Nueva York, EU. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa quedó evidenciado como lo que fue: una gran maquinaria de corrupción y complicidades con el crimen organizado, en especial con el Cártel de Sinaloa. Ello, luego del contundente veredicto de culpabilidad contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dictado el 21 de febrero de 2023 por un jurado de 12 ciudadanos neoyorkinos. De manera unánime, éstos lo encontraron culpable en cada uno de los cinco cargos que le imputó el gobierno de Estados Unidos, entre ellos el delito de participar de forma continuada en la empresa criminal.
Ese cargo podría ser el más relevante de todos, pues de esa relación entre García Luna y el grupo de Joaquín el Chapo Guzmán se derivan muchos de los crímenes de lesa humanidad y atrocidades cometidas en el sexenio vcalderonista, cuando las instituciones de seguridad fueron utilizadas para asesinar a los enemigos del Cártel de Sinaloa y desde el mismo gobierno se le entregó al crimen organizado la más alta tecnología en armamento y espionaje, como quedó demostrado en el juicio recién concluido en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, que encabeza el juez Brian Cogan.
Y aunque se trata de un fallo histórico, pues nunca antes se había juzgado a un exfuncionario mexicano de ese nivel jerárquico –secretario de Estado– por sus vínculos con el narcotráfico, no podemos pensar que García Luna fue el número uno en la estructura criminal al interior del gobierno. Falta la pieza más importante: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Resulta imposible creer que el expresidente Calderón no sabía y no estaba involucrado en la sociedad entre su gobierno y el Cártel de Sinaloa.
Calderón no presenta un problema de salud de carácter cognitivo, por lo cual no podrá seguir insistiendo en que no se enteró, que no sabía y que fue traicionado por su mano derecha y principal ejecutor de la que fue su principal política pública: la guerra.
Calderón no tiene palabra, pues tampoco es una persona que rebosa honestidad: llegó a la Presidencia de la República mediante un acto delictivo, como lo es el fraude electoral con el “haiga sido como haiga sido”. Además, hay testimonios de exservidores públicos que por años señalaron a García Luna y sus nexos con el también llamado Cártel del Pacífico, y que hablaron directamente con el expresidente.
De forma adicional, algunos periodistas y medios de comunicación como Contralínea dimos a conocer las incongruencias de la supuesta “guerra” contra las drogas. Revelamos, en su momento, que gracias a su alianza con el gobierno calderonista, el Cártel de Sinaloa estaba en expansión no sólo nacional, sino mundial: tenía presencia en los cinco continentes y controlaba el tráfico de drogas en los principales mercados, en especial los de Estados Unidos. Tampoco se le tocaban sus finanzas multimillonarias. Ni modo que de nada de esto se enterara Calderón.
¿Era ciego y sordo? Sólo así se podría explicar que el expresidente de la República –impulsado por el PAN para ese cargo– no se diera cuenta que el criminal más buscado del mundo en aquel momento, el Chapo Guzmán, jamás fuera localizado, a pesar de tener la cooperación más estrecha con el gobierno de Estados Unidos –al grado de someter la soberanía nacional–, y contar con la tecnología más avanzada para intervenir comunicaciones (Pegasus).
La responsabilidad, la culpabilidad de Calderón no debe quedar impune. En 2011, la crisis humanitaria de la guerra calderonista que favoreció al Cártel de Sinaloa se había extendido en México: el saldo de la campaña bélica superaba los 50 mil civiles asesinados: 29.6 ejecutados extrajudicialmente cada 24 horas; de ese total, al menos 1 mil 226 eran menores de edad (casi dos niños o adolescentes asesinados cada tres días). Además, se registraban 3 mil desaparecidos políticos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (cada cinco días, ocho desapariciones); 10 mil levantados: más de cinco personas cada día, sin que se haya pedido rescate por ellas. Además, 230 mil personas desplazadas por violencia y 52 mil 500 niños huérfanos.
Ello, ante el silencio cómplice de 715 medios de comunicación: el 23 de marzo de 2011, la prensa –encabezada por Televisa, Excélsior, El Universal, El Economista, La Razón; grupos: Multimedios (Milenio diario), Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, ACIR, Expansión; las revistas Nexos, Etcétera; y los medios públicos: Instituto Mexicano de la Radio, Canal 11 y Canal 22– uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la violencia. Así, de la mano del gobierno calderonista, violentaron el derecho humano a la información del pueblo de México y el derecho humano a la verdad que tiene todas las víctimas.
Felipe Calderón no debe quedar impune y no podemos permitir que siga mintiendo a la cara al pueblo de México con eso de que él no sabía quién era y qué hacía García Luna.
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