El empresario chiapaneco facturero Víctor Manuel Álvarez Puga y su pareja la exconductora de televisión Inés Gómez-Mont Arena, prófugos en Estados Unidos para eludir órdenes de aprehensión que tienen en México por delitos graves de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, están acusados de coludirse con exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación cuando su titular era el priista Miguel Ángel Osorio Chong –en el gobierno de Enrique Peña Nieto–, para desviar 6 mil millones de pesos de dinero público mediante contratos fraudulentos relacionados con obras en cárceles mexicanas que nunca se realizaron.

La pareja Álvarez Puga-Gómez Mont –sobrina del abogado Fernando Gómez-Mont, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio negro del panista Felipe Calderón Hinojosa– enfrenta en tribunales de Estados Unidos un proceso de extradición solicitado por el gobierno de México para que sean juzgados en nuestro país.

El director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, hizo una dura crítica a la corrupción del Poder Judicial que la semana pasada amparó a esa pareja prófuga de la justicia para liberar sus cuentas bancarias y que puedan disponer de los recursos de origen presuntamente ilícito.

El funcionario dijo que Álvarez Puga-Gómez Mont cometieron fraude y colusión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación –en gobierno de Enrique Peña Nieto– para desviar miles de millones de pesos de recursos públicos.

El director de la UIF explicó en su participación de la semana pasada en la conferencia presidencial, que fue el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el que confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 –emitida por la jueza Décima de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México– que amparó a la pareja Álvarez Puga-Gómez Mont para que se les eliminara en lo individual de la lista de personas bloqueadas. Ambos, dijo, están acusados de presuntamente defraudar al erario nacional al incumplir contratos relacionados con cárceles federales.

“La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público Federal cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, precisó Pablo Gómez.

Recordó que Álvarez Puga-Gómez Mont fueron acusados de una serie de fraudes en el sistema de prisiones federales. “Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar. De tal manera que la justicia las empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron. Y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos; han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento”.

Esta pareja de presuntos delincuentes –que planeó la constitución de empresas fantasmas para expedir facturas apócrifas sobre diversas obras en reclusorios de varios estados del país– tiene dos indagatorias abiertas, en donde también se investiga a quien fuera titular del Consejo de Seguridad Nacional, Gabriel Mendoza Jiménez, así como exfuncionarios de Gobernación que operaban bajo las órdenes de Osorio Chong.

En el primer expediente, un juez federal libró a finales de 2021 las primeras órdenes de aprehensión en contra de Álvarez Puga y Gómez-Mont por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita –blanqueo de capitales–, delincuencia organizada y peculado, por su presunta complicidad en un entramado financiero que permitió desviar unos 3 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación en la administración del priista Enrique Peña Nieto, mediante la asignación de contratos a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

La relación de Mendoza Jiménez en las investigaciones es porque el Servicio de Administración Tributaria descubrió que aparece como socio principal de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV (Registro Federal de Contribuyentes: SPI0705255BA), la cual está incluida en la lista negra de contribuyentes del SAT por realizar operaciones inexistentes o simuladas, y esa firma es una de las empresas que fue utilizada para que la Secretaría de Gobernación asignara contratos por alrededor de 3 mil millones de pesos que posteriormente fueron triangulados a varias cuentas bancarias de otras empresas factureras propiedad de los hermanos Álvarez Puga, lo que las autoridades judiciales y financieras consideran como delincuencia organizada en donde están involucrados empresarios y exfuncionarios para lavar dinero sustraído del erario público.

Gabriel Mendoza Jiménez, de origen michoacano, fue titular del Consejo de Seguridad Nacional en los primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a febrero de 2021, pero fue despedido directamente por órdenes de la Presidencia, cuando se descubrió que fue el responsable de firmar en 2009 un contrato entre el gobierno de Michoacán y la empresa brasileña corrupta Odebrecht para la construcción de la presa Francisco J Mújica. Dicha compañía estuvo involucrada en fraudes a la paraestatal Pemex y a otras empresas estatales de varios países de Latinoamérica.

