De 2016 a enero de 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha tenido ingresos por 502 millones 588 mil 208 pesos. Entre sus mecenas, destacan el gobierno de Estados Unidos, fundaciones extranjeras ligadas a la derecha global, así como la élite de la oligarquía mexicana. Por ejemplo, el magnate Germán Larrea, a través de su Grupo México; Laboratorios PISA; Tiendas Chedraui y Soriana; Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark y padre del empresario Claudio X González Guajardo–; Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis; Valentín Díez-Morodo, mediante su Fundación Maelva; Antonio del Valle Perochena, por medio de su Fundación Kaluz. Todos ellos, opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los más de 500 millones de pesos, 277 millones 231 mil 516 pesos los obtuvo entre 2019 y enero de 2024 –periodo que coincide con el sexenio actual–. De este último monto, 96.7 millones los obtuvo directamente del gobierno estadunidense, lo que podría implicar un claro injerencismo del vecino del norte. El resto –225 millones 356 mil 692 pesos–, los obtuvo en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que el financiamiento directo del gobierno estadunidense comenzó después del triunfo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Al participar esta mañana en la conferencia presidencial, indicó: “a partir del 29 de agosto hasta el 23 de enero de 2024 –como les decía, también ha habido una aportación en el año actual– Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América”.
Es decir, la oligarquía que más se ha opuesto a esta administración junto al gobierno de Estados Unidos han financiado las dos principales estrategias golpistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: el supuesto “litigio estratégico”, como disfrazan las acciones de lawfare, y la propaganda negra que suplanta el ejercicio periodístico–. Y es que el grupo de presión creado en 2015 por el empresario y accionista de Kimberly Clark, Claudio X González Guajardo, se dedica a impulsar juicios de amparo contra las principales obras de infraestructura de esta administración, y por otra parte, a criticar la supuesta ineficacia del gobierno en esas mismas obras que entorpeció con sus estrategias legaloides.
El titular de la UIF expuso que el organismo emisor de las transferencias financieras entre agosto de 2018 y enero de 2024 es el Financial Services Center, y que fueron facturados por Mexicanos Contra la Corrupción, a nombre de la US Agency for International Development (USAID), Embajada de Estados Unidos en México.
“Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96 millones 740 mil 613 pesos 60 centavos […] a partir del 29 de agosto de 2018. El 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso”, detalló Gómez.
Asimismo, indicó que el financiamiento del exterior, particularmente de Estados Unidos, provino de: tres operaciones desde de Ford Foundation, por 5 millones 601 mil 500 pesos; dos operaciones de John and Catherine MacArthur Foundation; una de International Community Foundation; otra, FPOS, marca la cuenta bancaria, desde Estados Unidos, en 2020, por 978 mil 72 pesos; una operación desde Rockefeller Brother Foundation Incorporated, por 471 mil 250; una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated, en 2017, por 50 mil 957.50, que hace un total del periodo de 17 a 23 de nueve donativos por un total de 13 millones 17 mil 951, procedentes de los Estados Unidos de América.
“Estas aportaciones del gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y un Congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena y que conforma ese movimiento denominado cuarta transformación, en la que no sólo participan tres partidos, claro, sino participa muchísima gente que no corresponde ni es miembro de ninguno de estos tres partidos, pero que forman parte de un movimiento nacional y popular mexicano. Entonces, no es –insisto en esto, que es muy importante– la subvención del gobierno norteamericano no es, no se da antes de las elecciones de 2018”.
Otros financiamientos desde cuentas en el extranjero, dijo Gómez, provienen de: la National Endowment For Democracy (NED) procedente del Reino Unido entre 2018 y 2020; seis operaciones por 1 millón 615 mil 75 pesos mexicanos. “National Endowment For Democracy es una institución creada por el Congreso de Estados Unidos para financiar justamente lo que ese gobierno considera que son movimientos en favor de la democracia”.
Acerca de los mecenas en México, indicó que están: Fundación Maelva, AC, encabezada por el empresario Valentín Díez-Morodo, “que es una persona muy vinculada a consorcios empresariales muy poderosos; están ahí también algunos otros prominentes empresarios y capitalistas de México. De ahí, desde 16 hasta 23 obtuvo Mexicanos Contra la Corrupción 44 millones de pesos”.
Pablo Gómez detalló que estos donativos, de acuerdo con la ley mexicana que está en vigor, son objeto de una concesión fiscal, se deducen para efectos fiscales en las declaraciones de las empresas y de los individuos. “Esto no es un subsidio del gobierno en turno, es un subsidio del Estado mexicano, el indirecto que beneficia a las asociaciones civiles que están dentro de este estatus de organismos sin fines de lucro que pueden recibir donaciones”.
Y criticó que “estas organizaciones no informan a la sociedad, tampoco informan al gobierno, a pesar de que reciben recursos o pueden recibirlo de la sociedad, y a pesar de que quienes donan el dinero pueden deducir el donativo en el pago de sus impuestos”.
Otros donantes que citó son:
Sistema de Observación por la Seguridad, 34 millones 240 mil, del fallecido Alejandro Martí.
Fundación Kaluz, 19 millones, de Antonio del Valle Perochena.
Fundación Unifin, 12 millones 200 mil pesos.
Una cuenta de Banamex, 9 millones 500 mil.
Fundación Alsea AC, 8 millones.
Fundación Gentera, 9 millones.
Kyara, SA de CV, entre 2017 y 2020, dio 6 millones 600 mil.
American Express Company, 6 millones 562 mil.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 6 millones.
Laboratorios Pisa, 6 millones.
Fundación Magdalena Ruíz de del Valle, 6 millones 900 mil.
La Tesorería de la Federación le devolvió, después de la declaración del año 2021, 5 millones 573, “porque ellos también tienen la capacidad de poder obtener la devolución de impuestos cuando estos han sido enterados a Hacienda por concepto de la facturación o del pago de sueldos y honorarios”.
Grupo México, de Germán Larrea, 5 millones.
Nuplen Comercializadora, SA de CV, 5 millones.
Tiendas Chedraui, 5 millones.
Corporativa de Fundaciones AC, 8 millones 796 mil.
Creel García Cuéllar Aiza, 4 millones 750 mil.
Fundación Soriana, 4 millones.
Ingenio Tala, 4 millones.
Operación y Manufactura Interceramic, 4 millones.
Grupo Porcícola Mexicano, 3 millones 333 mil 340.
Holzer y Compañía, SA, 3 millones 255 mil 961 pesos;
Fundación Empresarios por Puebla, 3 millones 200 mil pesos.
Grupo Conéctame, SA de CV, 3 millones 93 mil 419 pesos.
Emilio Icaza Chávez, 3 millones 670 mil.
Almacenadora Accel, SA, 3 millones.
Gigante Grupo Inmobiliario, 3 millones.
CompuSoluciones y Asociados, SA, 2 millones 640 mil.
Administración de Riesgos, 2 millones 200 mil.
Banamex, 2 millones.
Evercore Casa de Bolsa, 2 millones.
Frisa Forjados, 2 millones.
Fundación Antonio Chedraui, 2 millones.
Fundación Capital, 2 millones.
Minera México, 1 millón 750 mil.
Una cuenta en Banco Azteca, cuyo titular no conocemos todavía, 1 millón 704 mil 958.
Dine, 1 millón 666 mil 666.
Defrak Integrated Services, 2 millones.
Embotelladoras Novamex, 2 millones. Entre otros.
Documento: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad AC
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