El Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa de reforma al Código Penal Local, con el fin de tipificar el delito de la corrupción inmobiliaria y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión.
A raíz de la iniciativa enviada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, el pleno votó a favor de sancionar al servidor público que permita la construcción de inmuebles o pisos adicionales que no cumplan con los requisitos legales.
Con la entrada en vigor del capítulo XV en artículo 276 Quater, los funcionarios públicos que busquen algún tipo de beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, se les incrementará la pena establecida en una mitad; es decir, hasta 30 años en prisión. Lo anterior aplica también para el cónyuge, descendientes, ascendientes, socios, sociedades, etcétera.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero Villaseñor, afirmó que es totalmente entendible sancionar a quienes intentan aprovecharse de su cargo público.
“Se busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad”.
Igualmente, la congresista del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martha Soledad Avila Ventura, se pronunció a favor de combatir la red del tráfico de influencias entre personas servidoras públicas, empresarios y notarios. “Las violaciones a la ley para la construcción de pisos excedentes a los autorizados por la norma ha posibilitado la generación de cuantiosas fortunas multimillonarias al amparo de los cargos públicos”.
El llamado cártel inmobiliario ha sido el reflejo de un entramado de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, en el cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) encontró la participación de funcionarios y exfuncionarios del Partido Acción Nacional (PAN).
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