esas mismas responsabilidades que el Estado de salvaguardar la integridad física, los derechos de las personas que van a estar involucradas dentro de todo este ámbito deportivo y no únicamente de las personas deportistas en sí, sino de todas quienes estamos involucradas porque el mismo riesgo implica para la persona que está cubriendo el evento, como para la persona que está jugando dentro de un campo”, explica.

Por su parte, Paola Irigoyen expone que aunque parecieran ser cosas del sentido común, en ocasiones “el sentido común no es tan común” y se trata de una cuestión en la que deben reflexionar las partes en disputa: “si hay cordura en ambas partes, se pueden arreglar sin necesidad de que alguien más entre, quizá hay cordura suficiente para que incluso el conflicto ni siquiera se canalice de una peor forma, pero cuando ves que no, quizás si necesitas esa otra parte, porque parece ser que entre tus propios reglamentos realmente no puedes hacer que las cosas funcionen”.

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