En el caso de la construcción de la presa Francisco J Mújica en Michoacán, la participación de Odebrecht en el proyecto se empezó a negociar en la administración estatal del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), actual jefe de las Oficina de la Presidencia de la República, y la ejecución de la obra se concretó en la administración estatal del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, actual diputado federal por Morena, y según el expediente de Odebrecht se pagaron sobornos a funcionarios estatales por dicha obra que, de acuerdo con la prensa local, costó el doble de lo presupuestado.

Exgobernador prófugo Silvano Aureoles otorgó contratos a factureras

En toda esta maraña de corruptelas, está involucrado el prófugo de la justicia Silvano Aureoles, el perredista que fue gobernador de Michoacán y que tiene órdenes de aprehensión, porque también asignó contratos amañados para la construcción y obras de reclusorios a precios muy superiores a la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética.

Entre 2018 y 2019, la administración de Silvano Aureoles Conejo pagó 290 millones de pesos a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, lo cual forma parte del amplio expediente que distintas autoridades financieras y judiciales reúnen en contra del exgobernador perredista.

Otros de los ingresos relevantes que tiene esta compañía utilizada por sus dueños para elaborar facturas apócrifas, evadir el pago de impuestos, ocultar dinero sucio, desviar dinero del erario y triangular recursos provienen de las empresas Aqua Interactive y TIC Defense, ambas dedicadas al sector tecnológico para la “ciberseguridad”, con montos correspondientes a 44.3 millones de pesos en 2018 y 30.4 millones de pesos entre 2018-2019, respectivamente. Ambas empresas también son investigadas por las autoridades hacendarias y judiciales.

En los estados financieros de la facturera Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética aparece que los principales gastos en 2018 de esta empresa son por 125 millones que entregó a la empresa Mavape, SAPI, dedicada a servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad; 88.4 millones de pesos para Almaty Dun; otros 75.8 millones de pesos a Bandar Seri, y 35 millones más entre 2018 y 2019 para Erlive.

De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, son tres sus representantes legales y socios: Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, Margarito Estrada y Rogelio Torres Jiménez, además de su principal accionista que era el exfuncionario federal Gabriel Mendoza Jiménez.

Zorrilla Habana, quien tiene orden de aprehensión y está identificado como uno de los prestanombres de los hermanos Álvarez Puga, también es socio de la empresa Comercializadora Yucoax, de la cual uno de sus representantes legales es Pedro Alberto Rukos Hadad, tesorero del Club Libanés.

Otros ingresos por nómina transferidos a Zorrilla Habana corresponden a Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, la cual ha sido también declarada por el SAT como facturera desde 2018, y de Blumine recibió 122 mil pesos entre 2018 y 2020, esta empresa forma parte de una red de compañías que simulan operaciones para evadir el pago de impuestos y supuestamente lavar dinero sucio.

En las indagatorias financieras, se tiene registro de que Zorrilla Habana transfería dinero a Inés Gómez-Mont Arena, esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga. Por ejemplo, en 2017 le entregó 450 mil pesos a través de la empresa Ingeniería y Arquitectura Tangamanga.

En una intrincada red de triangulaciones de dinero entre empresas clasificadas como EFOS, Blumine recibe ingresos de Inmobiliaria RG-88, cuya representante legal también lo es de la empresa Fatinatio, dedicada a la administración de inmuebles, la cual reporta gastos comerciales por 750 mil pesos anuales en promedio con Carlos Maldonado Mendoza, quien era secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán.

Otro de los representantes legales de Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética es Margarito Rangel Estrada, quien se desempeñó como tesorero del ayuntamiento de Pátzcuaro y también como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Michoacán, cuando el gobernador era Leonel Godoy. Ese exfuncionario fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría del Estado por “irregularidades en el desempeño de sus funciones”.

Rogelio Torres Suárez es también representante legal de varias empresas que son investigadas: Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética; Infraestructura y Pavimentos de México y Potenzia Asesores.

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