El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atender la impunidad en los casos de desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares. Argumentó que no existe una persecución penal ni tampoco una política nacional para la prevención y erradicación de estas problemáticas.

En un comunicado, el MNDM sostuvo que “la crisis forense requiere atención urgente, tanto de los servicios periciales ordinarios, como de las iniciativas de reciente creación, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)”. De igual manera, resaltó la importancia de la legislación local, desde las leyes de desaparición, declaración de ausencia, hasta la política de prevención.

Asimismo, respaldó el informe publicado el 3 de octubre del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED). En éste, se sostiene que en México se vive una crisis forense, pues existe un elevado número de cuerpos y/o restos humanos en los servicios médico-forenses y se carece de coordinación para la identificación humana, así como de la coordinación intrainstitucional e interinstitucional en las instituciones federal y estatales encargadas de la búsqueda e investigación.

Por tal motivo, el MNDM hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla de forma efectiva con las 73 recomendaciones presentadas por el CED.

“Subrayamos la necesidad de:

1. Transparentar la metodología utilizada para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, garantizando la fiabilidad de los datos recopilados y la participación de las familias en este proceso.
2. Asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General.
3. Prevenir actos de violencia, vigilancia, amenazas y represalias contra los familiares de personas desaparecidas.
4. Garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación.
5. Instaurar mecanismos de coordinación interinstitucional sistemática entre las instituciones responsables de la identificación de personas fallecidas.
6. Garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes”.

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