Horas después de que se hiciera pública la acusación penal por parte del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios –entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza Cázares–, por supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el pasado martes recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, la dependencia señaló que la documentación “no cuenta con elementos de prueba” para poder determinar la responsabilidad de las personas que han sido señaladas.
Ante esta situación, la SRE –a cargo de Roberto Velasco Álvarez– explicó que el expediente ya fue turnado a la Fiscalía General de la República –encabezada por Ernestina Godoy Ramos–, para que determine la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición conforme al marco jurídico nacional. “De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”.
La solicitud no es menor. Según la dependencia mexicana, el documento se recibió el pasado 28 de abril a las 18:00 horas por parte de la Embajada estadunidense, a cargo de Ronald D. Johnson. Este último escribió, desde sus redes sociales, que una de las prioridades compartidas entre Estados Unidos y México es “fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho”; aunque, reconoció, aún no se puede hacer una declaración sobre las imputaciones y el proceso legal en curso.
Por su parte, Rocha Moya rechazó de manera categórica las imputaciones formuladas en su contra por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Con ello, señaló que el ataque no es exclusivamente en su contra, sino al movimiento de la autollamada cuarta transformación. “Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional”.
De acuerdo con la acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Sur de Nueva York, el Cártel de Sinaloa hizo alianzas con figuras clave del gobierno mexicano, entre ellas Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; así como con Enrique Inzunza Cázares, senador por representación de Sinaloa, quien anteriormente fue secretario general de dicha entidad bajo el mando del gobernador; y Enrique Díaz Vega, empresario que ocupó el cargo de secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, cargo designado por Rocha.
Otros de los acusados son Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa de 2017 a 2022; Alberto Jorge Contreras Núñez –alias Cholo–, quien fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa en el periodo de 2022 a 2026; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa de 2023 a 2024; y José Antonio Dionisio Hipólito –alias Tornado–, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa desde 2017 hasta 2022.
También se acusa al alcalde de Culiacán, Juan De Dios Gámez Mendívil, y a Juan Valenzuela Millán –alias Juanito–, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, cargo que ocupó desde 2018 hasta 2024. Este último, además, ha sido señalado por autoridades estadunidenses de participar en el secuestro y homicidio de una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como de un familiar de la misma.
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